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Nadie controla la eficacia de las terapias a maltratadores

En cuatro años de vigencia de la Ley contra la Violencia de Género, 13.317 agresores condenados han ido a rehabilitación. El Gobierno aún prepara los criterios que medirán su efectividad

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Hasta finales del año pasado 11.617 agresores condenados habían asistido a terapias de rehabilitación, según datos a los que ha tenido acceso Público y que maneja la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, responsable del cumplimiento de estos tratamientos. A estas cifras hay se suman los más de 1.700 maltratadores que han cumplido esta pena en Catalunya única comunidad autónoma con las competencias penitenciarias traspasadas, según la Conselleria de Justicia.

A pesar de que estos tratamientos funcionan desde 2005 la Ley Integral contra la Violencia de Género introdujo que los agresores condenados a penas de cárcel que no entren en prisión acudan a programas de rehabilitación,las administraciones desconocen con exactitud la eficacia que están teniendo. De ahí, que tanto desde el Ministerio de Igualdad como desde la Generalitat se estén preparando los criterios que medirán esa eficacia y que con probabilidad estén listos en junio.

El principal problema que se ha presentado, como admitió la propia Bibiana Aído durante la conferencia sectorial celebrada el pasado enero, 'es la importante dispersión' que existe respecto a estas terapias. Una valoración parecida realiza la presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán: 'Ahora mismo existe una disparidad de criterios, y es necesario que los programas se extiendan a todos los territorios para que se conviertan en una forma más de prevención'.

Ante el elevado número de penados que siguen estos programas la totalidad de los condenados a menos de dos años de cárcel, Instituciones Penitenciarias ha suscrito convenios de colaboración con ayuntamientos, diputaciones, ONG, universidades y colegios de psicólogos para impartir estas terapias. Los programas siguen unas pautas mínimas comunes, pero no son homogéneos.

De hecho, no todos tienen la misma duración y no todos hacen seguimiento para saber si el agresor vuelve a reincidir. Así, por ejemplo, en León y Ponferrada, donde Proyecto Hombre imparte dos terapias a través de un convenio firmado con Instituciones Penitenciarias, la duración media de la terapia suele ser de un año, según señala el director de programas terapéuticos.

En Madrid, donde se calcula que alrededor de 2.000 penados han pasado por estos programas, la duración suele ser de nueve meses, como explica el responsable de una de las terapias de la Asociación ASPACIA, Andrés Quinteros, que lleva más de una década trabajando conmaltratadores.

'Creemos firmemente que la rehabilitación de maltratadores puede ser una herramienta más de protección para las víctimas y de ahí que tratemos de unificar y mejorar los criterios de intervención', explica el delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente. El grupo de expertos que elabora estos criterios lo hace sobre un documento elaborado por el Grupo 25 (un colectivo de hombres y mujeres que trabajan en la prevención y la seguridad frente a la violencia de género), que establece 11 criterios que deben aplicarse a los programas de reeducación de agresores. El primero, y principal, es que desde el principio esté presente el origen que genera la violencia machista, es decir, que se tenga en cuenta que se trata de una violencia específica que se basa en las percepciones sexistas y de desigualdad que los agresores tienenhacia la mujer.

Realizar un seguimiento de la evaluación del riesgo es otro de los criterios que se estudian. El documento del Grupo 25 propone que esta evaluación se realice de manera mensual durante los 15 meses posteriores a la finalización de la terapia, y apuntan a que el procedimiento más seguro es a través de entrevistas con la víctima. 'Eso, siempre y cuando el agresor no tenga un orden de alejamiento, aunque otra manera es el contacto con familiares más directos, como son los hermanos', señala Quinteros.

En la Generalitat también se trabaja en el control del riesgo hasta un año y medio después del programa mediante la consulta de datos de los juzgados. Manel Capdevila, responsable de la investigación que medirá la eficacia de los programas en Catalunya, explica que no sólo registrarán la reincidencia en lo que a violencia machista se refiere, sino también en otros delitos. Otro objetivo del estudio es dibujar un perfil de qué agresores son más fácilmente rehabilitables, una información que los jueces nodisponen a día de hoy.

El Ministerio de Igualdad ha presupuestado para 2009 tres millones de euros para estos programas. Pero el número de condenados aumenta cada año, por lo que, ante la dificultad de asumir este gasto creciente, el Gobierno baraja la posibilidad de que el penado asuma parte del coste de la rehabilitación. No obstante, esta opción suscita polémica. Algunos expertos creen que con ello se rompería el criterio que garantiza la oportunidad de reinserción de los penados.

Aunque muchas de las asociaciones que trabajan con víctimas rechazan las terapias para agresores, los expertos que trabajan en ellas creen que puede ser un arma más de protección. 'Los agresores son personas dependientes, por lo que no pueden vivir solos. Si no se interviene, el hombre maltratará a otras mujeres porque es su forma de relacionarse con sus parejas', concluye Quinteros.

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