Denuncias de represalias en residencias apuntan a un problema estructural: "No son hechos aislados"
En las últimas semanas, varios residentes han denunciado represalias por señalar las malas condiciones y la alimentación deficiente en dos centros de Carabanchel y Colmenar Viejo (Madrid).
Fernando Flores, experto en Derecho Constitucional, explica a 'Público' que cuando una sanción parece responder a una denuncia o busca disuadir la fiscalización "deja de ser legítima y puede convertirse en una represalia encubierta".
Madrid--Actualizado a
En las últimas semanas han trascendido varios incidentes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid que, según denuncian familias y residentes, podrían encajar en dinámicas de presión o represalia —entendidas como actuaciones orientadas a limitar, sancionar o condicionar determinadas conductas, generalmente desde una posición de poder institucional o empresarial—. Casos como el de Marcelo o Jaime han vuelto a situar en el centro del debate público el funcionamiento del sistema residencial, las garantías de protección de los mayores y la capacidad de respuesta de las administraciones ante posibles vulneraciones de derechos en los centros.
Fernando Flores, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), advierte en declaraciones a Público de que estos casos, más allá de su alcance concreto, deberían activar mecanismos de control más eficaces. "Incluso si se tratara de casos aislados, uno solo ya exige una evaluación rigurosa. En la residencia Bouco Carabanchel hemos logrado frenar dos expulsiones en los últimos años. La Consejería debería contar con herramientas para detectar y actuar ante estas situaciones", desliza.
A su juicio, determinadas decisiones pueden funcionar como un instrumento disuasorio. "Es un mecanismo eficaz para dejar de tratar con residentes que requieren cuidados más complejos o con familias que ejercen sus derechos. No debería ocurrir, pero cuando sucede, genera miedo a posibles represalias, tanto para el residente como para sus allegados", explica. Flores trae a colación el marco legal vigente: "La Ley de Dependencia está diseñada para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y no contempla ningún tipo de represalia por ejercer sus derechos".
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Huelga de hambre y sanción: el caso de Marcelo
Marcelo señaló públicamente la calidad de la alimentación en la residencia pública de Colmenar Viejo, con cerca de 400 usuarios, donde —según expuso— la Comunidad de Madrid destina menos de siete euros diarios por residente para cubrir las cuatro comidas del día. En enero, hizo una huelga de hambre de 25 días. Sin embargo, la situación no cambió.
La respuesta se tradujo en la apertura de un expediente sancionador: un "traslado forzoso" a la residencia pública de Villaviciosa de Odón. La dirección del centro justificó su decisión —que Marcelo califica de "excusa"— aludiendo a un "incidente con otro residente la pasada Nochebuena". En el escrito, al que ha tenido acceso Público, se atribuye al residente la "responsabilidad de una falta muy grave por cometer una agresión física al personal del centro o servicio, o a los demás usuarios o visitantes".
El traslado de Marcelo a la residencia de Villaviciosa de Odón está previsto para el 7 de mayo
Unos días después, Marcelo presentó un recurso, al que también ha tenido acceso Público, contra la decisión de su traslado. Sin embargo, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) lo desestimó en su totalidad. En su resolución, la administración da por probados unos hechos que Marcelo rechaza, al considerar que "se ajustan exclusivamente a la versión oficial y no a lo ocurrido".
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Marcelo argumenta que confió en el compromiso de la dirección del centro de que se llevaría a cabo una inspección que nunca llegó a producirse, lo que —afirma— limitó sus posibilidades de defensa durante el procedimiento. Ante lo que considera una situación de "indefensión" y tras la sanción, ha decidido acudir al Defensor del Pueblo en busca de amparo. Su objetivo, señala, no solo es recurrir su caso, sino también evitar que otros residentes sufran represalias por denunciar las condiciones en los centros.
Marcelo recibió el lunes 20 de abril un documento sin firma entregado por la dirección del centro —que también ha podido consultar este diario—, donde se le comunica que su traslado estaba programado para el miércoles 22 de abril a las 12.00 horas. El residente cuestionó la validez de la notificación y aseguró que no reúne las garantías formales necesarias. "Como no está debidamente comunicado ni cuenta con la firma de la AMAS ni de la directora de la residencia, me voy a negar al traslado", explicó en conversación con este medio.
