Mur avisó ya el 20 de marzo de que la medicalización de las residencias anunciada por Ayuso era "irrealizable"

Solo han transcurrido seis días desde la última comparecencia judicial de uno de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este martes, a las 10.00 horas, Carlos Mur de Víu, que en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de la vergüenza, ha vuelto a declarar ante la jueza. También estaban citados otros dos ex altos cargos: Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el principal artífice de esas directrices y sucesor de Mur, y Pablo Busca Ostalaza, entonces al frente del SUMMA 112, responsable de gestionar las ambulancias públicas. 

El motivo por el que estaban citados sigue siendo el mismo: rendir cuentas por las decisiones que impidieron la atención hospitalaria a miles de mayores durante la primera ola de la pandemia. Lo que es diferente es la víctima: esta causa se inicia a partir de la querella de Concha Quirós cuya madre, Josefa Vázquez, residía en el centro público Manoteras, en Madrid, en primavera de 2020. El escrito sigue acusando a los investigados de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. También ha variado ligeramente el escenario: esta vez estaban citados en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid. Además, en este procedimiento figuraba como investigada la ex geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal. Con este, ya van cinco procesos judiciales en los que los tres ex altos cargos aparecen como imputados. 

Pasadas las 11 de la mañana, Alejandra Jacinto, abogada de las familias, se acercó a los medios para explicar que el juzgado no había logrado citar correctamente a tres de los investigados y únicamente Mur había sido notificado, con declaración prevista por videoconferencia a las 13.00 horas. Jacinto avanzó que aportarán al juzgado los domicilios de los otros imputados que constan en procedimientos anteriores, pero expresó la indignación de las familias ante la situación. "Es inadmisible que, después de casi seis años, sigan produciéndose este tipo de fallos", denunció.  

Mur señala a una médica del Gregorio Marañón como autora de los protocolos y a una segunda doctora como responsable de su supervisión

Horas después, en torno a las 14.30, Jacinto volvió a comparecer ante los medios a la salida del juzgado para dar cuenta de la declaración de Mur. Según explicó, el ex alto cargo aseguró ante la jueza que los protocolos que impedían el traslado de residentes a hospitales —y que él mismo firmó— ya estaban contemplados en un Plan de acción presentado por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 12 de marzo de 2020. Un documento cuyo contenido, subrayó Jacinto, sigue sin conocerse. 

Esta declaración es relevante porque prueba que, seis días antes de que el propio Mur firmase la primera versión de los protocolos el 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Ayuso ya tenía previsto limitar el traslado de residentes enfermos a los hospitales.

Mur también declaró que tanto Ruiz Escudero como Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en los primeros días de la pandemia y autor del Plan de acción, estaban al corriente de la existencia de esos protocolos. Y añadió un elemento nuevo: el 20 de marzo de 2020 envió un correo electrónico al consejero alertándole de que la medicalización de las residencias que había anunciado Ayuso era, en la práctica, "irrealizable". El 17 de marzo, la presidenta madrileña aseguró que las residencias "en su práctica totalidad están todas medicalizadas [...] ". En Madrid había 475 residencias operativas y el Gobierno no medicalizó ninguna.

En relación con una de las grandes incógnitas del caso —por qué no se derivó a los mayores a hospitales privados y si la Comunidad tenía información sobre camas disponibles en esos centros, pese al mando único sanitario— Mur respondió que lo desconocía y que no podía contestar porque no disponía de esos datos. Los residentes con seguro privado sí fueron trasladados a los hospitales privados.

Durante su comparecencia, el exdirector general volvió a insistir en que no fue el redactor de los protocolos. La jueza, según relató Jacinto, le preguntó de forma reiterada cómo era posible que firmara un documento que asegura no haber elaborado. Mur se justificó apelando a la situación "dramática" que se vivía entonces y apuntó directamente a una médica del Hospital Gregorio Marañón como autora del texto, además de señalar a una segunda doctora como responsable de su supervisión. 

