Cientos de inmigrantes rumanos y portugueses acuden cada mes de septiembre a la comarca extremeña de Tierra de Barros y a su capital, Almendralejo. Buscan trabajo en la vendimia y en la campaña de la aceituna de verdeo. Y los empresarios que se lo dan son, precisamente, los que se aprovechan de su indefensión para cometer abusos. Así lo denuncia el sindicato UGT, quien alerta de que en la comarca existen cerca de un centenar de naves patera donde se hacinan decenas de inmigrantes.

"Venimos denunciado desde hace siete años que existe un problema en la zona", asegura Juan Ogayar, secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT Extremadura. Pero su llamamiento no ha surtido efecto hasta la fecha. "Antes había 50. Ahora son 80 o 90 las naves alquiladas a trabajadores que, como ciudadanos de países de la UE, tienen derecho a trabajar en España", prosigue Ogayar. El dirigente sindical añade que "lo que no se debe consentir es que vivan en las circunstancias actuales. Están hacinados en locales donde, en la mayoría de los casos, no hay ni luz ni agua".

Decenas de personas malviven en locales para guardar animales

La situación va aún más allá porque los propios empresarios que alquilan estas naves, aleccionan a sus empleados para que no digan nada de su situación y les descuentan el dinero del alquiler de su sueldo. "Los inmigrantes son los primeros en no querer abrir sus puertas, ni hablar, por miedo a los empresarios", afirma Raquel López, secretaria de Inmigración e Igualdad de la Federación Agroalimentaria de UGT Extremadura. En otras ocasiones, también existen pequeños grupos de rumanos que arriendan el inmueble al empresario para subalquilársela a otros inmigrantes.

Naves para el ganado y cocheras en el centro

Se encuentran en unas naves que habitualmente albergan animales o maquinaria agrícola, pero también se pueden ver, en menor medida, en pequeñas cocheras del centro de la ciudad. Recogen agua de fuentes cercanas a sus emplazamientos, rebuscan en los contenedores para encontrar comida, cocinan en plena calle y duermen en colchones dentro y fuera de los locales. Los hombres salen temprano a trabajar en el campo mientras sus mujeres e hijos permanecen en el interior, donde viven en pésimas condiciones.

La mayoría se ubican a las afueras de Almendralejo. El foco principal son, de hecho, cuatro calles sin asfaltar donde se concentra la mayoría de los inmigrantes que trabajan en la campaña de la vendimia. Estos locales están localizados junto a los de otros empresarios, quienes se quejan de los problemas que esta circunstancia acarrea a sus propios negocios.

UGT denuncia que los empresarios les pagan la mitad que a un trabajador local

Esta situación, que se ha extendido a otras localidades de la comarca, como Fuente del Maestre, Corte de Peleas y Santa Marta de los Barros, surgió hace ocho años, cuando se empezó a reclamar mano de obra para las campañas de la vendimia y la aceituna. "Desde entonces ha habido un efecto llamada", señala Ogayar.

Además, los sindicatos se quejan de que la llegada de estos temporeros limita de modo considerable las posibilidades de encontrar trabajo a los habitantes de la región. "Ahora hay trabajadores autóctonos que están parados debido a que a algún empresario que otro le interesa más un temporero extranjero, porque su salario es la mitad y las horas de trabajo el doble", añade el dirigente de UGT.

Sin inspección de trabajo

"Es una vergüenza que a estas alturas se consienta esta situación que hay en la zona", sentencia el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT Extremadura. Para zanjar este problema, el sindicato reclama que la Inspección de Trabajo actúe "de una vez por todas".

También piden que el Ayuntamiento, aunque tiene poca competencia en este asunto, busque "alguna fórmula o ley de arrendamiento donde se especifiquen unos requisitos a cumplir" ya que, a su juicio, "si una persona alquila una nave, debería haber un contrato donde se especifique para qué se alquila. Y si es para meter ganado o tractores, no pueden vivir personas".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, descartó que estas naves patera sean consecuencia de un "problema de inmigración irregular ni de inseguridad" aunque sí reconocía que su existencia saca a la luz casos de "economía sumergida y de malas condiciones de habitabilidad".

Pereira recordó que si los lugares donde residen estos temporeros extranjeros no reúnen unas determinadas medidas de salubridad, sus propietarios pueden ser sancionados administrativamente. En este sentido, recordó la ordenanza aprobada en la localidad de Santa Marta de los Barros, donde ya se han iniciado expedientes sancionadores a algunos dueños.