Multa de 300.000 euros al expresidente de Pescanova por infracción muy grave

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la multa de 300.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa por una infracción muy grave el incumplir su obligación como consejero de comunicar participaciones significativas en la compañía.

La CNMV también multa, por infracción grave, a dos sociedades vinculadas con Fernández de Sousa y que son accionistas de Pescanova por la misma causa: como consejeros incumplieron sus deberes de comunicación y difusión de participaciones significativas en Pescanova. La sanción asciende a 100.000 euros para Inverpesca y de otros 100.000 a la Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones.

El pasado marzo, la CNMV impuso otra multa de 100.000 euros a Pescanova y otra de 200.000 euros a Fernández de Sousa por difundir en marzo de 2013 "datos inexactos, no veraces y engañosos" sobre la compañía, por un hecho relevante difundido a los mercados el 14 de marzo de 2013. Comunicó a la CNMV que el consejo de administración había respaldado por unanimidad los planes de Fernández de Sousa para reflotar la compañía, cuando en realidad no era cierto.

En junio de 2013, la CNMV dio de baja de oficio a dos accionistas que aparecían en sus registros como poseedores de una participación significativa de Pescanova, por no corresponderse con la realidad accionarial de la pesquera. Ambas empresas figuraban como poseedoras cada una de un 5% del capital de Pescanova (Alquiere-Comercio Internacional  y FBA-The Icelandic Invesment Bank). Pescanova aseguró que la CNMV tenía datos desfasados.

En total, la CNMV mantiene abiertos seis expedientes sancionadores a Fernández de Sousa y otros consejeros de Pescanova, de los que ha remitido dos al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Uno de los expedientes remitidos a la Audiencia se centra en que Pescanova no presentó los estados financieros del segundo semestre de 2012; el segundo se debe a una presunta resistencia a la actuación inspectora por parte de Sousa y varios directivos.