Nicolas Sarkozy lo intentó. Consiguió el apoyo incondicional de Angela Merkel e, incluso, la promesa de Gordon Brown de que se lo pensaría. Pero, finalmente, sus pretensiones se han quedado a medias porque, entre otras cosas, Barack Obama no quiso. Tras muchas declaraciones de intenciones, no habrá límites concretos a los sueldos de los banqueros.

El Consejo de Estabilidad Financiera, el organismo mundial que recibió el encargo del G-20 de fijar los nuevos estándares para las retribuciones de los ejecutivos de banca, planteó ayer sus recomendaciones sin imponer ninguna cifra máxima y el G-20 tomó por buenos sus consejos. Ni siquiera se aprobó que los sueldos multimillonarios estén penalizados fiscalmente. Se limitó a plantear una nueva forma de calcularlos, que a su juicio servirá para que los directivos tomen las decisiones pensando en el futuro del banco y no en su sueldo anual.

El Consejo (en el que participan el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa) reclamó al G-20 que se apliquen con 'urgencia' sus peticiones porque existe el riesgo de que se vuelva a las mismas prácticas que contribuyeron a generar la crisis.

El hilo conductor del nuevo planteamiento es que se aplace cuanto más mejor el abono de las retribuciones extraordinarias (bonus y otros incentivos), de manera que el ejecutivo de la entidad pueda pagar por sus errores si no es lo suficientemente prudente en su gestión. El organismo pide que una proporción importante del sueldo sea variable y se difiera como mínimo tres años. Además, reclama que, al menos, la mitad de esa remuneración variable se pague en acciones, cuya venta, por supuesto, sólo se podrán materializar transcurrido cierto tiempo. El hecho de repartir la retribución durante varios años permite que si un ejercicio la entidad va mal, se le podrá quitar al ejecutivo lo que tiene pendiente por cobrar de años anteriores. Será su castigo por no haber aplicado una adecuada estrategia a largo plazo.

Ni siquiera impone el Consejo de Estabilidad Financiera (presidido por el gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi) un límite para los ejecutivos de las entidades financieras que requieren apoyo público para salvarse. En estos casos, recomienda que se dé a los supervisores el poder suficiente para decidir qué pagos deben hacerse y cuáles no. Lo que sí quiere evitar la institución son los bonus millonarios por operaciones concretas. Sólo quiere que existan de forma excepcional para premiar a un ejecutivo en su primer año en la entidad.

Tampoco son de su agrado las indemnizaciones por cese. No las limita, pero sí exige a los supervisores que las revisen todas para comprobar que realmente sirven para premiar la gestión y que en ningún caso recompensan a un ejecutivo que lo ha hecho mal.

Las recomendaciones del Consejo de Estabilidad se ajustan en su mayoría a la práctica de las grandes entidades financieras españolas (buena parte de la retribución de sus ejecutivos es variable y los bonus se pagan de forma trienal y en acciones). Sin embargo, si finalmente se lleva a la práctica, pueden quedar en entredicho los compromisos millonarios por jubilación que tienen, por ejemplo, el presidente de BBVA, Francisco González (77 millones), y el consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz (90,8 millones).