El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la construcción de una nueva residencia de mayores en la Comunidad de Madrid con criterios diferentes a los recomendados por el Ministerio de Derechos Sociales. Una normativa que supera los límites de plazas aprobados y recomendados tras la pandemia de la covid-19 y que tiene ratios de trabajadores que, para cuando se inaugure el centro, estarán obsoletos. 

Ayuso ha quedado marcada, y así se lo recuerda la oposición constantemente, como la presidenta que dejó morir en las residencias a 7.291 personas durante la primera ola de coronavirus en España. Con la intención de borrar ese pasado, la Consejería de Asuntos Sociales ha puesto en marcha un proyecto para construir 40 residencias de mayores en la Comunidad. La primera se levantará en el barrio de Las Rosas, en San Blas, y será una macrorresidencia de mayores con capacidad para 150 personas, tal y como ha confirmado el Gobierno del PP a Público.

El centro prometido —aún sin fecha de apertura y en los primeros trámites de construcción— tiene algunos detalles significativos: apuesta por el formato de las macrorresidencias cuando expertos y el propio Gobierno aboga por su desmantelamiento, y desoye los límites de plazas impuestos por expertos para el cuidado ideal de los mayores. Además, establece pautas al margen de las diseñadas por el Ministerio de Derechos Sociales.

El proyecto, según explican desde el Gobierno, será de "colaboración público-privada" y apuntan que "los proyectos definitivos se decidirán en función de variables sociodemográficas, de la demanda actual de plazas por cada zona y de la disponibilidad en cada una de ellas de plazas residenciales y de atención diurna del Sistema Público de Servicios Sociales".

La pandemia demostró que el modelo de las residencias de mayores en España necesitaba una transformación. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, firmó un acuerdo con las Comunidades Autónomas para aumentar ratios de trabajadores y limitar las plazas de las residencias a 75, acabando así con estancias mastodónticas de 200 y hasta 500 personas. Solo en casos excepcionales se podría llegar hasta las 120 plazas, una cifra que le costó las críticas del sector. Pero la Comunidad de Madrid se desentendió de ese acuerdo y el pasado noviembre publicó su propia normativa, que permite la construcción de macrorresidencias de hasta 150 plazas.

La Comunidad de Madrid dio luz verde el pasado noviembre a su propia normativa, diferente a la elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, que en 2022 estableció un marco normativo con la intención de homogeneizar criterios para toda España. El Gobierno de Ayuso votó en contra del acuerdo y finalmente ha presentado su propia legislación. El aforo de Madrid supera los límites ideales recomendados y no alcanza los ratios de personal propugnados por el Ministerio. 

Madrid, a favor de las macrorresidencias

El PSOE de Madrid ha sido quien ha puesto el foco sobre esta nueva construcción: "El nuevo modelo [diseñado por el Gobierno] está basado en las tendencias europeas de cara a los cuidados y lo que no tiene lógica es que eso no se tenga como referencia en la Comunidad de Madrid", apunta Ana Lima, concejala del partido en el Ayuntamiento de Madrid.

Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea, apunta que "a Ayuso le vale todo para hacer negocio", donde también se incluyen los mayores: "Va a perpetuar unas residencias que son cementerios con un solo objetivo, que el capital siga llenándose el bolsillo. De paso, se declara insumisa de las propuestas del Gobierno de España para que estos centros sean más pequeños, parecidos a un hogar. Total, los mayores se iban a morir igual", resalta con relación a la frase que pronunció la presidenta durante una intervención en el Pleno. 

Rosa Martínez: "Lamentamos que Ayuso destine tanto dinero a perpetuar un modelo obsoleto y que va en contra de la evidencia científica"

Rosa Martínez, la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, perteneciente al Ministerio de Pablo Bustinduy, lamenta la decisión del Gobierno de Madrid: "Lamentamos que el Gobierno de Ayuso esté destinando tanto dinero para perpetuar un modelo que ya se ha demostrado obsoleto y que va en contra de los criterios acordados y de lo que dice la evidencia científica. Sería deseable que todo ese dinero se invirtiese en avanzar en el nuevo modelo de cuidados, basado en una atención personalizada y de proximidad, que supondrá una mayor autonomía y calidad de vida para las personas con dependencia", declara a Público.

Además de sobrepasar los límites de plazas recomendados por la comunidad científica, la normativa de la Comunidad de Madrid exige ratios de trabajadores (0,45 trabajadores de atención directa frente al objetivo del 0,51 que implanta el Ministerio) y, además, Madrid establece que cada unidad de convivencia es de 25 personas y el documento del Gobierno limitaba el dato a 15.

La fórmula bajo la que Ayuso pretende levantar estas residencias despierta malestar entre las organizaciones de familiares y afectados por los muertos durante la covid-19. Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, asegura a este medio que "residencias de 125 plazas ya parece excesivo", de forma que "con residencias de 150 plazas, es inviable que las personas sientan calor de hogar", lamenta.

"Exigimos responsabilidad e implicación por parte de todas las instituciones para que, después de la tragedia vivida en 2020, se pongan todos los medios necesarios para solucionar, y no parchear, la situación insostenible de las residencias de todo el estado, situación especialmente precaria en la Comunidad de Madrid", zanjan desde Marea de Residencias.