El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vetado la presentación del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. El acto, previsto para este martes en la propia Asamblea regional y organizado por Más Madrid, no tendrá lugar finalmente. La pregunta ahora es doble: ¿qué revela la investigación y qué motivos hay detrás de la negativa del Gobierno autonómico a que viera la luz en sede parlamentaria?

El documento comenzó a elaborarse en octubre de 2023 de la mano de CCOO Madrid, UGT Madrid y sus respectivas federaciones, junto a la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), personas usuarias, familiares y expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Finalmente, se publicó en julio de 2024. En su desarrollo, participaron 700 trabajadoras de residencias madrileñas. Estas registraron los tiempos empleados en cada una de sus tareas. ¿El objetivo de la investigación? Analizar cuántas personas se pueden atender de manera "digna" con las 1.772 horas anuales que marca el VIII Convenio Colectivo del sector para 2025. 

De acuerdo con los datos recabados, en la Comunidad de Madrid el 88,38% de las residencias están gestionadas por empresas privadas, mientras que solo el 11,62% dependen de las administraciones públicas. Las ratios aportadas por la propia región se llevan la palma. Actualmente, indica el informe, hay 8.820 trabajadores para atender a las 20.123 plazas con financiación pública en Madrid. Sin embargo, el análisis valora que para garantizar una atención "digna" haría falta una plantilla de 15.773 personas. Es decir, casi el doble de la actual. 

Según los datos del informe, en la Comunidad de Madrid harían falta 83 profesionales por cada 100 residentes a lo largo de todo el día

Según los autores del análisis, las ratios actuales de personal en Madrid "siguen el marco legal autonómico de 1990". "Por aquel entonces, la tipología de residentes era distinta y el porcentaje de grandes dependientes mucho menor. Hoy en día, estas cifras se traducen en 25 gerocultoras por cada 100 residentes no dependientes y 35 por cada 100 dependientes", inciden. Sin embargo, para garantizar una atención "digna", el estudio augura que harían falta 83 profesionales por cada 100 residentes a lo largo de todo el día: 37 en el turno de mañana, 34 en el de tarde y 12 en el de noche. "Todo ello en una comunidad con 55.308 plazas para dependientes, de las que solo 6.430 son totalmente públicas, 13.693 son públicas con gestión privatizada y el resto privadas". "En total, el 93,28% de las residencias madrileñas están gestionadas de forma privada, frente a un 6,72% que permanece bajo gestión pública", completan los expertos.

En el texto, también se menciona el "Plan Velocidad" impulsado por Esperanza Aguirre en 2022. Este proyecto contemplaba residencias de 180 plazas, con 63 concertadas, a un precio fijado mediante concurso público. Unos pasos que la propia Ayuso está siguiendo de cerca, con su proyecto para construir 40 macrorresidencias y 40 centros de día de hasta 150 plazas.

Fernando Flores, presidente de Pladigmare, corrobora a Público que en la antesala del informe se sitúan unas "condiciones laborales muy duras". "Los salarios suelen ser bajos y los beneficios adicionales escasos; la mayoría cobra alrededor de 1.000 euros por una jornada completa, y en algunas categorías el salario base está incluso por debajo del SMI", detalla. Agrega que la elevada contratación a jornada parcial genera "inestabilidad laboral" y obliga a las trabajadoras a asumir varios empleos para cubrir necesidades básicas. Y deja caer: "La combinación de estas pésimas condiciones, la falta de reconocimiento social, las largas jornadas y el estrés propio de los cuidados hace que el sector de la dependencia sea poco atractivo frente a otros sectores".

Con todo, los autores del análisis contemplan una serie de medidas para mejorar el sector: "Garantizar un empleo digno y de calidad, con al menos un 80% de contratos indefinidos y a jornada completa, y que los contratos parciales alcancen como mínimo el 66% de la jornada ordinaria; formación permanente y adaptada para todas las categorías; estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral, especialmente el uso de ayudas técnicas; vigilancia de la calidad asistencial mediante inspecciones sin preaviso y sanciones públicas; que los criterios económicos no sean determinantes en la adjudicación de centros; participación activa de trabajadores y familias en la elaboración de protocolos; coordinación sociosanitaria con el sistema de salud, incluyendo Atención Primaria y especializada; y garantizar la calidad en los menús, elaborados en el propio centro, equilibrados, variados, de temporada, individualizados y adecuados a prescripciones médicas específicas". 

"El asunto no interesa políticamente al PP"

Sobre el veto de la presentación, el portavoz de Pladigmare confiesa a este medio que "el PP no ha dado ninguna explicación sobre la cancelación de la presentación del informe. Simplemente, no lo consideran un acto relevante". Según Flores, "censurar" la difusión pública del estudio y no aplicar sus recomendaciones tiene efectos inmediatos. "Se perpetúa la agonía que vivimos desde 2022, cuando se firmó el Acuerdo de acreditación estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, con mínimos de personal necesarios para evitar el maltrato por falta de cuidados. Acuerdo que en la Comunidad de Madrid no se ha implementado". Tampoco duda en arremeter contra el Ejecutivo popular: "Mientras no se ponga el foco en los cuidados, el mensaje es claro: las personas no importan, importa el negocio. Cada uno que se ponga del lado que quiera, pero antes o después, todos pasaremos por ello".

 Fernando Flores, Pladigmare: "Mientras no se ponga el foco en los cuidados, el mensaje es claro: las personas no importan, importa el negocio"  

Diana Paredes, diputada de Más Madrid en la Asamblea, denuncia en una conversación con Público que el PP, con su mayoría absoluta, "vuelve a usar su poder para censurar un tema" que, según ella, ni les interesa política ni humanamente. Asimismo, critica que este veto evidencia que Ayuso y su partido no respetan la separación de poderes y "tratan la Asamblea como si fuera su propio feudo, al estilo de la Puerta del Sol".

Por su parte, fuentes del PP en la Asamblea de Madrid aseguran a Público que "la presidencia no ha cancelado ningún acto". Según explican, la solicitud presentada por el grupo Más Madrid "no cumple con los criterios establecidos en la norma de uso de las salas institucionales", norma aprobada por la Mesa de la Asamblea en 2008 y de la que, afirman, el grupo parlamentario tenía conocimiento. Según estas fuentes, el acuerdo establece que las salas y actos, incluidos los de carácter formativo, solo se autorizan cuando se trate de "actividades protocolarias, relaciones externas con otros Parlamentos o instituciones públicas, o eventos que contribuyan a la promoción externa de la imagen de la Cámara".