El levantamiento de la actual moratoria laboral sobre los rumanos que residen en España no causaría "graves distorsiones" en la economía española y acabaría con la contratación irregular de estos trabajadores, según la Federación de Asociaciones de Rumanos.

Esta semana entrante, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene previsto elevar al Gobierno un informe sobre la conveniencia o no de acabar con la moratoria, cuyos dos años de vigencia expira el 31 de diciembre próximo.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se pronunció hace unos días a favor de quitar la moratoria y establecer una revisión a los seis meses para estudiar si habían aumentado significativamente los flujos, algo que -en principio- él no preveía.

En declaraciones a EFE, el presidente de esta Federación, Miguel Fonda Stefanescu, ha asegurado que el problema no es la decisión a favor o en contra que se adopte sino "que haya puestos de trabajo".

La actual moratoria, ha asegurado, lo único que ha conseguido es obstaculizar la contratación de los trabajadores rumanos y ha servido de "pretexto" para contratar de forma irregular.

De los más de 728.000 rumanos empadronados en España sólo 250.000 están cotizando a la Seguridad Social, por lo tanto -aún descontando a las personas que no tienen edad de trabajar-, "existe un elevado nivel de contratación irregular", ha argumentado.

En este contexto, el presidente de la Federación, que agrupa a una veintena de asociaciones, ha explicado que los ciudadanos rumanos también son el colectivo extranjero con un mayor número de autónomos, una vía para eludir la prohibición de trabajar mientras esté vigente la moratoria.

Si el Gobierno español opta finalmente por levantar la medida "lo acogeríamos muy bien y respiraríamos tranquilos", ha subrayado Fonda, en cuya opinión ello puede tener "mucha rentabilidad política y poco coste".

Y si hay un ciudadano español que considere que eliminarla supone "un delito grave contra su estabilidad laboral es que no ha entendido nada".

Sobre este mismo tema, Fonda Stefanescu espera que los sindicatos varíen su postura inicial -hace dos años fueron favorables a la moratoria- y abandonen "su postura corporativista, en este caso hacia los ciudadanos españoles".

En aquel momento, ha añadido, "se olvidaron completamente de la internacionalización del trabajo, del deber de ayudar al resto de los trabajadores...".

Por otro lado, Fonda Stefanescu no cree que la mayoría de los rumanos asentados en España piensen regresar a su país de origen, entre otras razones porque la situación socio-económica española no es comparable a la de su país y, además, "se han sentido muy bien acogidos y tratados".

De todo modos, el presidente de FEDROM ha pedido a los Gobiernos español y rumano que inviertan en programas de retorno voluntario y realicen un estudio sobre el número de personas que pudieran estar interesadas, además de diseñar medidas que lo faciliten (plazas escolares, itinerario laborales, créditos más bajos...).