Altos cargos de Ayuso son imputados en una segunda causa judicial por las residencias en la que Reyero declarará como testigo

Alberto Reyero, quien fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia de covid-19, comparecerá como testigo el próximo martes 3 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, en una segunda causa judicial abierta contra ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de la crisis sanitaria en residencias de la región. 

En este procedimiento están imputados tres altos cargos de Ayuso: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el autor y el ideólogo de los llamados Protocolos de la vergüenza, y el entonces responsable de las ambulancias de la región, Pablo Busca Ostalaza.

La investigación se deriva de una querella interpuesta por dos familiares de las 7.291 personas que murieron en residencias madrileñas en marzo y abril de 2020. Acusan a los altos cargos de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, contemplado en el artículo 511 del Código Penal. El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, ex asesor sanitario del Ejecutivo madrileño en la pandemia, y las dos querellantes.

Las asociaciones de familiares de las víctimas, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, confían en que la declaración de Reyero permita arrojar luz sobre cómo fueron ignoradas, según denuncian, sus reiteradas peticiones para socorrer a los mayores enfermos. Asimismo, señalan que la comparecencia de otros testigos como Abarca, "podría aportar datos clave que probarían que solo fueron derivados a hospitales privados aquellos mayores que contaban con seguro privado". 

Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia: "Pedimos a Reyero y Abarca que aporten todos los datos y documentos de los que dispongan"

Las familias también señalan la implicación de Burgueño, de quien recuerdan que diseñó el 'Plan de Choque' contra la pandemia que contemplaba la medicalización de las residencias para afrontar la emergencia sanitaria, aunque dicha iniciativa, aseguran, "nunca se llegó a implementar". "Queremos hacer un llamamiento a Reyero y Abarca para que colaboren con la Justicia, aporten todos los datos y documentos de los que dispongan, y contribuyan así a que se conozca la verdad y se haga justicia", destacan en un comunicado.

En el marco de esta causa también están citados a declarar como querellados Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, el firmante y el considerado ideólogo de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que restringieron derivaciones hospitalarias desde las residencias. 

Pablo Busca, entonces director del SUMMA 112, también deberá comparecer como investigado ante el juzgado de Leganés

También está imputado Pablo Busca, entonces director del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), responsable del servicio de ambulancias. Según las asociaciones de familiares, "las ambulancias jugaron un papel determinante en el dispositivo de la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger a los mayores enfermos, y solo lo hacían si contaban con una autorización expresa del geriatra de enlace". La cuarta querellada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Las declaraciones de estos cuatro investigados están programadas para el próximo 17 de junio.

La justicia reabre otra causa contra el equipo de Ayuso

La causa abierta en el Juzgado de Leganés es el segundo procedimiento judicial en el que se imputa a altos cargos del Gobierno de Ayuso por su actuación durante la crisis de las residencias.

Este lunes, 26 de mayo, estaban citados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño. Sin embargo, la comparecencia fue suspendida después de que los investigados alegaran no haber recibido traslado de las actuaciones, lo que les impedía ejercer su derecho a la defensa.

Este procedimiento fue reabierto el pasado 1 de abril a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, después de que fuese archivado en su día de forma provisional.