Ayuso usa el dinero de las residencias públicas para pagar a la sanidad privada: "Solo importa el negocio"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso movió ficha en sus cuentas y ahora lo hemos conocido. Hasta 61,5 millones de euros han salido del presupuesto destinado a las residencias públicas de mayores para acabar en la sanidad privada. De acuerdo con el informe anual de la Cámara de Cuentas, la operación fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 5 de junio de 2024 y consistió en una transferencia directa desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), responsable de gestionar las residencias públicas, al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

¿El destino final de ese dinero? Saldar una deuda pendiente de la sanidad madrileña con el grupo privado Quirónsalud, según recoge el documento mencionado y ha avanzado este lunes la Cadena Ser. En concreto, los fondos sirvieron para pagar la liquidación de la actividad derivada de la "libre elección" sanitaria correspondiente a 2021 del convenio singular firmado con la Fundación Jiménez Díaz, hospital gestionado por Quirón junto a otros tres centros públicos de la red madrileña en Móstoles, Collado Villalba y Valdemoro.

"No hay calificativo suficiente para la actuación del Gobierno de Ayuso", afirma al otro lado del teléfono María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia. Denuncia el abandono que siguen sufriendo los familiares de residentes. "Estamos indignadas, muy indignadas, porque las necesidades que tienen las residencias son tan grandes que seguimos sin entender cómo la Comunidad permite estas tropelías", reprocha tajante. 

María Jesús Valero, 7.291: Verdad y Justicia: "Los mayores les importan poco, los consideran un gasto y los ven como segunda categoría"

"El estado actual de las residencias después de casi seis años es indignante, incluso peor que antes de la pandemia", insiste, recordando que en 2025 había 2.022 personas en lista de espera para acceder a una plaza y 17.747 para ayuda a domicilio. "No es posible que haya residencias sin médicos, con comidas insuficientes, sin vigilancia y en mal estado. Es lamentable ver cómo a diario faltan trabajadoras, y todo esto se debe a la impunidad que tiene este gobierno tras seis años desde aquellas muertes violentas, crueles e inhumanas", completa. "Los mayores les importan muy poco, los consideran un gasto en lugar de una inversión y los ven como segunda categoría". 

Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), coincide con Valero en su diagnóstico sobre la situación de las residencias. "Las personas no importan y lo que prima es el negocio, esa es la sensación real que tenemos. De manera subliminal se desprestigia el funcionamiento de las residencias públicas para que las familias opten por otras alternativas", asegura a Público. Flores defiende que sería "imprescindible" reforzar la creación y el seguimiento de consejos de usuarios que evalúen la situación concreta de cada residente. Además, plantea: "Hay que determinar si este dinero procede de la dotación del IMSERSO, en cuyo caso debería intervenir el Gobierno central, o si viene de lo que destina la Comunidad de Madrid; en ese caso, debemos comprobar qué cuidados no se están prestando".

Fernando Flores, Pladigmare: "Las personas no importan y lo que prima es el negocio, esa es la sensación real que tenemos"

Junto con sindicatos como CCOO y UGT y con la participación de las propias trabajadoras, PLADIGMARE ha elaborado propuestas de ratios reales de personal que permitan vivir y trabajar con dignidad. "Tenemos que avanzar hacia un modelo de colaboración público-colectiva, porque el modelo público-privado actual solo tiene un componente económico y hace tiempo que los cuidados y la vida de las personas dejaron de ser la prioridad. Parte de la respuesta está en estudios sobre el personal mínimo necesario en las residencias y en una federación de consejos de usuarios que analice los problemas de cada residente, haga seguimiento de las soluciones y comparta experiencias para mejorar todo el sistema de cuidados", termina.

Por su parte, Carmen Ruíz, miembro de Marea de Residencias, denuncia a Público que "las personas residentes, un colectivo totalmente vulnerable, no son una prioridad para este gobierno". "No solo pagan a empresas privadas la asignación prevista en cada ejercicio, sino que al finalizar esos periodos, tanto Quirón como Ribera Salud presentan liquidaciones adicionales, entre ellas deudas enormes. De esta forma, los recursos inicialmente presupuestados se multiplican por dos o incluso por tres, y estas empresas privadas reciben facturas astronómicas", explica.  "Parece que no se conformaron con dejarlos morir durante la pandemia, abandonados y en condiciones crueles, sino que continúan hoy día con el maltrato institucional que se les infringe", sentencia.

Carmen Ruíz, Marea de Residencias: "Parece que no se conformaron con dejar morir a los mayores durante la pandemia"

Ayuso recurre a remanentes para pagar a Quirón  

¿Por qué debía dinero el Ejecutivo madrileño? La deuda con Quirón tiene su origen en el sistema de "libre elección" de Madrid, que permite a cualquier ciudadano acudir a hospitales públicos gestionados por empresas privadas. Cuando un número elevado de pacientes opta por estos centros, la Comunidad debe pagarles más dinero del previsto. En 2024, los pagos a estas empresas se dispararon: las liquidaciones a concesionarias como Quirón y Ribera Salud crecieron un 221%, hasta 909,9 millones de euros. 

El consejero de Presidencia insiste en que los fondos no se destinan a ningún grupo empresarial, sino a "mejorar lógicamente la sanidad"

Para cubrir este gasto extra, el Gobierno de Ayuso recurrió a los remanentes de tesorería de las residencias públicas. El organismo que gestiona estos centros, la AMAS, no llegó a gastar todo su presupuesto, sobre todo en inversiones para obras y mejoras. Del total de algo más de 77 millones previstos para inversiones, solo ejecutó 30 millones, el 39% de lo presupuestado. Fue de estos fondos sobrantes, de donde se tomaron 61,5 millones de euros para saldar la deuda con Quirón.

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El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, defendió este lunes la transferencia, asegurando que procedía de los remanentes de tesorería, es decir, del dinero que no se había gastado durante el ejercicio. Según García, estos remanentes se emplean para "necesidades" de la Comunidad, y en este caso concreto, para el ámbito sanitario. El consejero insistió en que los fondos no se destinan a ningún grupo empresarial, sino a "mejorar lógicamente la sanidad". "Para aquello que es una prioridad para los madrileños, y en este caso, lógicamente, los servicios sociales y también la sanidad", incidió. Además, destacó que nunca antes la región había dedicado tanta inversión a la atención de personas mayores y de personas con discapacidad.

Denuncias que llevan años sin respuesta  

Como han advertido los distintos portavoces de asociaciones de residentes, las residencias públicas madrileñas llevan años reclamando una inversión digna. Las denuncias sobre el abandono de estos centros son continuas. A mediados del año pasado, María Vázquez, miembro del Consejo de Residentes, relató a Público el "infierno" que vivían las trabajadoras de la Residencia Pública de Mayores de Arganda del Rey, donde algunos mayores llegaban a pasar hasta nueve días sin poder ducharse debido a la "falta crónica de personal".

Elvira García, técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de la Gran Residencia de Madrid, también alertó de las deficiencias en infraestructuras que provocan "temperaturas asfixiantes" durante los meses de verano. Por su parte, Antonio, familiar de una residente en la residencia Santiago Rusiñol, denunció la ausencia de climatización y las "deficiencias graves en la alimentación" en esos mismos meses. Asociaciones como Marea de Residencias, Pladigmare y 7.291: Verdad y Justicia llevan años señalando que los mayores "continúan sufriendo o incluso muriendo en residencias que las instituciones siguen ignorando".