La nueva clase ilegal de España afronta los crecientes costes

Por Jason Webb

Wilson, un albañil, trabajó como ilegal en España durante seis años antes de conseguir sus documentos en octubre. Ahora que se quedó sin trabajo tiene dos posibilidades: volver a vivir en la clandestinidad o dejar el país.

Con un hijo en Ecuador, dice que probablemente regrese a su casa en Guayaquil en lugar de ganarse la vida de forma precaria con empleadores que se ahorran los costes de la Seguridad Social dando trabajo de forma ilegal.

No obstante, la mayoría de los inmigrantes está eligiendo afrontar las penurias en España, en lugar de regresar a países como Senegal o Bolivia.

"Lo que muchos hacen es quedarse en España, trabajando en el mercado negro", sostuvo Vicente Marín, un abogado especialista en inmigración en Granada.

Según la ley española a los inmigrantes a menudo se les niega la renovación de sus visados si se quedan sin empleo y no logran realizar suficientes aportaciones a la Seguridad Social.

De modo que el efecto secundario de la contracción económica que se extiende ya durante siete trimestres seguidos es el crecimiento de la clase marginal e ilegal.

Además de ser un mal presagio para la armonía social, esto podría imponer una carga financiera adicional, absorbiendo ganancias impositivas y productividad de un país cuya débil competitividad y alto desempleo ya han llevado a los especuladores a apostar contra la deuda de su Gobierno.

La economía informal, que se estima representa casi un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de España, le cuesta al Gobierno 25.000 millones de euros al año en recaudación impositiva perdida y además atrapa a los trabajadores en ocupaciones poco cualificadas y mal remuneradas.

Grandes cantidades de inmigrantes ya sobreviven ofreciendo servicios y cobrando en efectivo, sin hacer preguntas. Uno a menudo ve carteles escritos a mano pegados por Madrid ofreciendo arreglos domésticos o trabajos de fontanería por precios realmente bajos.

Además de funcionar como una red de contención para los inmigrantes a los que se les prohíbe realizar trabajos de forma legal, la economía informal refuerza las barreras entre los recién llegados y los españoles nativos.

PRIMERA GRAN CRISIS

Cinco millones de personas llegaron durante la década española de crecimiento económico sostenido a partir de mediados de los 90, y encontraron trabajo en obras en construcción de vertiginosa propagación, comercios o como ayuda doméstica.

No hay cifras oficiales pero Carlos Gómez Gil, director del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Alicante, estima que durante la crisis económica un máximo de 300.000 inmigrantes pueden haber perdido sus papeles.

"Esta crisis novedosa, extraordinariamente rápida y profunda va a tener un fuerte impacto sobre la recién arribada población inmigrante de España, que todavía no ha tenido tiempo de acomodarse aquí y todavía es política, social y económicamente frágil", escribió Gómez en un informe reciente.

"Esta es la primera crisis que España ha atravesado con una población inmigrante", agregó.

Las cosas eran muy distintas cuando Wilson llegó por primera vez en 2003. Era fácil encontrar trabajo por el auge en la construcción y los sueldos eran varias veces más altos que los de Guayaquil.

"Ha habido altos y bajos, no ha sido fácil, pero me acostumbré a vivir aquí", señaló Wilson, de 29 años, quien prefiere no revelar su apellido por temor a provocar a las autoridades migratorias. Cree que le rechazarán su solicitud de renovación de visado en julio.

ABANDONADOS POR LA CONSTRUCCION

Al igual que Wilson, una gran proporción de los inmigrantes que recientemente se convirtieron en ilegales son trabajadores varones de mano de obra de América Latina o Africa del norte desplazados de las obras en construcción.

"Cerca de un 40 por ciento de los inmigrantes sólo terminó su educación primaria y, como aquellos en el sector de la construcción pierden sus trabajos, hay un gran problema para encontrarles un nuevo empleo", según Josep Oliver, profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Oliver ve un futuro más duro para estos inmigrantes no cualificados en un período sostenido de estancamiento, en el que la principal esperanza para el crecimiento económico está en industrias como la de energía renovable, que requiere de una mano de obra más altamente cualificada.

"Si el Gobierno no les ofrece una continua recapacitación y educación corren el riesgo de convertirse en una población estructuralmente desempleada", explicó.

Por supuesto, España nunca podría haber experimentado su auge en la construcción sin estos trabajadores extranjeros. Ellos también fueron un ingrediente vital en el ciclo de especulación y crédito que infló la construcción y actividades relacionadas hasta un insostenible 25 por ciento de su PIB.

Además de levantar las construcciones, los inmigrantes también compraron muchas de ellas, contribuyendo a los 600.000 millones de euros en las hipotecas del país. Los bancos españoles financiaron muchas de éstas emitiendo bonos en Alemania.