Ante estas declaraciones, la abogada anunció que las familias solicitarán nuevas diligencias. "Vamos a pedir que se incorpore ese plan de acción para comprobar si ya incluía los protocolos. De ser así, significaría que estaban escritos incluso antes de lo que pensábamos y corroboraría que Ruiz Escudero lo sabía desde el principio", explicó. Además, avanzó que reclamarán la citación de las dos médicas mencionadas por Mur, ya sea en calidad de investigadas o de testigos.

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"Ayuso mintió"

Desde las 9.30 horas, las familias de las víctimas han permanecido firmes frente a las puertas del juzgado. Parecían inquebrantables, con casi seis años de lucha a sus espaldas. Esperaban, como cada cita judicial, a que se pronunciasen nombres y apellidos, a que se desenredase el ovillo de responsabilidades y se esclareciese quién o quiénes dieron la orden y redactaron las directrices que dejaron a sus seres queridos abandonados a su suerte. 

Este martes, sin embargo, llegaban con algo más de información. En las últimas comparecencias de Mur y Peromingo, se deslizaron algunos detalles que apuntan a la autoría de las directrices. Peromingo reconoció ante el juez que las medidas eran "discriminatorias" y cargó toda la responsabilidad de su redacción sobre Mur. Mur, por su parte, se desligó de la autoría: aseguró que solo firmó un texto ya redactado y señaló que su contenido era conocido por la cúpula de la Consejería de Sanidad, incluyendo al entonces consejero Ruiz Escudero y a la viceconsejera Ana Dávila. 

Concha Quirós es la querellante en este procedimiento. El 8 de marzo de 2020 fue la última vez que pudo ver a su madre, Josefa Vázquez. Este martes, esperó a las puertas del juzgado con una fotografía de ella entre las manos, aferrada a una memoria que sigue reclamando justicia. "Desde que Almudena Lastra dijo que no había causa para los 7.291 muertos, vamos de mal en peor", lamenta en conversación con este diario. "Pedimos reparación, pedimos justicia. No podemos ser gente a la que se le pueda dar una patada después de haber matado a nuestros familiares", denuncia.  

Recuerda que su madre pasaba hambre en la residencia pública. "Antes de la pandemia ya había un ocultismo total. No nos dejaban acercarnos al comedor; había una sola auxiliar por planta. Me pasé la vida diciendo que mi madre tenía que salir de ahí porque no estaba bien", relata. Josefa permaneció un año y medio en ese centro. Para Concha, la pandemia no hizo más que destapar una realidad que ya venía de lejos. "Sacó a relucir lo peor de las residencias. Dejaron morir a las personas asfixiadas. Nos humillaron. Nos han mentido antes, durante y después". Mientras tanto, sigue aguardando a que la llamen a declarar, convencida de que su testimonio —como el de tantas otras familias— sigue siendo una pieza pendiente en el camino hacia la verdad.

Carmen Ruiz, portavoz de la plataforma Marea de Residencias, resume ante Público el sentir de las familias seis años después: los procedimientos judiciales avanzan a paso lento, atrapados en una maraña de dilaciones. "Los familiares no cejan en su empeño. Intentan desgastarnos, pero no saben que no nos vamos a cansar y que seguimos buscando responsabilidades políticas", advierte.  Ruiz reitera que los correos firmados por Mur revelan que cerca de 1.800 profesionales sanitarios fueron destinados al hospital de campaña de Ifema mientras, en las residencias, morían cada día cientos de mayores. "Ayuso aseguró que todas las residencias de Madrid estaban medicalizadas. No era verdad. Mintió", sentencia.    

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María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, reconoce a este diario que cada nueva citación judicial llega acompañada de incertidumbre. "Siempre nos queda la duda de si van a declarar o no. La sensación es que van a seguir pasándose la pelota". Aun así, mantiene la esperanza de que alguno dé un paso al frente: "Confiamos en que tiren de la manta y señalen a Ayuso, porque fue ella quien tuvo que dar el visto bueno para firmar y enviar esos correos".  

Para Valero, la ausencia de rendición de cuentas durante estos casi seis años ha alimentado un clima de impunidad que, denuncia, permite a la presidenta madrileña seguir descalificando a las familias en lugar de dar explicaciones. "Lo que tendría que explicar es por qué no había médicos en las residencias. Es ella la que debería estar hoy declarando", concluye.