Las familias de las víctimas de las residencias: "Ahora que tiren de la manta y digan quién dio la orden"

"Ahora que tiren de la manta y digan quién fue el o la que dio la orden". Esta frase de María Jesús Valero, presidenta de la Asociación 7291 Verdad y Justicia, resume el sentir de decenas de familias que llevan cinco años esperando justicia. Tanto esta organización como Marea de Residencias –con la ayuda de un equipo de abogados que no ha dejado de asesorarlas– han mantenido abierta esta lucha para que se esclarezcan las responsabilidades y se ponga nombre y apellidos a las decisiones que condenaron a 7.291 personas mayores enfermas que vivían en centros de mayores de la Comunidad de Madrid a morir durante la primera ola de la pandemia, en 2020, sin ser derivadas a un hospital.

La noticia de la imputación judicial a varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su implicación en esta tragedia ha sido recibida con una mezcla de alivio, emoción y una prudente esperanza por parte de las plataformas de familiares. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar, en calidad de investigados, a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes estaban al frente de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia. La comparecencia está prevista para el lunes 26 de mayo.

Mur fue quien firmó el conocido como Protocolo de la vergüenza, un documento que restringía el traslado de personas mayores desde las residencias a los hospitales, basándose en distintos "criterios de exclusión". Este protocolo, del que se redactaron hasta cuatro versiones en el plazo de una semana, impidió el acceso hospitalario a residentes enfermos por su grado de discapacidad o deterioro cognitivo. Martínez Peromingo, por su parte, era responsable de la elaboración del llamado Protocolo técnico, que servía de complemento al anterior y también formaba parte de la estrategia de exclusión aplicada.

"Es un paso adelante que valoramos mucho", señala Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. "Todo lo que sea que se investigue, que se abran diligencias de algo que nunca debería haber pasado desapercibido, es una buena noticia", añade en declaraciones para Público. Para las familias, lo relevante es que esta vez no se les llama como testigos, sino como investigados. "Es una buena oportunidad para que, aunque no tengan obligación de decir la verdad, la digan", subraya López, esperanzada en que, si asumen sus responsabilidades, se señale también a quienes ostentaban el mando único en la Comunidad de Madrid: la Consejería de Sanidad bajo el mando de Enrique Ruíz Escudero y, en última instancia, la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Hace unos meses, justo tras presentar la denuncia colectiva que ha dado lugar a estas imputaciones, López reconocía en una entrevista con Público que todos estos años de lucha que la habían mantenido en tensión le habían evitado "caer en una depresión". "Todo lo que pasó fue horrible. Cuando vi que la respuesta de la sociedad, un año después de morir mi madre –que falleció el 1 de mayo de 2020–, fue que Isabel Díaz Ayuso arrasara en las elecciones autonómicas me caí con todo el equipo. O sea, me vine abajo. Estuve mal, estuve muy mal. Luego me reenganché a la lucha y creo que es lo que me mantiene viva. Es algo que nos pasa a la mayoría que hemos sufrido esta triste historia", lamentaba.

Desde Verdad y Justicia, María Jesús Valero también habla de cierta esperanza: "Es esperanzador, aunque estamos muy nerviosos, muy inquietos. Ya sabemos quién los firmó, pero necesitamos saber también qué pasó, quién dio las órdenes". Las familias llevan años denunciando que tuvo lugar una situación de discriminación médica basada en la edad y la dependencia, y que se dejaron camas libres en hospitales mientras las residencias se convertían en lugares donde sus seres queridos se morían solos y solas.

Valero relató ante la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid –constituida para redactar un informe sobre lo que les sucedió a las personas mayores confinadas– el trato "antihumano" que recibieron las personas dependientes o con deterioro cognitivo que vivían en centros de mayores de la región durante aquellas semanas de confinamiento, y sus familias. Su padre fue una de las 7.291 víctimas. Durante 18 días dolorosos no pudieron verlo y toda la información sobre su estado de salud les llegó a cuentagotas. Finalmente, enfermó y murió en la residencia de Usera en la que vivía, sin ser trasladado a un hospital, sin poder despedirse. Salvo quienes contaban con un seguro privado, la mayoría murieron aislados, con síntomas como fiebre alta, deshidratación o insuficiencia respiratoria, dentro de sus habitaciones.

"Ha sido largo, muy duro, pero esto es una inyección de moral. Empezamos a ver un puntito de luz al final del túnel. Nuestros familiares se lo merecen y las familias necesitamos la verdad para empezar a amainar un poco el dolor que llevamos arrastrando desde hace cinco años", expresa Valero.

Lo que ha precipitado esta reapertura judicial ha sido la denuncia colectiva presentada por 109 familiares de 115 personas fallecidas el pasado octubre de 2024. Una acción legal sin precedentes que ha dado un vuelco a un proceso que parecía dormido. "Veremos cuál es el resultado, pero en principio estamos esperanzados", reitera Carmen López.

El próximo 1 de junio, Verdad y Justicia ha convocado un acto de homenaje a las 7.291 víctimas en la plaza del Museo Reina Sofía. "Con toda la alegría que puede implicar este proceso de imputación", dice Valero, que puede marcar el inicio de una verdad pública y judicial que se les ha negado durante demasiado tiempo.