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El residente advirtió a la dirección del centro de que el primer escrito carecía de las garantías mínimas de legalidad. Ese mismo miércoles 22 de abril recibió una nueva comunicación, a la que ha tenido acceso Público, ya firmada por la dirección, en la que se le notificaba que el traslado se ejecutará finalmente el próximo 7 de mayo.
Marcelo, residente sancionado: "La gente tiene miedo de hablar precisamente por eso, por las represalias"
"Esto no es un caso aislado, es un hecho", deja caer. Según denuncia, no se trata únicamente de situaciones excepcionales, sino de dinámicas que —afirma— también afectan a cuestiones cotidianas como la limpieza o la higiene de residentes con deterioro cognitivo. "Si un familiar protesta o no está encima de su mayor, en algunos casos se adoptan actitudes de dejadez en funciones hacia esa persona", confiesa.
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Asimismo, corrobora que existe un "clima de temor" entre residentes y familias. "La gente tiene miedo de hablar precisamente por eso, por las represalias". Bajo su mirada, ni la Comunidad de Madrid ni la AMAS muestran voluntad de mejora. "La comida es de muy mala calidad y eso supone una falta de respeto, cariño y cuidados hacia las personas mayores". "A mí seguramente me abrirán un expediente de expulsión y entonces sí, lo conseguirán: me trasladarán", lamenta. El sábado 25 de abril, Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (UCMR) convocó una concentración a las 12.00 horas frente a la residencia de Colmenar Viejo bajo el lema: "No al traslado de Marcelo. ¡No más represalias contra quienes denuncian!".
Público se ha dirigido a la AMAS para recabar explicaciones sobre el traslado del residente, así como sobre las garantías aplicadas para evitar posibles denuncias por represalias. Este medio también ha preguntado por los mecanismos de supervisión y control para asegurar tanto la calidad del servicio como la protección de los derechos de quienes formulan quejas. Asimismo, ante las denuncias de "indefensión" y de un "clima de temor" entre usuarios y familiares, se ha solicitado información sobre qué medidas concretas prevé adoptar la Administración para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la ausencia de posibles sanciones encubiertas en la red pública de residencias. La Administración no ha ofrecido respuesta y ha remitido a este medio a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Por su parte, desde el departamento sostienen que "Marcelo agredió a otro residente que tuvo que ser trasladado a un hospital" y que, en aplicación del reglamento de residencias, "se le ha abierto un expediente que ha derivado en la sanción de traslado a otro centro". Asimismo, subrayan que tanto la supuesta agresión como el inicio del procedimiento sancionador "son anteriores al comienzo de la huelga de hambre". Este diario también ha contactado con la dirección del centro para recabar su versión de los hechos, pero a la fecha de publicación de este artículo no se ha obtenido respuesta.
Jaime denuncia deficiencias en el centro de su madre
El 27 de marzo, Jaime recibió una notificación en la que se le comunicaba la expulsión de su madre —de 84 años, con alzhéimer y grado III de dependencia— de la residencia privada Bouco Carabanchel, antigua Orpea, en Madrid. Según Pladigmare, la decisión estaría relacionada con la actividad del propio hijo, que había distribuido entre otras familias material informativo animando a denunciar las deficiencias del centro y explicando cómo hacerlo.
Jaime, hijo de una residente: "La residencia, en lugar de tomar medidas para mejorar, ha optado por mirar hacia otro lado"
El centro privado, pero acreditado administrativamente según establece la ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, habría justificado la expulsión por una supuesta "falta grave". No obstante, desde Pladigmare recuerdan que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid considera infracción grave cualquier represalia contra usuarios o familiares por ejercer sus derechos. La organización ha solicitado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que abra un expediente sancionador por una falta muy grave y que inhabilite a la dirección del centro durante cinco años, tal y como prevé la normativa vigente.
"Tras reclamar, quejarnos y denunciar la degradación de los servicios de la residencia, así como varias caídas y accidentes —algunos de ellos graves— sufridos por mi madre en menos de año y medio, la dirección del centro, en lugar de tomar medidas para mejorar, ha optado por mirar hacia otro lado", explica Jaime al otro lado del teléfono. El familiar expone que la situación va más allá del ámbito asistencial y que afecta a derechos fundamentales. "Esto vulnera derechos recogidos en la Constitución, como la libertad de expresión, y también la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid", afirma tajante.
