Mobbing rural

Culpables. "Los payeses siempre lo somos". Josep Maria Batlle está sentado en una mesa muy grande en la sala de estar de su masía de Ultramort. Al lado tiene a su padre. También a Josep Palol. Su negocio son los cerdos de engorde. "Siempre buscan tres pies al gato". Eso lo dice Palol. "Ya llevamos diez años que el Ayuntamiento nos amarga la vida", añade. El padre de Batlle no dice nada, sólo manosea los papeles que están dispersos sobre la mesa. Más tarde sacará una lista de precios y años. En 1999 un cerdo costaba 13.125 pesetas. En 2003, 13.050.

Un grupo de ganaderos y agricultores, sobre todo de la zona del Empordà, se han organizado bajo el paraguas de la JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) para denunciar lo que ellos denominan mobbing rural. "Esto es la presión que hay desde distintos estamentos de la sociedad hacia el sector agrícola y ganadero", afirma Pere Rubirola, portavoz de la asociación.

Y es que existe una sensación generalizada en el sector de que "no quieren que haya granjas". Rubirola, como la mayoría, es tajante. "Si quieren que todo sea campos de golf y turismo que lo digan de una vez y acabemos".
La granja de Josep Palol huele. Cerdos y mierda. Aunque a él, a diferencia del resto, le molesta más el hedor de las vacas. "Vienen los de Barcelona, se compran una casa al lado de tu granja, les molesta el olor y al cabo de un mes ya empiezan las denuncias".

En los últimos años, el Empordà se ha convertido en una zona codiciada. Una masía restaurada puede llegar al millón de euros. Las clases pudientes barcelonesas pierden la cabeza por comprar una casa en la zona. Por supuesto, si es una masía mejor que mejor. Y cada fin de semana para allá que nos vamos. Paseos en bici y excursiones con el jersey del cocodrilo atado a la espalda.

Acoso encubierto

"Llevamos treinta años luchando con este señor". La familia de Montse Perich vive desde el siglo XIV en la pedanía de Farreres, cerca de Flaçà. Siempre han tenido granjas de cerdos. "Mi padre al principio tenía miedo". Ya no lo tiene. Pleitos, juicios y recursos. Montse explica que "al señor de Barcelona", vecino suyo, le molesta el olor de las granjas.

Y aquí aparecen los purines. Este abono compuesto de las orinas de los animales y de lo que rezuma del estiércol sirve para abonar las tierras donde crece lo que comen los cerdos. El purín es barato pero también conflictivo. "Piensa que en muchos pueblos, por ordenanza municipal ya no se pueden tirar purines en fin de semana para no molestar a los de fuera", dice Jack Massachs de la JARC.

Caldes de Maravella o Roses son algunos ejemplos que da. "Sin embrago, no está prohibido tirar de la cadena del water", afirma Rubirola. "Dicen que huele mal, pero el zoo también huele mal, y la gente va". No tiene pelos en la lengua. "Es que ya está bien, hombre", enfatiza.

Aunque este hartazgo no sólo se encuentra en Catalunya. Esteban López, de la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), explica desde Madrid que "hay cierta sensación de malestar, aunque pruebas no podemos dar". Y comenta que "gente ajena al sector invierte en estas actividades por otros motivos". El fantasma de la especulación urbanística aparece de nuevo. Y el papel de los ayuntamientos queda en entredicho.

Pisos por granjas

El problema es que la última palabra la tienen los ayuntamientos. Desde la JARC piden que esto no sea así. "Medio Ambiente nos ha aceptado el plan para aumentar en 150 cerdos la granja. Pero el proyecto está parado en el Ayuntamiento", explica Batlle. Éste no es un caso aislado. En pueblos tan pequeños, las rencillas personales pasan del casino al consistorio. Las suyas son con la alcaldesa de su pueblo. Está harto. Casi vencido. Durante la conversación, a menudo se queda callado y mira los cientos de documentos que hay sobre la mesa como si buscase una respuesta o una solución.

La idea de que cada vez cuesta más poner en marcha una granja se repite de norte a sur. Trabas administrativas, ambientales, hartazgo... Y, sin embargo, las urbanizaciones sobresalen por todas partes.

"Esto de aquí es Fuenteovejuna pero yo no tengo miedo, este es el problema". Habla Miquel Iglesias. Explica que él compró hace unos años un terreno en Torroella de Fluvià para poner una explotación de terneros. "El terreno estaba calificado como zona agrícola". Al cabo de unos pocos meses, desde el Ayuntamiento se le informó de que la propiedad pasaba a ser suelo protegido. "Y, ¿por qué?", se pregunta. Iglesias habla rápido. Quiere contar muchas cosas.

Y unas tropiezan con las otras. "Mira, ¿ves todo esto?". Señala terrenos contiguos al suyo. Están llenos de piedras. "Pues éstos no son terreno protegido". Y otra vez "¿Por qué?". Se encoge de hombros. Su tractor está al lado de unas cuantas balas de paja. "Es lo único que puedo hacer con este campo, guardar paja".

Detrás de él, preside la planicie una urbanización conocida como la de Los Alemanes. "Este alcalde es tocho, tocho y tocho", afirma Jordi Fortuny, agricultor de la zona. Fortuny dice lo que piensa. "Por desgracia, el Empordà se ha puesto de moda y ha pasado de ser una zona productiva a una zona especulativa".

Normas y más normas

"Tú no has visto nunca tanto dinero como el que verás si te vendes la finca", esto es lo que oímos, dice Rubirola. "Lo que la gente no tiene en cuenta es que nosotros hacemos un trabajo social y medioambiental".

Desde la JARC, se denuncia la poca sensibilidad que hay en la Administración a la hora de favorecer al sector. "Siempre hay complicaciones", afirman. Y como lugar donde las cosas son más fáciles, ponen Euskadi. "Allí se respeta la actividad agrícola". Pero no en Catalunya.

Y como siempre, el polémico tema del libre comercio. "No nos parece ético dejar entrar productos de otros paises. No les podemos comprar lo único que tienen para comer". Rubirola continúa. Según él, estos productos entran sin pasar los controles que sí se les exige a ellos.

"El producto cada vez está más barato. Es insostenible", afirma Palol. Él ha alquilado su granja. A partir de ahora, los cerdos ya no serán suyos sino de una empresa grande. "Es la única manera de subsistir". Y antes de salir de la piara, pasa las botas por un cubo de agua. Tiene la cara alargada y en las mejillas, un rubor permanente. Para él parece que los días más duros ya han pasado. Ahora sólo le quedan algunos cerdos suyos. Pronto llegarán los de "alquiler".

El padre de Batlle, Palmiro, todavía no ha dicho nada. Se acaba la reunión. Y haciendo un aparte, "mira esto". Enseña la lista de precios y años. Siempre a peor. Está escrita a mano. Con esa letra que ya no se hace, clara y alargada, con alguna floritura. "Antes escribía muchos artículos".

Cincuenta años dedicado a los cerdos. Hoy sus movimientos son lentos. A veces olvida cosas. Pero el negocio no va bien. Eso lo sabe. Aunque las preocupaciones del día a día las deja a su hijo. Ley de vida. Él remueve los papeles y escucha.

"El objetivo es que el Ayuntamiento haga cumplir la normativa pero que no la utilice para cerrar granjas", afirma Batlle. "Sí, los payeses tienen que hacer el trabajo bien hecho pero les tienen que facilitar las cosas para que lo hagan", dice Massachs. "El fin es cerrar todas las granjas". Sentencia Batlle. Y sale del comedor. Afuera, el cielo. Y piedras viejas a precio de oro.

Euskadi cuenta con una ambiciosa normativa, pero su aplicación no satisface al sector
La actividad en las zonas rurales en Euskadi está controlada por una compleja regulación. A las normativas propias del Gobierno vasco, se suman las emanadas de las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, e incluso de los ayuntamientos. El celo por la conservación del sector se remonta a muchos años atrás, pero se renovó de alguna forma en 2004 con la modificación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible, sujeto a la Ley de Desarrollo Rural, aprobada en 1998. “Las viviendas rurales constituyen un elemento diferenciador del paisaje agrario y se encuentran amenazadas por la reducción de la actividad agraria tradicional”, constata el plan en el epígrafe que dedica a la conservación del entorno del caserío.

Este documento advierte también de la notable disminución durante las últimas décadas del número de explotaciones y de sus consecuencias: “Está suponiendo importantes variaciones en la estructura paisajística”. Y para frenar esta tendencia depresiva e impedir que el caserío se convierta en una mera residencia, el Plan contempla un pródigo capítulo de medidas con “requisitos de obligado cumplimiento” para agricultores y ayudas para “propiciar el progresivo relevo generacional”.

Este plan y la propia Ley de Desarrollo Rural que lo sustenta son en teoría los pilares para garantizar el futuro del sector rural, pero la realidad es otra bien distinta para el sindicato agrario EHNE. Mikel Cormenzana, miembro de su Ejecutiva, afirma que las regulaciones son “muy buenas, pero en la práctica no se aplican”.

No obstante, una de las principales quejas del sector en Euskadi es la falta de un Plan Sectorial Agroforestal. “Lo tienen guardado en el cajón desde hace 20 años”, critica. En este tiempo, en cambio, se han aprobado los planes territoriales sectoriales eólico, ferroviario o de carreteras, entre otros. “¿Por qué no el agroforestal?”, se pregunta Cormenzada: “Porque utilizan la tierra para especular. Se ocupa sin problemas tierra agraria con polígonos, infraestructuras y vivienda”.

Otras cuestiones que denuncia EHNE es el desvío de fondos agrícolas para hacer bibliotecas, centros de sanidad o carreteras en zonas rurales, “cuando esas partidas deberían salir de los presupuestos de Cultura, Sanidad u Obras Públicas”, o el “parón” del plan de jóvenes agricultores, “La mayoría de las medidas no se aplican”, zanja.  Guillermo Malaina

  

 Comercio con justicia José Antonio H. del ToroIntermón Oxfam 
Dedicarse a la agricultura requiere mucho valor, porque significa asumir el riesgo de poner un negocio al aire libre. Una actividad que es de vital importancia, porque todas las personas dependemos de ella para alimentarnos. Además, las relaciones entre agricultura y pobreza son especialmente estrechas: el 95% de las personas que viven en el medio rural lo hacen en países en desarrollo, y dos de cada tres personas pobres viven de la agricultura. Esta vulnerabilidad explica la necesidad de ofrecer una protección especial a quienes viven de la agricultura. Pero la equidad exige que la políticas agrarias apoyen más a los más vulnerables. ¿Es equitativo que menos del 18% de los perceptores de ayudas en España, los más grandes propietarios, acaparen el 76% de las ayudas agrarias europeas, mientras 37.000 explotaciones familiares desaparecen cada año? ¿Es justo que el sistema de ayudas europeo siga subvencionando las exportaciones agrarias, con el efecto devastador que esto tiene para los países pobres? ¿Es justo el “libre comercio” a la europea, que exige desarme arancelario y desprotección de los sectores agrarios en los países pobres (como el que intenta imponer la UE), mientras se mantienen las barreras proteccionistas? Creemos que sigue haciendo falta un comercio con justicia.