Monti aprueba un draconiano plan de ajuste

El Gobierno italiano de perfil técnico dirigido por Mario Monti adelantó a ayer la aprobación de un duro plan de ajustes de 30.000 millones (20.000 millones en recortes y 10.000 millones en medidas de estímulo) para los próximos tres años. Principalmente, endurece el sistema de pensiones y sube el IVA. En un gesto sobre todo simbólico, el economista y ex comisario europeo anunció que renuncia a su sueldo como jefe de Gobierno y Ministro de Economía (aunque conserva el de senador).

Monti, que dijo que todo su Gabinete hará público su patrimonio personal, bautizó su plan económico como decreto Salva Italia. En un mensaje directo a los ciudadanos, explicó que los recortes son el producto de haber “acumulado grandes desequilibrios durante muchos años, que ponen en peligro los 150 años de historia del país y al futuro de Europa”.

Monti presentará el plan este lunes en el Parlamento y el Senado, donde seguramente recibirá críticas del Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi, por el gran paquete de impuestos a las grandes fortunas que ha incluido.

El objetivo del Gobierno es, una vez pasado el capítulo de los recortes, abordar la reforma laboral y poner en marcha las medidas que consoliden el crecimiento económico.

Italia da luz verde a un duro programa de 30.000 millones de euros

Monti no se fue por las ramas en el inicio de su comparecencia y culpó a los políticos de la situación actual del país. “El verdadero coste de la política es que quien gobierna tome decisiones mirando a corto plazo, pensando en las próximas elecciones, en lugar de mirar al futuro”. Y añadió que “la deuda pública de los italianos es culpa de los italianos, que en el pasado no prestaron atención al bienestar de las generaciones futuras, no de los europeos”, sentenció el primer ministro.

Hay grandes cambios en pensiones, uno de los puntos fuertes del primer plan de Monti. Desde enero, la edad mínima de las mujeres para jubilarse serán 62 años y 66 para los hombres.

La ministra de trabajo, Elsa Fornero, rompió a llorar cuando iba a pronunciar la palabra “sacrificios” durante su discurso. Explicó que el Gobierno premiará a los trabajadores que sigan activos –como máximo hasta los 70 años– y penalizará con un 3% anual a los ciudadanos que se jubilen anticipadamente. En este caso, exigirá un mínimo de 42 años cotizados a los hombres y 41 a las mujeres. Fornero confirmó también el compromiso para igualar la edad de retirada de hombres y mujeres a los 66 años en 2018, algo que el anterior Gobierno de Berlusconi no había previsto aplicar hasta 2026.

Los sindicatos, que ayer se reunieron con Monti y Fornero antes de la aprobación del decreto, criticaron duramente la decisión y se reunirán en los próximos días, tal y como anunció la secretaria general de la CGIL, Susanna Camusso, “para evaluar las iniciativas que se llevarán a cabo”.

El ex comisario europeo bautiza el decreto como ‘Salva Italia’

El Gobierno, finalmente, congelará sólo las pensiones superiores a los 960 euros. Pese a lo que se había dicho en los últimos días, el IRPF no sufrirá ninguna modificación. Sí que aumentará el IVA dos puntos (del 21 al 23%) en el segundo semestre de 2012 y se aplicarán varios impuestos especiales sobre la vivienda, los coches y barcos de lujo y los aviones privados. La evasión fiscal será un “objetivo primordial” del Ejecutivo, dijo Monti, quien comunicó el control de las transacciones que superen los mil euros.

Monti anunció, además, una tasa sobre las “cuentas corrientes, los títulos y otros productos financieros”. Asimismo, las provincias verán reducido sustancialmente su papel y serán eliminadas las juntas provinciales.

Por su parte, el ministro de Infraestructuras, Corrado Passera, anunció un plan para reducir la presión fiscal a las empresas, incentivar las ampliaciones de capital y el refuerzo del fondo de garantía con “entre 20.000 y 25.000 millones” que asegure el acceso al crédito de las pymes. También un programa “de una veintena de puntos”, que presentará en los próximos días, destinado a revertir “el retraso en infraestructuras”.