El testimonio que puede acorralar aún más al Gobierno de Ayuso en el 'caso residencias'

La semana arrancó con la lupa judicial puesta, de nuevo, sobre los protocolos que durante la primera ola de la pandemia negaron la atención hospitalaria a miles de mayores en residencias de la Comunidad de Madrid. Este miércoles la causa vivirá un nuevo capítulo. El Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha citado, a partir de las 10.00 horas, a varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en calidad de investigados. Este procedimiento no tiene su origen en la demanda colectiva impulsada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino en una persona que puso su querella al margen de dichas entidades.

Están llamados a declarar Francisco Javier Martínez Peromingo, Carlos Mur –ideólogo y firmante de los protocolos de la vergüenza–, el asesor sanitario Antonio Burgueño y una geriatra de enlace. Si finalmente se produce la comparecencia, Burgueño declarará por primera vez como investigado por lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la primera fase de la pandemia: 7.291 personas fallecieron en marzo y abril sin ser trasladados a un hospital y en unos centros que no fueron medicalizados. Fuentes jurídicas indicaron ayer que su comparecencia quizá se terminase aplazando.

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia. En esa función, le encargó elaborar el Plan de Choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. Por ello, su testimonio es una pieza clave para esclarecer qué ocurrió —y qué no— en aquellos meses críticos de 2020.

Tercer intento de que declare

El de Collado Villalba es el tercer intento de que comparezca Burgueño. El primero se produjo en mayo del año pasado, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, dentro de una causa penal en la que figura como investigado. Aquella citación quedó en suspenso por motivos procesales y Burgueño no llegó a declarar. La segunda fue en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, donde fue llamado como testigo junto a otros ex altos cargos el 3 de junio de 2025. En ese caso sí compareció, pero su declaración provocó la suspensión de la vista: la jueza consideró que su situación procesal podía exigir que declarase no como testigo, sino como investigado. 

¿Por qué es importante su testimonio? Burgueño fue el responsable del diseño del Plan de medicalización de las residencias madrileñas, uno de los ejes centrales de la investigación judicial. No en vano, en todas las causas abiertas se interroga a los investigados sobre esta cuestión. Este mismo martes, Mur declaró ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que el 20 de marzo de 2020 envió un correo electrónico al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el que advertía de que la medicalización de las residencias anunciada por Ayuso era, en la práctica, "irrealizable".

En la misma línea se expresó Peromingo en su última comparecencia, en la que reconoció que una parte sustancial de las residencias nunca llegó a ser medicalizada. No lo estaban —explicó— por la falta tanto de medios materiales como de personal sanitario. Su relato dibujó un panorama desigual: centros que ya contaban con cierta dotación y recibieron medicación de uso hospitalario frente a otros completamente desprovistos de recursos sanitarios y sin capacidad para atender a personas enfermas. 

Peromingo aseguró que, en una reunión celebrada el 13 de marzo de 2020, Mur planteó la necesidad de medicalizar las residencias para garantizar una atención sanitaria adecuada a los mayores y aseguró que se enviarían médicos y enfermeras, lo que Peromingo interpretó como un refuerzo destinado precisamente a los centros sin dotación propia. Por su parte, Mur coincidió solo parcialmente con ese relato. Defendió que los protocolos solo tenían sentido en residencias medicalizadas y reconoció que, al menos en el caso investigado (el del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid), esa medicalización no existió o fue claramente insuficiente, tanto en recursos como en personal médico.

Admitió que las residencias no se medicalizaron

El origen del Plan de medicalización de residencias madrileñas se remonta al 10 de marzo de 2020. Ese día, Ayuso llamó a Burgueño para conocer su valoración sobre la situación de la covid-19. Según declaró meses más tarde a El País, su propuesta fue clara: "Mi idea es muy militar, muy del ejército y de empresa". Al día siguiente, el 11 de marzo, se celebró una reunión en la sede del Gobierno regional, la Casa de Correos, con Ayuso, los consejeros de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero) y Hacienda (Javier Fernández Lasquetty), el jefe de gabinete de Ayuso –Miguel Ángel Rodríguez– y Burgueño. Allí lo nombraron asesor principal para coordinar la lucha contra la pandemia, le encargaron la elaboración del Plan y crearon un mando único que coordinara la sanidad pública y privada. 

El 12 de marzo se presentó oficialmente el Plan, con dos ejes: el mando único sanitario y la medicalización de residencias. Ruiz Escudero llegó a asegurar: "Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo". Según Burgueño, el Plan incluía 270 medidas, varias de ellas dirigidas específicamente a los centros de mayores: atención médica y de enfermería en residencias, refuerzo de la atención primaria y hospitalización domiciliaria, traslado a hospitales de larga estancia de pacientes con complicaciones y la incorporación de unos 200-250 médicos para cubrir las residencias. 

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Sin embargo, la ejecución quedó en papel mojado. O así lo confesó Burgueño a El País el 23 de junio de 2020: "La medicalización de las residencias no se llevó a cabo… la Atención Primaria dejó a los enfermos mayores abandonados". En febrero de 2021, ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, fue aún más tajante: "Las residencias son el sitio más vulnerable… de los 270 puntos, unos diez o quince se correspondían a la actuación en residencias de la tercera edad… Creo que no fueron bien atendidos. Hubo enfermos que murieron sin haber visto un médico". 

Burgueño definió entonces la medicalización como "poner profesionales médicos y enfermería dentro de las residencias para ver a los ancianos, manteniendo constantes, oxígeno y atención como hospitalización a domicilio". Y denunció que había faltado "jerarquía, rapidez y eficacia… mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria, pero ellos no fueron".

Tenían personal para medicalizar y no lo hicieron

Ese personal sanitario mencionado por Burgueño es uno de los elementos clave del relato de hechos que se realiza en las querellas y denuncias presentadas por más de un centenar de familiares de víctimas. Los centros de atención primaria se habían cerrado y, por tanto, el Gobierno Ayuso pudo decidir adónde enviarlos. Y, en vez de destinarlos a las residencias, donde fallecían cientos de personas cada día, los envió a dos recursos creados en aquel momento: un hospital de campaña montado en el recinto ferial Ifema y 14 hoteles medicalizados.

La Consejería de Sanidad de Madrid repartió los recursos humanos disponibles de la siguiente manera: de los 1.826 médicos y enfermeras, 1.421 fueron a Ifema (donde se atendió atendió solo a 23 residentes con síntomas leves), 351 a los hoteles medicalizados (sin asistencia a residentes) y 54 a las 475 residencias de la región, que acogían a 48.200 personas. ¿El resultado? En marzo y abril de 2020 murieron 9.470 residentes. De ellos, 7.291 fallecieron en residencias sin haber sido derivados a hospitales y 2.179 en hospitales, en muchos casos tras ser derivados muchos días después de caer enfermos.

Tan solo 54 sanitarios fueron destinados a las 475 residencias de la región, que acogían a 48.200 personas en la pandemia

En procedimientos judiciales y en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Carlos Mur admitió que se destinaron a Ifema el personal sanitario con el que inicialmente se pensaba medicalizar las residencias. En concreto, según Mur, se enviaron 600 médicos y 821 enfermeros al hospital de Ifema, que funcionó entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2020. De manera similar, los 14 hoteles medicalizados, abiertos desde el 19 de marzo, contaron con 351 profesionales.

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Y Antonio Burgueño es probablemente una de las personas que mejor puede explicar la importancia de que se hubieran medicalizado las residencias, tal y como se recogía en su Plan de acción.