Las nueve incógnitas que deja la ruina de RTVV

RTVV ya es historia. Pero aunque no faltó quien se aventuró a felicitar al president de la Generalitat Alberto Fabra por su decisión de ejecutarla a la vista de que éste la vendió como una medida que suponía un ahorro, el transcurso de los días desde el anuncio del persianazo ha provocado que surjan un nutrido número de incógnitas cuyas posibles respuestas, o bien desmienten la presunta austeridad de la medida, o bien evidencian -por la falta de la mismas- que ésta se tomó de manera absolutamente improvisada. Estas son solo nueve de ellas.

¿Qué cuesta el fundido a negro de RTVV?

En la comparecencia posterior al anuncio de la decisión de cerrar RTVV, Alberto Fabra insistió en que tomó la decisión porque la Generalitat no podía asumir los 40 millones de euros anuales que costaría volver a trabajar con la plantilla al completo, aunque reconoció que su equipo no había valorado lo que costaría cerrarla. La pasada semana la propia RTVV le ofreció sus cuentas. Según éstas, la suma que deberán abonar los valencianos por el hecho de que el gobierno popular cierre su radio y su tele es de 130 millones de euros. Solo las indemnizaciones por despedir a sus empleados ascenderían -ciñéndose al convenio- a 88 millones de euros; otros 15 millones corresponderían a derechos de emisión de películas y series firmados hasta 2020, y 3 más a derechos para retransmisiones deportivas, que se pagarán aunque no se emitan. A estos los afectados suman también unos más intangibles 7 millones de ingresos publicitarios que la Generalitat ya había contado como entrada en sus presupuestos para el próximo año y también otros gastos ineludibles, como el coste de su sede en Alicante, por la que aún debían abonar otros 7 millones de euros. Las indemnizaciones por el incumplimiento de los contratos con empresas externas de mantenimiento y servicios ayudarían a redondear la cifra.

¿Y qué hay de la deuda de 1.200 millones de euros?

Desde que Eduardo Zaplana cambiara en 1999 la ley para que RTVV pudiera acudir a la deuda privada, independientemente del presupuesto con que le dotaba anualmente la Generalitat, los compromisos de pago del ente se fueron acumulando hasta sumar la actual deuda de alrededor de 1.200 millones de euros. Una deuda que, por si sola, el pasado 2012 generó un coste adicional de 20 millones de euros en intereses. Sin embargo, con la liquidación del ente, la Generalitat tendrá que asumir todo ese agujero -un extremo que, no obstante, no desean los bancos acreedores, que prefieren cobrar de inmediato- que fue acumulando bajo su alfombra e ir abonándolo anualmente, aunque RTVV no exista. Solo para este menester, la Generalitat ya tiene destinados 107 millones de su presupuesto para 2014.

¿Qué planean hacer los extrabajadores?

Los aún trabajadores de RTVV -hasta su inminente despido definitivo, los liquidadores del ente les han dado vacaciones o permisos remunerados- han convocado una reunión el próximo lunes para discutir sobre las posibles acciones conjuntas a realizar en un futuro cercano. Entre ellos las opiniones y actitudes están divididas. Por un lado, un reducido número, reunido en torno a la plataforma Mil de Nou, había conseguido la cesión de un espacio por parte del Ayuntamiento de Burjassot para emplazar un plató y emitir vía streaming si el corte de la emisión era abrupto, aunque tras el "especial" realizado hasta el cierre de la señal no tienen claro si acabarán realizando algún programa puntual. Por otro, algunas voces apuntan a la necesidad de generar acciones periódicas para mantener viva la identidad grupal y la reivindicación de la reapertura de RTVV, una opción que podría ir en alza si cuaja la idea de la posibilidad de recuperar el trabajo en caso de reabrirse el ente de alguna manera.

¿Cabe la posibilidad de una reapertura por vía judicial?

