Hospitales de apoyo: la otra vía para ayudar a los residentes enfermos que no usó el Gobierno Ayuso

Días antes de que Carlos Mur de Viu, director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, firmara el 18 de marzo de 2020 la primera versión del conocido como protocolo de la vergüenza, los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hablaron de una medida para atender a las personas mayores que vivían en residencias y eran dependientes: su traslado a "hospitales de apoyo". Esta iniciativa nunca se puso en marcha, al igual que tampoco se produjo la medicalización de las residencias, en contra de lo anunciado por el Gobierno madrileño.

Así lo ha reconocido Francisco Javier Martínez Peromingo, entonces jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y, a partir de mayo de 2020, al mando de la coordinación entre residencias y centros sanitarios, en su declaración este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Es uno de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díez Ayuso investigados por el escándalo de las residencias durante la pandemia, cuando murieron 7.291 mayores enfermos solo en marzo y abril de 2020, dentro de las propias residencias sin ser trasladados a un hospital. Los otros dos, Carlos Mur y Pablo Busca Ostalaza, exresponsable del SUMMA 112, el servicio de urgencias médicas de Madrid, no han comparecido ante la jueza. Ésta es la tercera vez que Mur no presta declaración ante un Juzgado que lo había imputado. El protocolo bloqueó el traslado de miles de residentes a los hospitales públicos por el simple hecho de tener deterioro cognitivo o ir en silla de ruedas.

Los tres están llamados de nuevo a declarar este miércoles ante otro juzgado, el de Instrucción número 2 de Collado Villalba, por otra querella, presentada por una familiar de una residente de Sanitas Torrelodones. La de este martes la interpuso la familia de un fallecido en la residencia Amavir Valdebernardo. Ambos jueces deberán dilucidar si los tres ex altos cargos de Díez Ayuso cometieron un delito de discriminación al denegar la asistencia sanitaria a los residentes enfermos durante la primera ola de la pandemia. Pero no son las únicas causas a las que hacen frente: acumulan al menos ocho procedimientos judiciales abiertos.

Martínez Peromingo sólo contestó a las preguntas de la jueza y el fiscal, según ha explicado tras la declaración Alejandra Jacinto, abogada de la familia querellante. Pero tuvo oportunidad de dar detalles sobre una reunión que mantuvieron el 13 de marzo de 2020 Carlos Mur y todos los jefes de geriatría de los hospitales madrileños. Fue entonces cuando, ante el temor a un "colapso" en la atención a las residencias, se anunció la creación de los geriatras de enlace con los centros sanitarios. También les dijo Mur que se iban a medicalizar las residencias, siempre según la versión de Peromingo. En ese contexto, se habló de la puesta en marcha de "hospitales de apoyo", una iniciativa que Peromingo consideró oportuna, según explicó a la jueza.

Sin embargo, ni se enviaron médicos y enfermeras a los centros de mayores ni hubo hospitales de apoyo para los residentes. Ambas medidas estaban incluidas igualmente en el plan que elaboró, a petición de Díez Ayuso, Antonio Burgueño, exdirector de Hospitales entre 2008 y 2014, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Entre la quincena de medidas para las residencias que incluía ese plan, Burgueño citó la contratación de 250 médicos para atender a los enfermos en los centros de mayores. Y su traslado a hospitales de media y larga estancia, como el Carlos III o La Fuenfría, en Cercedilla, en la sierra de Madrid.

Sí los pusieron en marcha Galicia, Cantabria y Gipuzkoa

A los hospitales de apoyo recurrió igualmente la Xunta, que dispuso dos centros de cuidados intermedios para el traslado de enfermos de covid para evitar que contagiasen a otros residentes: uno en Baños de Molgas (Ourense) y otro en Santiago. Aunque en un principio el plan era dedicar a este fin un centro de cuidados intermedios por provincia. Es decir, cuatro, que debían tener unos medios similares a los de una unidad hospitalaria.

La idea se la planteó a la Xunta Miguel Ángel Vázquez, entonces presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX): "Nos parecía una aberración absoluta la respuesta que estaban dando los geriatras en Madrid de no permitir la derivación hospitalaria de muchos residentes, y temíamos que algo así terminase sucediendo en Galicia y nos quisimos adelantar. La Xunta fue receptiva a la idea y en muy pocos días se puso en marcha", explicó Vázquez a infoLibre en 2022.

El personal de estos centros de cuidados intermedios procedía de los centros de día, que estaban cerrados por el estado de alarma. Vázquez asumió la dirección de la residencia de Baños de Molgas y un vicepresidente de la SXGG, del centro de Santiago.

Aunque las derivaciones tampoco fueron masivas. "La ocupación máxima que tuvimos en Baños de Molgas fue de 35 plazas, aunque la residencia disponía de 93 plazas", precisa Vázquez. Aun así, el número de fallecimientos sin derivación hospitalaria se situó en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo más de 23 puntos porcentuales por debajo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

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Le pareció discriminatorio

Martínez Peromingo reconoció ante la jueza que había sido el autor del documento técnico que acompañó al protocolo de la vergüenza, junto con los jefes de geriatría de los hospitales. Pero negó que este documento fuera "discriminatorio". A su juicio, sólo establecía cómo debía ser el manejo de los pacientes en las residencias, quién debía beneficiarse del traslado a un hospital. Por el contrario, sí que consideró que el protocolo enviado por Carlos Mur el 18 de marzo sí que era "discriminatorio". Y así se lo hizo notar a Mur "tanto por correo electrónico como por whatsapp", subrayó Peromingo en su declaración.

Para los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, Martínez Peromingo es el "ideólogo" de los protocolos. Él coordinó el "protocolo técnico", que complementaba el firmado por Carlos Mur de Víu, su antecesor en el cargo. Según la denuncia colectiva presentada por las entidades Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, esos protocolos supusieron "institucionalizar la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad" que impidió el traslado de los mayores enfermos a los hospitales públicos de Madrid.