El familiar de la residente ha solicitado a la Administración la anulación de la expulsión de su madre del centro —actualmente paralizada por la Administración— y ha reclamado la aplicación de lo previsto en la normativa autonómica: "Pedimos la inhabilitación durante cinco años del director de la residencia". Según detalla, el pasado lunes 20 de abril mantuvieron una reunión con el subdirector general de inspección de la Consejería de Familia, en la que trasladaron sus denuncias.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid señalaron a este diario la primera semana de abril que los hechos denunciados serán analizados y comprobados a través de la Inspección competente.
"Señalar maltrato es un derecho y una obligación"
¿Qué criterios permiten diferenciar una decisión administrativa legítima de una posible represalia? Fernando Flores, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y patrono de la Fundación HelpAge España, ofrece algunas claves en conversación con Público. "La simple queja de un familiar sobre el funcionamiento deficiente de un centro no puede dar lugar, en ningún caso, a sanciones administrativas, y mucho menos a represalias encubiertas", explica.
Fernando Flores, experto: "Relacionar una medida disciplinaria con una queja o denuncia atenta contra la libertad de expresión"
En palabras del experto, medidas como una expulsión deben estar estrictamente justificadas. "Solo pueden adoptarse cuando se demuestre que no existe otra alternativa para garantizar los derechos del resto de residentes y el correcto funcionamiento del servicio. En ningún caso parece proporcionado que la actuación de un familiar —incluso si fuera reprochable— tenga consecuencias sobre una persona de 84 años con un grado III de dependencia". Flores advierte además de que vincular una sanción a una denuncia pública vulnera derechos fundamentales. "Relacionar una medida disciplinaria con una queja o denuncia atenta contra la libertad de expresión. Señalar un posible maltrato, sea leve o grave, no solo es un derecho, sino también una obligación de residentes y familiares", afirma.
En este sentido, recuerda que una residencia no es un espacio cualquiera. "Es el domicilio de la persona, el lugar donde desarrolla su vida y sus relaciones. La expulsión debe ser siempre la última medida y solo puede sustentarse en hechos muy graves que afecten a la convivencia o a la propia persona mayor", insiste. ¿Qué impacto pueden tener este tipo de actuaciones sobre la calidad del sistema de cuidados? Flores lo tiene claro: "La calidad de los cuidados, como la de cualquier servicio público, depende en gran medida de la fiscalización que ejerzan ciudadanos e instituciones". En esa línea, incide en que las deficiencias del modelo llevan años siendo señaladas por organismos como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado, así como por organizaciones sociales.
Fernando Flores, experto: "El efecto disuasorio de los castigos es evidente: buscan evitar el control social sobre el funcionamiento de las residencias"
"Las denuncias concretas no son hechos aislados ni exageraciones, sino la expresión de una realidad documentada", concluye. "El efecto disuasorio de los castigos es evidente: buscan evitar el control social sobre el funcionamiento de las residencias y esquivar la obligación de mejorar la calidad de los cuidados y aumentar los recursos destinados a garantizar una vida digna a las personas mayores".
¿Qué oculta el telón de fondo?
Casos como el de Marcelo y Jaime son solo la punta del iceberg del problema. El telón de fondo oculta otras cuestiones estructurales del sistema residencial, que en los últimos años han llevado a numerosas familias a denunciar públicamente la situación de los centros. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo anunció la apertura de actuaciones de oficio sobre residencias de Madrid, motivadas por quejas de familiares, deficiencias en el funcionamiento de los centros y posibles vulneraciones en la atención a las personas mayores.
El documento recoge, además, un patrón de conflictos: insuficiencia de personal, carencias en la atención sanitaria, debilidades en los mecanismos de inspección, deficiencias en la calidad de los cuidados y dificultades para garantizar la autonomía de los residentes. Desde hace años, la institución advierte de la necesidad de una "revisión en profundidad" del modelo residencial. En cuanto a la distribución territorial de las quejas, el último ejercicio sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza, con 8.766 reclamaciones, seguida de Andalucía (4.374) y Catalunya (3.702).
Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2024, recabados por Radio Madrid a través de solicitudes en el Portal de Transparencia, la inspección sancionó a 32 residencias de mayores en la Comunidad de Madrid por diversas irregularidades. Entre ellas, el uso de material sanitario caducado, infracciones en tratamientos médicos, errores en la administración de fármacos y el incumplimiento de las ratios de personal exigidas.
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