"La sangre que tú donas, ellos la venden". Ese ha sido el lema de la concentración que ha reunido esta mañana a centenares de personas en la Puerta del Sol de Madrid en contra de la privatización de la extracción de sangre en la calle.

La Consejería de Sanidad trabaja en la elaboración de un convenio para trasladar a Cruz Roja la gestión de las donaciones de sangre extra-hospitalarias por el que pagará a la ONG hasta nueve millones de euros. Una decisión que pone en riesgo los puestos de trabajo de 130 personas en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y que constituye, según los trabajadores, "el inicio del desmantelamiento de un equipamiento público y hacer negocio con la sangre de los madrileños".

Hasta ahora, tanto Cruz Roja como el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre (en la calle y en sus propios centros), la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales. Si este convenio se aprueba, Cruz Roja se encargará exclusivamente de la extracción de sangre en los autobuses y el centro de transfusión asumirá el resto del proceso, además de la extracción que ya practicaba en sus instalaciones. "Nosotros entregamos la sangre gratuitamente a los hospitales públicos de la comunidad, no les facturamos nada, pero ahora el Gobierno de Ignacio González pagará 67 euros por cada bolsa de sangre que Cruz Roja —que ahora aporta sangre a clínicas privadas— entregue a los centros públicos", denuncia Félix Bejarano, de CCOO.

Madrid pagará a Cruz Roja 9.300.000 euros por la extracción de sangre en la calle

El objetivo de este cambio, según la Consejería de Sanidad, es "evitar duplicidades" y arguye que la Comunidad de Madrid es la única autonomía —junto con Asturias— que tiene dos centros de transfusión de sangre. El departamento de Lasquetty afirmó recientemente que "no se traspasa la recogida de sangre" a Cruz Roja sino que "se integra la actividad de Cruz Roja con la del centro de transfusión". Para los trabajadores, en cambio, es un claro un intento de "privatizar" la gestión de la donación de sangre extra-hospitalaria. "Habrá 130 trabajadores afectados por el cambio, de los que 14 puede que acaben en la calle", advierten fuentes de los empleados del centro. Sin embargo, la consejería afirma que los trabajadores afectados por la modificación serán la mitad y que el objetivo del departamento "no es el ahorro ni la amortización de plazas". De hecho, fuentes sindicales aseguran que las únicas explicaciones que reciben de la dirección es que el cambio de gestión responde a "decisiones políticas".

Entre gritos de "ahora a robar lo llaman recortar" y "que no negocien son tu sangre", trabajadores y miembros de los sindicatos CCOO, UGT, SATSE y CSIT han denunciado que la Comunidad de Madrid especulen con un acto, la donación, basado en "el altruismo y la solidaridad". "Lo lógico sería que el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid absorviera el trabajo de la entidad privada, Cruz Roja, pero lo que hace González es rescatarla porque está en bancarrota", critica Marisa González, de SATSE. Jesús González Martín, de CSIT, recuerda además que Cruz Roja no recoge ni la mitad de sangre que el Centro de Transfuciones de la Comunidad, que gestiona más de 200.000 unidades de sangre al año.

Competencia "exclusiva y excluyente"

En 2014, el Gobierno regional pretende conseguir 219.000 unidades de sangre total, de las que 74.000 procederán de las extracciones de Cruz Roja (el 33% del total) en base al nuevo convenio, que todavía no conocen los sindicatos. La comunidad pagará por ello a Cruz Roja 9.300.000 millones de euros, según confirmó la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, en la Cadena Ser. 

Los trabajadores recuerdan que sólo el centro de transfusión tiene potestad para extraer sangre en la calle, dado que el Decreto 44/1988 de 28 de abril por el que se crea la instalación pública señala que el centro "asumirá [...] de forma exclusiva y excluyente, la función de programación de las campañas de extracción extrahospitalaria [...] y la distribución de sangre y hemoderivados a todos los centros públicos y privados del territorio de la Comunidad de Madrid". Aun así, en la disposición adicional segunda "se autoriza al consejero de Salud para que firme cuantos convenios sea necesario formalizar con el Insalud y otras entidades, en orden al mejor cumplimiento de los fines que tenga encomendados el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid".