Dos altos cargos de Ayuso declaran este lunes como imputados por las muertes en las residencias

Este lunes 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid tomará declaración a Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo —ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso— y al exasesor Antonio Burgueño, imputados por su participación en los denominados protocolos de la vergüenza. Una serie de documentos con instrucciones que, durante la primera ola de la pandemia de covid-19, restringieron el acceso de personas mayores enfermas que vivían en residencias a la atención hospitalaria.

Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, firmó el Protocolo de la vergüenza que limitaba las derivaciones hospitalarias de estos residentes. Su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinó el Protocolo técnico que detallaba su aplicación. Antonio Burgueño fue asesor sanitario del Gobierno de Ayuso durante la primera ola y figura clave en la elaboración del llamado Plan de Choque para la gestión de la pandemia. De esta forma, aunque no ocupaba un cargo público formal, Burgueño también impulsó directrices que orientaron la actuación en residencias. Los tres están citados a declarar como investigados por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

La imputación se produce tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de 115 residentes de 72 geriátricos madrileños. La denuncia, coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, señalaba a diferentes ex altos cargos del Gobierno de Ayuso y hasta geriatras de 25 hospitales por un presunto delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios.

¿Qué se investiga?

Según consta en el documento que investigan los juzgados, Carlos Mur firmó hasta cuatro versiones de un protocolo (los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020) que establecía que solo podrían ser derivados a hospitales los residentes que fueran capaces de caminar por sí solos, con autonomía y sin deterioro cognitivo severo. Quienes no cumplieran estos requisitos, debían ser mantenidos en las residencias.

Francisco Javier Martínez Peromingo, entonces geriatra de referencia del Hospital Rey Juan Carlos y más tarde sucesor de Mur, fue quien coordinó el protocolo clínico que desarrollaba estos criterios. Ambos médicos conocían perfectamente las herramientas de evaluación que estaban utilizando, lo que, según la denuncia, evidencia que sabían que estaban excluyendo a gran parte de la población geriátrica del sistema sanitario por su situación de dependencia o demencia.

Por su parte, Antonio Burgueño, aunque no firmó documentos oficiales, está relacionado en el caso por su influencia reconocida por distintos responsables del sistema sanitario madrileño. Creó la figura del "geriatra de enlace" —activa desde al menos el 13 de marzo de 2020—, que operaba con la consigna de restringir y cribar las derivaciones.

Las consecuencias

Entre marzo y junio de ese año, murieron en Madrid 11.124 residentes, de los cuales 8.205 lo hicieron en las residencias, sin asistencia médica efectiva. 7.291 solo en los dos primeros meses de la pandemia.

La denuncia también detalla que tanto Mur como Martínez Peromingo han ofrecido versiones contradictorias en sus comparecencias ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Mur responsabiliza a los geriatras de diseñar los criterios; Peromingo, a Mur. Dado que ambos testificaron bajo juramento, las familias denunciantes también solicitaron que se investigue si alguno incurrió en falso testimonio, delito penado por el artículo 502.3 del Código Penal.

Pruebas y documentos clave

A la denuncia colectiva se adjuntaron más de 50 documentos, incluyendo correos electrónicos enviados por Mur a responsables de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales con instrucciones para aplicar los protocolos, actas de inspección policial en residencias, e informes internos como el del centro Adolfo Suárez, que confirmaba que la gran mayoría de los residentes quedaban excluidos de atención hospitalaria.

El objetivo de estas primeras declaraciones judiciales es esclarecer la cadena de mando y los responsables últimos de unas decisiones que, según los familiares de las víctimas, vulneraron gravemente el derecho a la vida, la igualdad y la no discriminación. Como expresó María Jesús Valero, portavoz de la asociación denunciante, en declaraciones recogidas por Público: "Ahora que tiren de la manta y digan quién dio la orden".

Familiares de las asociaciones 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare se concentrarán este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. En un comunicado, valoran positivamente la decisión de la Justicia de investigar “por primera vez” las muertes en residencias y explican que la concentración busca “hacer visible su demanda justicia y reparación y que no se vuelvan a repetir estos hechos”. 

Marea de Residencias ha convocado también una concentración frente a los juzgados que “se hace extensiva a toda la ciudadanía solidaria para defender la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares”, según un comunicado difundido este domingo.