Peromingo admite que el protocolo de las residencias fue "discriminatorio" y echa toda la culpa a Mur

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid había citado este martes a los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigados por el escándalo de las residencias durante la pandemia. Pero la foto de los tres en el banquillo ha vuelto a truncarse: Carlos Mur, firmante del protocolo de la vergüenza, no se ha presentado. De nuevo.

Según la versión trasladada al juzgado, no ha podido ser localizado, pese a los intentos reiterados –tres o incluso cuatro veces–. "Parece desaparecido o incluso podría estar eludiendo a la Justicia. Desde la acusación se va a solicitar que se dicte una orden de búsqueda y captura", ha avanzado Alejandra Jacinto, abogada de la familia querellante.

Tampoco ha acudido Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112. "No entendemos cómo es posible que no haya podido ser localizado cuando sabemos que trabaja para el Gobierno Vasco; es alguien perfectamente identificable y accesible. No se explica que no haya sido citado", señala Jacinto. "Por ello, vamos a reiterar también la petición de búsqueda y captura para el señor Busca".

Alejandra Jacinto, abogada: "Vamos a reiterar la petición de búsqueda y captura para Pablo Busca y Carlos Mur. Están eludiendo la Justicia"

Quien sí se ha personado es Francisco Javier Martínez Peromingo, principal arquitecto del protocolo y sucesor de Mur en la Coordinación Sociosanitaria. Peromingo ha señalado directamente a Mur y ha ratificado que los protocolos "eran discriminatorios", algo que –según ha explicado Jacinto– advirtió por escrito, por correo electrónico y hasta por WhatsApp. También ha admitido que muchas residencias no estaban medicalizadas "porque no había material suficiente ni personal sanitario disponible". Según su declaración, había centros con mejores recursos y otros con una dotación claramente insuficiente. "En cualquier caso, no existió una estrategia real; la medicalización no se llegó a implementar, pese a que ha sido uno de los principales argumentos defendidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid", recalca la abogada. 

Jacinto sostiene que, pese a sus explicaciones, Peromingo desempeñó un papel esencial en la elaboración de los protocolos. "Mantenemos que su intervención fue necesaria e imprescindible. Participó también en la redacción del protocolo técnico que posteriormente se aplicó", sentencia.

Francisco Javier Martínez Peromingo ha admitido que muchas residencias de Madrid no estuvieron medicalizadas durante la pandemia 

Este martes también ha declarado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, cuya comparecencia, según la acusación, ha resultado "especialmente llamativa". Jacinto ha explicado que el médico aseguró no conocer ningún protocolo ni haber recibido instrucciones de cargos de la Consejería de Sanidad durante aquellos meses. "Ha dicho que únicamente aplicó protocolos clínicos". El geriatra sí ha reconocido que el padre del querellante no fue derivado al hospital, aunque, añade Jacinto, no ha sabido precisar cuál era el diagnóstico del residente en aquel momento.

"Están intentando ganar tiempo"

Las 9.30 de la mañana. Las familias de las víctimas han sido las primeras en ocupar la explanada de Plaza de Castilla. En silencio, vestidas con cifras: 7.291, el número de personas a las que se les negó atención sanitaria en plena pandemia. "No son muertes, son asesinatos", "Verdad, justicia y reparación", "No se iban a morir", "No vamos a parar" y "Ayuso dimisión" son algunas de las frases que han coreado desde la puerta del juzgado.

Esperaban a Mur, a Martínez Peromingo y a Busca Ostalaza, los tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso citados a declarar este martes como investigados. El tribunal analiza si incurrieron en un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria durante la primera ola de la covid-19. En esta ocasión, las diligencias derivan de la querella presentada por la familia de una residente de Amavir Valdebernardo.

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Ángela, la hija de dicho residente, esperaba detrás de la pancarta donde se podía leer la cifra de fallecidos en Madrid. "Cuando llamé a la ambulancia para que fueran a por mi padre, me comunicaron que les habían prohibido trasladar a los mayores", confiesa a Público. Escuchó como su padre agonizaba al otro lado del teléfono. "No podía respirar. De una semana a otra nos comunicaron que había enfermado y que había muerto. Nos pidieron 6.000 euros para incinerar. Hasta con eso intentaron hacer negocio". "Discutimos que nuestros familiares entrarán en el sistema de triaje. No sé tenían que morir ahogados y solos. Muchos se podrían haber salvado", recrimina. "Sigo creyendo en la justicia, pero estamos a casi seis años de que mi padre falleció. Por la muerte vamos a pasar todos, pero con dignidad y con apoyo, no con la tortura con la que murieron ellos".

María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, lamenta en conversación con Público el laberinto judicial al que llevan años enfrentándose las familias. "Todo esto arrancó con la Fiscalía Superior de Madrid. Si Almudena Lastra hubiera autorizado que todas las denuncias se tramitaran en una única causa, ahora estaríamos en otro escenario", reprocha. En su lugar, denuncia, se han visto atrapadas en un "mareo interminable" de juzgados que se inhiben y devuelven las diligencias. "Están intentando ganar tiempo. Y lo más grave es que muchas causas corren el riesgo de prescribir".

Carmen Ruíz, Marea de Residencias: "Se aprovecha cualquier resquicio para que el tiempo pase y que la sociedad olvide"

Por su parte, Carmen Ruíz, miembro de Marea de Residencias, alerta del riesgo que supone la dispersión judicial. "Si cada causa recae en un juzgado distinto, cada juez puede dictar resoluciones diferentes y eso nos perjudica como familias", señala a este diario. Recuerda que, para ellas, se trata de una única causa, porque "la discriminación fue generalizada, les ocurrió a todos".  Asimismo, denuncia que la fragmentación del proceso solo añade revictimización. "En el caso de la DANA, la jueza ha asumido todas las muertes. Aquí, en cambio, se aprovecha cualquier resquicio para dejar que el tiempo pase y que la sociedad olvide", critica. "Pero los familiares no nos olvidamos".

La cosa no termina aquí. Este miércoles, los tres volverán a ser citados por la Justicia. Esta vez en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, por otra querella. En este caso, presentada por un familiar de una residente de Sanitas Torrelodones. Estas no son las únicas causas. Los tres ex altos cargos de Ayuso acumulan ya ocho procedimientos judiciales abiertos.