Musharraf pone fin al estado de excepción y restaura la Constitución

El estado de excepción vigente en Pakistán desde el pasado 3 de noviembre ha quedado hoy anulado por orden del presidente del país, Pervez Musharraf.

"La excepción está revocada. El presidente Musharraf ha firmado la orden revocando el estado de excepción", dijo el portavoz del Gobierno, Anwar Mahmood, en declaraciones recogidas por el canal de televisión paquistaní Geo Tv.

El fiscal general del Estado, Malik Qayyum, había anunciado en un comunicado el restablecimiento a las 07.00 GMT de la Constitución paquistaní y el fin de la Orden Constitucional Provisional por la cual Musharraf puso al país en estado de excepción.

Qayyum, cercano colaborador de Musharraf, aseguró que el presidente ha cumplido sus compromisos y adelantó que las elecciones legislativas del próximo 8 de enero podrán celebrarse ahora con normalidad.

La restauración de la Constitución de 1973 incorpora las enmiendas realizadas por Musharraf para blindar la validez de la excepción y asegurarse de que su reforma del Tribunal Supremo no es revocada.

Las últimas enmiendas, aprobadas ayer, pretenden dar continuidad a los jueces del Supremo que juraron el cargo tras la declaración de la excepción, así como el cese definitivo de los anteriores.

Los nuevos jueces, más afines a Musharraf que los anteriores, deberán jurar de nuevo sus cargos ante la Constitución, ya que sólo lo hicieron ante la Orden Provisional una vez que el presidente declaró el estado de excepción.

Además, Musharraf ya se había blindado por decreto, con una decisión del 21 de noviembre que estipulaba que la declaración del estado de excepción había sido hecha de forma "válida" y que no podría ser "puesta en cuestión por ningún tribunal o foro".

El presidente congeló la Constitución e inició el período de excepción debido, dijo, al deterioro de la ley y el orden en el país y a las injerencias de la justicia en la labor del Gobierno.

Pero, según los analistas, lo que Musharraf pretendía en realidad era desactivar el poder del Supremo, que dirimía en esos momentos la validez de su candidatura presidencial para un segundo mandato, con una decisión seguramente adversa al presidente.

El fin del estado de excepción y la restauración de los derechos fundamentales precederá a la celebración de elecciones legislativas.