Aunque tras el cierre del ente se abre una batalla judicial en múltiples frentes, principalmente los relativos a los trabajadores y los acreedores, pero también en el político, por las diferentes denuncias planteadas por los partidos de la oposición, sólo en este último caso los pleitos atacan frontalmente el modo de ejecutar el cierre y plantean su nulidad por parte del gobierno valenciano. Sin embargo todo apunta a que la decisión de cerrar RTVV no será reversible con un gobierno del Partido Popular ni acumulando sentencias en su contra, pues precedentes como el de la nulidad del reparto de licencias de TDT ejecutado por Esteban González Pons no se han traducido en una reparación del daño ocasionado a la sociedad valenciana. Un daño al que habría que sumar el coste de todos los pleitos que se pierdan, pues el coste de los servicios jurídicos de la Generalitat lo asumirán también las arcas públicas.

¿Se podrá abrir otra RTVV?

Desde el anuncio del cierre de RTVV por parte del Consell, los líderes de todos los grupos de la oposición política en el parlamento valenciano han anunciado su intención de abrir una nueva radiotelevisión pública valenciana en caso de haber un cambio político en la Generalitat en las autonómicas de 2015. No obstante, fuentes especializadas favorables a esa medida, descartan que llegada esa circunstancia pueda hacerse efectiva la apertura de un nuevo ente por su elevado coste y el estado en que se encuentran las arcas públicas valencianas tras veinte años ininterrumpidos de gobiernos del PP.

¿Qué pasará con el Centro de Producción de RTVV?

Tras la repercusión internacional obtenida por el aeropuerto peatonal de Castellón, impulsado por Carlos Fabra con el apoyo inestimable de Francisco Camps y el entonces alcalde de Castellón Alberto Fabra, éste último -ya como presidente de la Generalitat- puede presumir desde ahora de tener su propio icono arquitectónico sin utilidad: el antiguo centro de producción de RTVV en Burjassot. Protegido por su peculiaridad arquitectónica, la Generalitat no tiene por lo pronto previsto el alquiler de sus instalaciones, para cuya protección y mantenimiento, a pesar de su falta de utilidad -como en el caso de las del aeropuerto de Castellón-, se deberá dedicar una partida económica adicional.

¿Y con los equipos técnicos?

Sin una finalidad para darles uso, la Generalitat cuenta desde ya con un importante y valioso número de activos para la producción audiovisual. Sin embargo, venderlos en su entorno más cercano le resultará difícil, pues el desmantelamiento progresivo de RTVV ha conllevado la crisis y práctica desaparición del sector audiovisual valenciano, con muchas empresas arruinadas a su vez como consecuencia de los impagos de la extinta radiotelevisión pública.

¿Y con su archivo audiovisual?

Aunque muchos puedan preguntarse para qué pueden servir miles de horas de espacios como Tómbola, En casa de Bárbara o Paco, Paco, Paco, junto a toneladas de morralla los archivos de RTVV también guardan centenares de miles de horas de emisión y material bruto en los que, con mayor o menor distorsión, han quedado registrados 24 años de historia del País Valenciano y que son propiedad de sus ciudadanos.  El destino de todo este material público aún está por decidir, pero lo lógico sería que quedara al cuidado de otros servicios públicos de la Generalitat como el Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía. Esto conllevaría otro coste adicional para una entidad que también este año ha sufrido un recorte de presupuesto y de personal.

¿Por qué vía pública se informarán ahora los valencianos de su realidad y en su propia lengua?

La medida del gobierno Fabra ha terminado de privar a los valencianos de medios propios emitiendo en su propia lengua, aunque muchos años antes otros gobiernos populares ya habían eliminado su utilidad pública consistente también en ofrecer una información libre y plural. Sin embargo, preguntado sobre cómo espera el gobierno autonómico llenar el vacío que deja RTVV para el ejercicio de esas funciones, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar ha asegurado "ni se privatizará ni se creará una nueva" televisión, aunque no descartan llegar a convenios con otras televisiones para hacerlo. Con el coste añadido que eso implique.