El arreglo de la situación que afecta a las filiales del British Council (BC) en las ciudades rusas de San Petersburgo y Yekaterimburgo dependerá de que el Reino Unido rectifique sus "pasos inamistosos" hacia Rusia, afirmó hoy una fuente diplomática rusa citada por la agencia Interfax.

Las oficinas del BC, organismo de difusión cultural del Reino Unido, cerraron ayer en esas dos ciudades rusas, debido a la "abierta intimidación" ejercida por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) ruso a sus empleados, según denunció el ministro británico de Exteriores, David Miliband.

En diciembre pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió el cierre de las filiales del BC en San Petersburgo y Yekaterimburo con el argumento de que no existía una normativa legal que regulara su funcionamiento, demanda que no fue hecha extensiva a las oficinas de ese organismo en Moscú.

La cooperación para un acuerdo sobre centros culturales fue interrumpida por los "pasos inamistosos dados por Londres, entre ellos, la decisión de congelar la facilitación de visados y poner fin a los contactos con el FSB", dijo la fuente diplomática a Interfax.

"De ahí que el arreglo de la situación en torno a las representaciones regionales del British Council dependa de que Gran Bretaña revoque esas decisiones", añadió la fuente, que resaltó que sólo un acuerdo bilateral sobre centros culturales dará una normativa legal para el funcionamiento de las filiales del BC.

Este contencioso es el último episodio de las tensas relaciones que Rusia y Reino Unido mantienen desde el asesinato en Londres en 2006 del ex espía ruso Alexander Litvinenko, quien dejó una carta en la que responsabilizó de su muerte al presidente ruso, Vladímir Putin.

Las autoridades británicas demandan la extradición del también ex espía, empresario y recién elegido diputado Andréi Lugovói, principal sospechoso de la muerte de Litvinenko, envenenado con una sustancia radiactiva en Londres en noviembre del año pasado.

Sin embargo, las autoridades rusas se escudan en que la Constitución de su país prohíbe expresamente la extradición de nacionales del país para denegar la petición de las autoridades británicas.