Durante casi ocho años decenas de voluntarios han asumido la responsabilidad de investigar, exhumar, identificar a cientos de hombres y mujeres que desaparecieron a causa de la dura represión franquista.

Sobre ellos ha recaído el peso de construir algo que se pueda parecer a la justicia para muchas familias que, tras la muerte de Franco, habían tenido que convivir con el miedo y el abandono al que los pactos de la Transición los condenaron por pensar que sus derechos eran un obstáculo para la democracia.

Con la emergencia de un movimiento social que reclama justicia histórica, algunas instituciones llevaron a cabo tímidas políticas de memoria. Mientras las asociaciones reclamaban responsabilidad al Estado, la conocida como Ley de Memoria Histórica ha continuado delegándola en colectivos de voluntarios.

La resolución dictada por el juez Baltasar Garzón, para hallar en diversas instituciones información acerca de los desaparecidos, es un punto de inflexión. Por primera vez tras la dictadura franquista, una institución del Estado como es la Audiencia Nacional lleva a cabo trámites para averiguar quiénes eran los hombres y las mujeres detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1936

El juez Garzón inicia un proceso del que la providencia que acaba de dictar ha de ser un peldaño. Una vez que tenga conocimiento de la dimensión de los hechos (decenas de miles de desaparecidos) tendrá que ordenar nuevas diligencias que deberían pasar por tomar declaración a las víctimas, a los testigos y llevar a cabo exhumaciones e identificaciones con carácter judicial.

La búsqueda de documentación, la toma de declaración a las víctimas o exhumación de fosas comunes serían elementos que perfectamente podrían constituir una Comisión de la Verdad, como las que en otros países se han llevado a cabo por democracias que han sucedido a
dictaduras.

Ojalá este proceso sirva para construir justicia para las personas que todavía viven y para las muchas que han muerto durante estos últimos años de democracia sin recibir la más mínima reparación por parte del Estado.

* Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica