El Gobierno de Ayuso solicita al Ayuntamiento de Madrid 12 parcelas que suman 132.000 metros para construir residencias de gestión privada

A pesar de que la pandemia sacó a la luz las deficiencias del modelo residencial en la Comunidad de Madrid y de las numerosas peticiones ciudadanas para revisarlo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue adelante con su plan para construir 40 macrorresidencias y 40 centros de día para mayores en la región. Esta vez, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, 12 parcelas de suelo público urbano destinadas a la construcción de estas residencias. Según el Ejecutivo regional, los centros serán de gestión privada. 

Las 12 parcelas suman en total 132.000 metros cuadrados. Según ha podido saber Público, de las 12 ubicaciones, solo la de San Blas-Canillejas ha sido confirmada oficialmente por el Ejecutivo madrileño. El resto de las parcelas se reparten en las siguientes localizaciones: tres en Vallecas (una de ellas en Puente de Vallecas y las otras dos en Villa de Vallecas), dos en Vicálvaro, otras dos en Fuencarral-El Pardo, y una en cada uno de los distritos de Latina, Usera, Carabanchel y Villaverde. Estos datos provienen de una solicitud de acceso a la información pública, que ha podido consultar este medio, presentada por el grupo municipal socialista de Madrid.

Fuentes empresariales consultadas por Público confirman que el plan de Ayuso guarda un estrecho paralelismo con el "Plan Velocidad" impulsado por Esperanza Aguirre en 2022. Este proyecto contemplaba residencias de 180 plazas, con 63 concertadas, a un precio fijado mediante concurso público. Además, las mismas fuentes detallan que actualmente el coste del suelo para una residencia de 150 plazas en Madrid oscila entre dos y tres millones y medio de euros.

En plena semana en la que se investigaban en los juzgados los protocolos de la vergüenza que vetaron el traslado de miles de mayores a hospitales durante la pandemia, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sacó pecho durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid de la "buena acogida" que está recibiendo, según ella, el plan de Ayuso. "La respuesta no ha podido ser más positiva", aseguró, subrayando que un total de 59 ayuntamientos han ofrecido 123 parcelas para albergar alguno de estos nuevos centros de mayores. Además, aseguró que ya han inspeccionado 41 solares en 12 municipios, de los cuales 25 están en la capital madrileña. La administración también informó que ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid la cesión de 17 terrenos −12 de ellos se han mencionado en este artículo− para comenzar la construcción de las residencias.

'Público' ha contactado con Asuntos Sociales y con el Ayuntamiento de Madrid para obtener datos actualizados, pero no ha recibido respuesta

Público se ha puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la Consejería de Asuntos Sociales para obtener información sobre las condiciones y requisitos para la cesión de suelo, así como los criterios seguidos para elegir las ubicaciones de las residencias. Además, se ha solicitado un calendario detallado que recoja las fechas previstas para la licitación, el inicio de las obras y la finalización de cada uno de los centros. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, este medio no ha recibido respuesta por parte de ninguna de las dos instituciones.

El Gobierno regional defiende que su proyecto (para el que se prevé una inversión de casi 500 millones de euros) se articulará a través de un modelo de "colaboración público-privada", a pesar de que en la Comunidad de Madrid solo 25 de 500 residencias son públicas. El Ejecutivo señala que la planificación definitiva tendrá en cuenta factores como las "características sociodemográficas de cada territorio, la demanda real de plazas y la disponibilidad de recursos residenciales y de atención diurna en la red pública de Servicios Sociales". Asimismo, Dávila aseguró el pasado jueves que la elección de las ubicaciones para estas nuevas infraestructuras responde a "criterios objetivos como la edificabilidad, la conexión con el transporte público o la cercanía a otros servicios". 

Por su parte, Ana Lima, concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, señala en declaraciones a Público que "no podemos perpetuar ni reforzar un modelo deficiente, obsoleto e ineficiente, donde prima el beneficio económico por encima de la atención, y en el que la Comunidad de Madrid ejerce poco o ningún control".

Ana Lima, concejala socialista: "Pedir parcelas sin analizar los equipamientos y necesidades sociales es empezar la casa por el tejado"

Lima insiste en que, dada la complejidad y las características del municipio de Madrid, "es fundamental contar con una planificación rigurosa para la distribución territorial de estos centros". Según la concejala, en la carta que envió el Ejecutivo de Ayuso a los municipios −a la que tuvo acceso Público− se solicita la cesión de parcelas "sin aportar detalles sobre el desarrollo del proyecto ni sobre la participación de los propios municipios en la toma de decisiones". "Pedir parcelas a los distritos sin tener en cuenta la situación previa en equipamientos y necesidades sociales es empezar la casa por el tejado", critica. Por ello, propone suspender la entrega de parcelas, exigir condiciones claras, involucrar a todas las partes afectadas y reformular el proyecto: "Residencias sí, pero no así".

El "pelotazo" de las macrorresidencias

Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Dávila no mencionó que el proyecto del Gobierno de Ayuso choca de lleno con el Acuerdo de acreditación estatal de 2022 (que Madrid no aprobó), pero que guía la acción del Ministerio de Derechos Sociales. Por ejemplo, mientras la Comunidad de Madrid prevé residencias con hasta 150 plazas "con al menos un 50% de habitaciones individuales, y el resto de un máximo de dos plazas", el propio Ministerio recomienda un máximo de 120 plazas en entornos urbanos "para garantizar un trato más humano y cercano a los residentes". Además, el plan de Ayuso también prevé un recorte en personal: la normativa madrileña impone una ratio de solo 0,45 trabajadores de atención directa por residente, muy por debajo del 0,51 que establece el Gobierno central. Asimismo, cada unidad de convivencia sería de 25 personas en lugar de las 15 que establece el modelo de atención centrado en la persona.

Silvia Monterrubio, diputada del PSOE: "Con 2.400 plazas públicas y unas 6.000 por residencia, el 60% de las plazas serán privadas"

La primera de estas macrorresidencias verá la luz en el barrio de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, y, según confirmó el Gobierno regional a Público en febrero, dispondrá de 150 plazas. 

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Silvia Monterrubio, no dudó en desmontar el anuncio de la consejera Dávila: "Esto no es un plan, es un pelotazo", le espetó. Según Monterrubio, detrás de las 40 macrorresidencias con 150 plazas cada una, "se esconde un negocio redondo". "40 residencias por 150 camas son 6.000 plazas. Solo con la facturación que eso implica estamos hablando de más de 200 millones de euros". 

Pero el verdadero problema, advirtió, es que "de esas 6.000 camas, apenas 2.400 serán públicas −así lo confirmó el Ejecutivo regional−, lo que supone que el 60% de las plazas estarán en manos privadas". "Su superplan ya nace con suelo público, dinero público, construcción y plazas privadas; y el resto, externalizado. Un negocio disfrazado de servicio público. No se puede vender al mejor postor el cuidado de las personas mayores", denunció.

Comida en mal estado y personal sobrecargado

En septiembre de 2022, miles de personas tomaron las calles de Madrid para exigir un giro en la gestión de las residencias de mayores. Denunciaron que "la privatización en centros públicos condiciona la calidad del servicio" y pidieron el fin de las macrorresidencias. Carmen López, familiar de una víctima de los protocolos de la vergüenza y portavoz de Marea de Residencias, asegura a Público que "la privatización no solo degrada los servicios, sino que también malgasta recursos públicos, precariza el empleo y afecta gravemente nuestra vida diaria". "La pandemia puso al descubierto el fracaso rotundo de este modelo, con consecuencias trágicas".

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"El Tribunal de Cuentas Europeo lanzó en 2018 un informe demoledor en el que denunciaba la peligrosa injerencia del sector privado en la gestión pública. En aquel documento, instaba a los Estados miembros a evitar modelos de gestión público-privada, señalando que la relación calidad-precio y la transparencia se veían gravemente afectadas por políticas y estrategias poco definidas", señala López. Sin embargo, lamenta: "No se aprenden las lecciones; siguen primando intereses que poco o nada tienen que ver con el bienestar real de la ciudadanía".

Marta Carmona, diputada de Más Madrid: "Lo único que les importa es adjudicar al mejor postor, sin importar la calidad ni las condiciones técnicas"

Para Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea, el modelo de macrorresidencias "implica precarización laboral, sobrecarga del personal y una atención deficiente a los usuarios". "En la Comunidad de Madrid, este enfoque se ha convertido en una bandera para aplicar recortes agresivos en la concesión de contratos y externalizar servicios al precio más bajo posible", denuncia. Carmona señala que esta política ha llevado a casos escandalosos, como la distribución de comida en mal estado en algunas residencias. "Lo único que les importa es adjudicar al mejor postor, sin importar la calidad ni las condiciones técnicas, ya sea en la alimentación o en cualquier otro servicio", concluye en una conversación con Público.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales trasladan a Público la importancia de que la inversión en infraestructuras residenciales "vaya acompañada de un refuerzo real del sistema de apoyos domiciliarios", especialmente del Servicio de Ayuda a Domicilio, que "actualmente enfrenta importantes desafíos en la Comunidad de Madrid". "La Consejería de Ayuso también ha anunciado la creación de plazas en residencias destinadas a la convivencia de personas mayores con hijos e hijas con discapacidad, una propuesta que podría entrar en conflicto con los principios de vida independiente y participación comunitaria, pilares fundamentales en la atención a personas con discapacidad", apuntan.

Derechos Sociales: "Una inversión en residencias debe acompañarse de un refuerzo de los apoyos a domicilio y apostar por la vida independiente"

Desde el Ministerio subrayan que "el objetivo debe ser garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con mayores necesidades de apoyo, puedan desarrollar un proyecto de vida propio e independiente". Por ello, remarcan que cualquier mejora en la red residencial debería ir acompañada de "un compromiso decidido para potenciar alternativas que permitan a las personas vivir con los apoyos necesarios en sus propios hogares", opción que la mayoría de ellas prefieren.

Ayuso rompe el pacto estatal de residencias

El plan de Ayuso se construye en un contexto marcado por el rechazo de la Comunidad de Madrid al acuerdo promovido en 2022 por el Ministerio de Derechos Sociales, entonces liderado por Ione Belarra. Aquel pacto, que aspiraba a modernizar el modelo de residencias, buscaba fomentar un entorno más cercano al concepto de "hogar" y reducir la cantidad de residentes por unidad a un máximo de 15 personas para garantizar intimidad. También incluía medidas para priorizar la dignidad de los residentes y limitar la capacidad de las residencias entre 75 y 120 plazas, en función de su ubicación. 

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Sin embargo, Madrid, junto a otras comunidades del Partido Popular (Castilla y León optó por abstenerse y volcó la balanza hacia el rechazo), nacionalistas y dos socialistas, bloquearon aquel consenso. En lugar de aplicar esas recomendaciones, en noviembre del año pasado, el Gobierno de Ayuso aprobó su propia normativa, que permite construir macrorresidencias de hasta 150 plazas.