Los nacionalistas piden que los padres sean informados

Las cartas ya están sobre la mesa. Todos los partidos políticos mostraron ayer sus posiciones al finalizar el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todos los grupos parlamentarios, menos el PSOE, dejaron registradas sus correcciones al articulado del proyecto.

La sorpresa llegó del grupo parlamentario catalán de CiU, que tras presentar el lunes pasado una enmienda de devolución del proyecto de ley, ayer registró las correcciones al articulado en el propio texto se matiza que no todos lo diputados tienen por qué estar de acuerdo. Entre las correcciones, destaca la que se refiere a la autonomía de las jóvenes de 16 y 17 años para someterse a un aborto. Los catalanes reclaman que "exista constancia de que al menos uno de los padres o tutores han sido informados al respecto".

CiU cree que la decisión última debe ser de la joven que pretende interrumpir su embarazo, pero que es necesario que la adolescente "haya podido contar con el apoyo y consejo de sus padres".

De la misma opinión es el PNV. Como ya anunció hace un par de semanas, una de las enmiendas registradas ayer por este partido pide que los padres sean informados si las jóvenes deciden abortar.

El BNG también presentó una enmienda en este sentido, aunque sólo referida a las jóvenes de 16 años. Y si bien pide que los padres estén informados, también establece excepciones si esta información puede crear un grave conflicto en la joven, como explicó ayer la diputada gallega Olaia Fernández Dávila. El grupo parlamentario formado por IU, ERC e ICV, como ya había anunciado, centra sus enmiendas, entre otros puntos, en que la interrupción voluntaria del embarazo esté totalmente garantizada en los hospitales públicos.

La gran mayoría de grupos exigen también que se regule la objeción de conciencia: PNV y CiU reclaman que la nueva ley no impida ejercer "este derecho" a los profesionales y los grupos de izquierda quieren que su práctica no impida a las mujeres someterse a un aborto en la sanidad pública.