Cuanto más se sabe del sumario, más se complican las cosas para los implicados en la trama abortista. Las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil ponen de manifiesto que en las clínicas del doctor Carlos Morín se practicaban abortos en estado muy avanzado de gestación, que los trabajadores eran conscientes de estar fuera de la legalidad y que había numerosas irregularidades administrativas.

Además, era habitual, al menos por teléfono, que se refiriesen a las semanas de gestación como si fueran los años de la paciente. Una cliente de 30 años no es nada raro. Un aborto de siete meses y medio es otra cosa.

'¿Es su primer novio', pregunta la esposa de Morín, María Luisa Duran, a un empleado de las clínicas. En realidad, están hablando de una nueva paciente y de si ese es su
primer aborto. El empleado responde que no, que la mujer estuvo en la clínica unos meses antes y que por aquel entonces 'tenía 15 años, ahora tiene entre 29 y 30'.

En el registro de la clínica donde fue operada esa paciente, la TCB, el caso aparece como si fuera un embarazo de 22 semanas. Por la operación pidieron 4.000 euros.

En las clínicas, los precios oscilaban en función de las semanas de gestación. Aunque del sumario se deduce que el precio, en realidad, dependía mucho de la paciente y de las circunstancias del momento.

Morín tiene fama de 'hacer todas las trampas del mundo', explicaba a su padre el médico y ahora imputado en la causa judicial, Mariano Cavenecia. Cuando mantuvieron esta charla la Guardia Civil ya había hecho las primeras detenciones. El padre preguntó si en las clínicas hacían 'prácticas indebidas' y el hijo
contestó que sí, que siempre jugaban con el límite de lo permitido y que 'este huevón
(por Morín) se la jugaba porque hacía casos totalmente fuera de tiempo'.

'Trapicheos'

Según un atestado de la Guardia Civil, 'en algunos casos se evidencia un ‘trapicheo’ entre los informes psiquiátricos de EMECE y las otras clínicas'. Se daba el caso de que cuando una paciente estaba en un avanzado estado de gestación se la trasladaba a las clínicas Ginemedex o TCB.

La Guardia Civil afirma que 'en las clínicas Ginemedex y TCB la mayoría de abortos practicados son manifiestamente ilegales' y que la conexión entre EMECE y las otras clínicas cada vez es mayor.

EMECE es propiedad de Remedios González. Ella percibía el 20% de los ingresos por todos los abortos que se derivaban a las clínicas de Morín, según ha contado María Virtudes Sánchez, coordinadora entre los distintos centros. Algunos de los médicos también ejercían indistintamente en una u otra clínica.

En una de las conversaciones, Virtudes recibe la llamada de un hombre de Cáceres que explica que le han dado su teléfono en EMECE. Cuenta que en el hospital le han dicho que su hijo tiene una patología en el corazón y aunque es operable 'hay muy pocas esperanzas'. Virtudes pregunta que de cuánto tiempo está su mujer. 'Veintisiete semanas', responde él. Virtudes dice que deben darse prisa, que no pueden esperar más y que son 4.000 euros.

La interrupción de un embarazo con un feto que presenta una alta probabilidad de tener alteraciones físicas o psíquicas es legal hasta las 22 semanas de gestación. En su declaración ante el juez, Carlos Morín afirmó que los abortos practicados en sus clínicas siempre son dentro de la legalidad.