Por Mica Rosenberg

Alejandro Espinoza supo que suhermano y su sobrino estaban muertos cuando vio la fotografíaen un diario. Sus cuerpos ensangrentados eran parte de unamasacre de 72 inmigrantes ocurrida en el norte de México por unataque del temible cártel de Los Zetas.

Pero su dolor fue peor cuando, esperando para darlesepultura, investigadores mexicanos enviaron el cuerpoequivocado de su sobrino a su familia en Honduras.

Los miles de cadáveres de la guerra del narcotráfico enMéxico han expuesto los huecos en la ciencia forense, dondeequipos batallan para identificarlos, y evidencia clave que sepierde, con lo que muchos asesinatos se quedan sin resolver.

"El cuerpo que venía era el de un indio (indígena), y misobrino era negro. Después nos dijeron que el cuerpo era de unbrasileño", dijo Espinoza, tío del inmigrante muerto CarlosEspinoza.

"Hubo irresponsabilidad y falta de seriedad de losmexicanos (...) pero no podíamos hacer más que enojarnos",agregó Espinoza en una entrevista telefónica.

La evidencia física se utiliza en menos del 8 por ciento delas condenas en juicios que se llevan a cabo a puerta cerrada yque se basan en declaraciones juradas escritas. Más de un 70por ciento de los homicidios queda sin resolverse.

En comparación, las cifras del FBI muestran que dos terciosde los asesinatos en Estados Unidos en el 2009 fueronresueltos.

Las cifras de México podrían mejorar gracias a reformas alsistema judicial que está introduciendo los juicios orales.

En el nuevo sistema, expertos forenses presentarán en unacorte abierta evidencias obtenidas de autopsias y escenas delcrimen que serán argumento para los fiscales, quienesanteriormemte se basaban en confesiones, muchas vecesarrancadas por la policía mediante tortura.

El presidente Felipe Calderón reconoció la semana pasadalas irregulares condiciones en las que se recolectabaevidencia, al inaugurar nuevos laboratorios forenses de laProcuraduría General de la República (fiscalía federal).

"La prueba de que alguien comete un homicidio (...) no debeser la declaración de quien la comete", dijo Calderón. "Laprueba debe ser el arma con la que comete ese homicidio".

Los laboratorios, ubicados en la Ciudad de México y quecostaron 35 millones de dólares, son parte de un esfuerzo másamplio que incluye entrenamiento de abogados, jueces y policíaspara adaptarse a los nuevos procedimientos en sólo cinco años.

Expertos estadounidenses están ayudando, a un costo de 23.5millones de dólares, en capacitación y equipo para llevar a loslaboratorios forenses federales y el análisis de la escena delcrimen a estándares internacionales.

CUERPOS Y RETROEXCAVADORAS

Pero los cadáveres continúan apilándose, a veces más rápidode lo que los expertos pueden manejar debido a los altosniveles de violencia que sufre el país.

Más de 40,000 personas han muerto a causa de la violenciadel narcotráfico desde finales del 2006, cuando Calderón lanzósu campaña frontal contra los cárteles, algunos de los cualesse han lanzado contra indefensos emigrantes.

Desde abril, las autoridades han desenterrado casi 200cuerpos de fosas clandestinas en el mismo municipio en el quelos familiares de Espinoza y otros 70 emigrantes fueronejecutados.

Las tumbas clandestinas encontradas en el mismo lapso en elestado de Durango, han arrojado 252 cuerpos.

La policía y el Ejército usaron retroexcavadoras para sacardocenas de cuerpos antes de que la fiscalía les pidieradetenerse.

"Se perdió evidencia de gran valor", dijo una fuente de lafiscalía general que prefirió el anonimato.

Más de 150 cuerpos encontrados en Durango han sidoenterrados nuevamente en fosas comunes. Sólo tres fueronidentificados.

"Este tipo de situación nunca había pasado en el país.Fuimos completamente superados", dijo Heraclio García, directorde investigación de la fiscalía estatal.

García explicó que sus instalaciones están equipadas pararecibir tres o cuatro cuerpos diarios, pero estaban recibiendohasta 15. La unidad sólo puede almacenar 20 cuerpos, lo queobligó al gobierno de Durango a rentar unidades derefrigeración móviles para almacenar el resto.

Ahora, cientos de personas que perdieron a un familiar seforman frente a las fiscalías para dar una muestra de ADN conla esperanza de que coincida con alguno de los cadáveres sinidentificar.

Nadie sabe con certeza cuánta gente se ha extraviado por lafalta de estadísticas confiables, pero la Comisión Nacional deDerechos Humanos (CNDH) estima que unos 5,000 mexicanos handesaparecido por la violencia del narcotráfico.

El Gobierno quiere crear una base nacional de datos de ADN,para lograr identificar los restos de más de 3,000 cuerpos dedesconocidos procesados cada año.

Pero será todo un reto establecer un protocolo que puedecambiar radicalmente las cosas, dijo la Cruz Roja, que estáapoyando en la modernización del servicio forense del país.

Muchos casos no se resuelven porque las familias temenreportar las desapariciones. En San Fernando, varios policíasmunicipales fueron acusados de entregar a las víctimas quedespués fueron masacradas.