Montevideo se moviliza contra la Ley de Caducidad

Decenas de miles de uruguayos recorrieron hoy el centro de Montevideo en el cierre de campaña para pedir la anulación de la ley que evitó los juicios contra el aparato represor de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985.

Los manifestantes inundaron la capital uruguaya de color rosa, el mismo que tendrá la papeleta por el "Sí" a la anulación de la Ley de Caducidad en el referéndum previsto para el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones generales.

La marcha, convocada por la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, estuvo encabezada por familiares de los desaparecidos en Uruguay entre 1973 y 1985, que portaban los retratos de sus allegados, víctimas de la represión de la dictadura.

Al grito de "la impunidad del Uruguay se va a acabar", los manifestantes, jóvenes en su mayoría, hicieron oír su voz a favor de la justicia y para declarar que hoy sea el último día en el que tienen que pedir justicia para todos.

En la manifestación participó el intelectual argentino ganador en 1980 del Premio Nobel de la Paz, Alfredo Pérez Esquivel, que se fundió en un abrazo con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, uno de los principales activistas durante toda la campaña por el "Sí".

El líder de la central sindical uruguaya PIT-CNT y dirigente de la Coordinadora, Luis Puig, manifestó su "profunda emoción" al ver que tantos de sus compatriotas se sumaban para demandar tal anulación. "No cabe duda que el próximo domingo un aluvión de papeletas rosadas va acabar con la Ley de Impunidad", aseguró Puig.

"Hay que anular, encontrar la verdad y hacer justicia"

Otra de las responsables de la Coordinadora, Mariana Licandro, señaló que este acto de cierre de campaña trata de convencer a los ciudadanos que "para que haya un mejor Uruguay, hay que anular, encontrar la verdad y hacer justicia".

"Es imposible que un país tenga una democracia sólida cuando la justicia ampara a unos ciudadanos que cometieron crímenes atroces", agregó Licandro, que dijo que también piden "algo muy sensible: que las madres sepan dónde están sus hijos".

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró ayer, lunes, inconstitucional esta ley, que fue aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en 1989 en un plebiscito, y que impidió el enjuiciamiento de los militares y policías responsables de violar los derechos humanos durante la dictadura.

En este sentido, tanto Puig como Licandro reconocieron que la declaración de la máxima instancia judicial uruguaya hace que "cada vez son más los argumentos que juegan a favor de la anulación" y estimaron que "servirá para que más gente quiera la verdad".

"Cada vez son más los argumentos que juegan a favor de la anulación"

Licandro manifestó que el Legislativo y el Ejecutivo ya se manifestaron en contra de la Ley de Caducidad y, ahora, con la decisión de la SCJ "hay un aporte más", si bien hizo hincapié en que se trata de un solo caso, el de la muerte en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray y que "no se puede aplicar a todos" por los que están luchando.

Los magistrados justificaron su decisión al argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de los civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada conforme a la Constitución.