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Un momento crucial en la lucha contra el crimen más extendido

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El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, es una llamada de atención hacia este grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres y sus hijos. Un  problema social que afecta a todas las sociedades y arraiga en una historia desigualitaria que usa la violencia como mecanismo social para forzar a la mujer a una situación de sumisión respecto del hombre. Así lo dice la Declaración de las Naciones Unidas de 1993.

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La sociedad española ha dado un gran salto al convertir en un problema público, perseguible de oficio, lo que antes era calificado como privado y blindado frente a la eficacia de las leyes: la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, el crimen encubierto más extendido en el mundo.

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La ley integral contra la violencia de género recogió las características específicas de esta forma de criminalidad en el ámbito de la pareja y diseñó una tutela institucional que, en el ámbito judicial, está sometida a continua evaluación a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Contamos con juzgados, fiscalías y unidades policiales formadas. Los datos confirman que la especialización da buenos resultados: las peticiones de orden de protección se resuelven en menos de 72 horas; las mujeres no están solas, tienen asistencia letrada; no hay impunidad para las primeras amenazas, coacciones o malos tratos, que se condenan en un 78%, de los casos a diferencia de lo que ocurría en la década de los noventa. Desde el año 2010 han disminuido los feminicidios y los casos de mujeres asesinadas que en algún momento habían denunciado (ahora en torno al 19%).

Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Estamos atravesando un momento crucial, en el que la crisis económica y sus negativos efectos  —bajada de denuncias por la precarización de salarios y empleo—  es un contexto perfecto para dar un golpe al péndulo y recortar los logros en la lucha contra la violencia de género. El primer paso sería hacerlo desaparecer de la esfera pública —se ha reducido el tiempo en los informativos— y devolverlo a la página de sucesos. El siguiente paso, hacerlo desaparecer de la agenda política, educativa. Asistimos a un movimiento silente pero activo de sectores sociales que han tenido miedo al avance en los derechos de ciudadanía de las mujeres.

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Estaremos alerta a este golpe del péndulo, porque el sufrimiento de las mujeres y sus hijos no nos permite dar ni un paso atrás.

* Inmaculada Montalbán es magistrada y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial

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