Un año más tarde de lo previsto y ocho después del inicio del proceso, entra en vigor el Tratado de Lisboa. Por el camino quedan arduas negociaciones y segundos referéndum impuestos, como en el caso de Irlanda, pero con este nuevo texto la UE pretende mejorar la eficacia de su toma de decisiones, aumentar la democracia interna y ganar peso en el mundo.

"No es la Constitución que esperábamos, pero contiene fundamentales innovaciones, y nos permite salir de ocho años de limbo", resumía ayer uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo (PE), el socialista italiano Gianni Pitella. El Tratado de Lisboa, heredero de la fallida Constitución europea, fue firmado por los veintisiete líderes comunitarios en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.

Este martes, en el mismo escenario, una ceremonia en la que participarán las máximas autoridades de la UE y de Portugal marcará finalmente su entrada en vigor después de una penosa ratificación que ha durado dos años. Los obstáculos en el camino han sido tantos, con tres referendos negativos (en Francia y Holanda en 2005, y en Irlanda en 2008), que los gobiernos europeos han descartado volver a retocar los textos fundacionales en décadas.

Presidente electo

El Tratado de Lisboa, pues, tiene que durar, aunque sobre algunas de sus innovaciones, como la creación de un presidente estable del Consejo Europeo o de una "ministra" de Exteriores con "doble sombrero", subsisten dudas y el éxito de su encaje dependerá en gran medida de la actitud y capacidad de las personas designadas. España, que asume la presidencia rotatoria de la UE el 1 de enero, será la encargada de rodar todas las estructuras.

El belga herman van rompuy asume hoy el papel de presidente del Consejo de Europa

El belga Herman Van Rompuy y la británica Catherine Ashton asumirán hoy en el papel sus nuevos cargos respectivos de presidente del Consejo Europeo y Alta representante para la política exterior y de seguridad, aunque no los ejercerán plenamente hasta enero.

Tras el rechazo en 2005 de la Constitución europea en Francia y Holanda, la táctica que siguieron los gobiernos fue volver a un tratado clásico, negociado a puerta cerrada, en el que retomaron las reformas principales y eliminaron todos los elementos que pudieran sugerir la mutación de la UE en un superestado. Lisboa representa el final de un proceso de reformas impulsado sobre todo por Alemania, con el objetivo de "reequilibrar" la Unión devolviendo a los Estados más grandes parte del peso e influencia que habían perdido como resultado del ingreso en el club de una decena de países medianos o pequeños.

Toma de decisiones

Aparte de modificar las reglas de voto, el nuevo tratado persigue hacer más eficaz la toma de decisiones en una Unión que ha duplicado en esta década el número de sus miembros. Para ello, generaliza el recurso a la mayoría cualificada, lo que reduce la capacidad de veto de los Estados.

A partir de ahora lo que vote la mayoría será aprobado. Desaparece el veto

Igualmente, 'democratiza' el proceso legislativo, al otorgar más poder al Parlamento Europeo (PE) -elegido por sufragio universal cada cinco años- y conceder, por primera vez, un derecho de inspección previa a los parlamentos nacionales sobre todas las iniciativas legales que se preparen en Bruselas.

Por último, crea los instrumentos para que la Unión pueda expresarse con una sola voz en los asuntos mundiales: la figura del presidente estable, la del "alto representante" con el doble cargo de vicepresidente de la Comisión Europea (CE), y un servicio diplomático común a los estados y las instituciones supranacionales.

Necesario e insuficiente

No es casualidad que el Parlamento Europeo (PE) haya sido el primero ayer en felicitarse por la inmediata entrada en vigor de Lisboa, porque es un claro ganador con las reformas. "Se trata de un paso histórico. El caos y el atasco de estos años no debe distraernos de su contenido", ha manifestado el liberal británico Andrew Duff, ponente de la comisión de Asuntos Constitucionales del PE. "No es exagerado decir que estamos al principio de una auténtica democracia parlamentaria federal", ha llegado a decir.

Su colega de comisión, el socialista español Ramón Jáuregui ha coincidido en que, con todos los nuevos poderes que recibe, el Parlamento "va a cambiar radicalmente". No obstante, ha lanzado una advertencia: "Lisboa es necesario para avanzar, pero no es suficiente. Nos da las herramientas, pero para hacer ahora que la Unión avance, hará falta voluntad política".