El foco de la investigación sobre las muertes en las residencias durante la pandemia se amplía este martes con la declaración en un juzgado de Leganés (Madrid), como testigos, del exconsejero de Políticas Sociales de Madrid Alberto Reyero, el presidente del grupo HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, y el exasesor de Isabel Díaz Ayuso Antonio Burgueño. El pasado día 26, la titular de otro juzgado, el de Instrucción número 3 de Madrid suspendió los testimonios tanto de Burgueño como de los dos primeros ex altos cargos de Madrid imputados, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, tras pedirlo sus defensas. 

Con la declaración de Alberto Reyero en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés se volverá a escuchar una de las primeras voces críticas –también la de mayor rango– con los conocidos como protocolos de la vergüenza, que dejaron sin atención hospitalaria a los residentes contagiados en la Comunidad de Madrid. Además, se escuchará la de las querellantes, familiares de dos residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia. Al igual que los familiares de víctimas del covid que han reactivado la investigación en el juzgado número 3 de Madrid, acusan al Gobierno regional de un supuesto delito de discriminación en la prestación sanitaria.

El próximo día 17 declararán también en Leganés, y como imputados, los dos ex directores generales de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia, Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo; el entonces responsable de las ambulancias de la región, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Además, las explicaciones de Abarca Cidón este martes permitirán aclarar por qué, si los hospitales privados pusieron sus camas a disposición de la Comunidad de Madrid, éstos no atendieron a ningún residente enfermo procedente de residencias públicas que careciera de seguro privado. Finalmente, Antonio Burgueño tendrá ocasión de revelar ante la jueza los detalles del plan de choque contra el covid que su consultoría elaboró para el Gobierno de Díaz Ayuso pero nunca llegó a ponerse en marcha.

Alberto Reyero dimitió el 2 de octubre de 2020, tras una dura pugna con el resto del Ejecutivo del que formaba parte para conseguir la medicalización de las residencias, primero, y la atención de los mayores en los hospitales, después. Pero ya meses antes de su cese, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el 1 de junio, el político de Ciudadanos había advertido de que los criterios de exclusión hospitalaria aplicados a los mayores residentes y basados en niveles de dependencia y discapacidad, no sólo no eran “éticos”, sino que posiblemente ni siquiera eran “legales”.

De ese riesgo era consciente desde el primer momento el Gobierno de Díaz Ayuso. El propio Reyero se lo había hecho saber al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una carta que le envió el 31 de marzo, en plena primera ola de la pandemia. “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y, en el caso de las personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro de que no compartimos ninguno de nosotros y que puede ocasionarnos problemas legales en el futuro”.

Ni médicos en las residencias ni atención en el hospital

No obstante, ya el 22 de marzo había expresado por correo electrónico, tanto al director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, como al propio consejero, su “preocupación” por la falta de medicalización de las residencias y por los mencionados criterios de exclusión hospitalaria. Gran parte de los “grados 3” de dependencia “estarían incluidos entre las personas excluidas”, alertaba Reyero a Mur, a quien hizo notar que son estos mayores precisamente “los más numerosos” en las residencias. La falta de atención médica en estos centros, resaltaba, “abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas”. Como finalmente ocurrió.

El aún consejero de Políticas Sociales desglosó las cifras del problema ante la Asamblea de Madrid poco después, el 14 de abril: de las 475 residencias madrileñas, 135 no tenían médico, el 28%, y 106, el 22%, sólo contaban con un facultativo en turno de mañana. Además, en ese momento, el 22% de los médicos y el 26% de las enfermeras de las residencias estaban de baja.

De ahí que solicitara a su compañero de consejo de gobierno Ruiz Escudero una “medicalización de las residencias” que sólo podría facilitar la Consejería de Sanidad “o puntualmente las brigadas sanitarias del ejército”, recalcó.

Y no era una petición exagerada. El 12 de marzo, tres días antes de que se declarase el estado de alarma, la Comunidad de Madrid había creado un “mando único de la sanidad”, que Díaz Ayuso no dudó en calificar de hecho “histórico”. A sus órdenes quedaban 102 hospitales: 34 públicos y 68 privados. “Funcionaríamos [sic] como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!”, presumió la presidenta en la Asamblea el 29 de abril.

Como el 23 de marzo una orden ministerial había otorgado el control de las residencias a las comunidades autónomas, Alberto Reyero pidió por whatsapp a sus compañeros del consejo de gobierno, que iban a reunirse al día siguiente, el nombramiento de un responsable de la Consejería de Sanidad para que se hiciera cargo de la atención médica en los centros de mayores. “La situación es realmente preocupante, no os voy a engañar. Y debemos tomar decisiones acerca de cómo medicalizar estas residencias, aislar a los residentes, etcétera”, les urgía. Es más, según contó después en el libro Morirán de forma indigna, solicitó 50 médicos y 50 enfermeras para las residencias con necesidades más urgentes. Una petición “modesta”, precisaba, “porque se necesitaban muchos más recursos”. La situación era “límite”.

Sin embargo, el exconsejero sólo recibió “evasivas”, según revela en el libro. “Sólo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”, resume.

Médicos y enfermeras preferían Ifema

Aun así, siguió intentándolo. Reyero escribió una nueva carta a Enrique Ruiz Escudero, el 11 de abril, donde le advertía de las “lagunas importantes” del mando único en la atención a los mayores: “Me refiero al imprescindible apoyo sanitario en residencias y a la escasa derivación hospitalaria de sus usuarios”.

En concreto, le insiste en que debe poner en marcha la “tan anunciada” medicalización de los centros y en que las cifras de derivación de mayores a hospitales son “tremendamente bajas y preocupantes”. Una crítica que le han hecho llegar, además, “algunas patronales del sector”, añade. De modo que vuelve a reclamar “una solución distinta a la actual” con una “implicación mayor de Sanidad, en línea con lo que se está haciendo” en otras comunidades autónomas. El consejero de Políticas Sociales le reprocha al de Sanidad que en la Comunidad de Madrid no se considere “un colectivo prioritario” dentro del mando único sanitario a los usuarios de las residencias. “Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”, le recrimina.

En efecto, Sanidad enviaba a Políticas Sociales listados de personal sanitario para que esa consejería los contratara. “Algo que no funciona, porque competimos con Sanidad y, al final, la mayoría [de los médicos y enfermeras] prefiere ir a Ifema que a una residencia”, lamenta Alberto Reyero. Entre marzo y abril de 2020, la consejería de Ruiz Escudero envió 1.400 médicos y enfermeros al hospital de campaña de Ifema, 350 a los hoteles medicalizados pero sólo 54 a las residencias.

149 residentes con seguro privado

Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los mayores grupos privados del sector en España, explicó en la comisión de investigación sobre el covid el 9 de octubre de 2020 las reuniones diarias que mantenían sus directivos con los responsables de la Consejería de Sanidad durante la pandemia, “incluso sábados y domingos”. En ellas, aseguró, se hacía un balance diario de la situación y se “ponían a disposición todas las camas que había libres, tanto de UVI como de planta, en los hospitales privados”.

Sin embargo, admitió que los hospitales de HM recibieron residentes contagiados sólo de los hospitales públicos; de los centros de mayores no les llegó ninguno. Excepto si eran “pacientes de aseguradoras, que traían las ambulancias de las aseguradoras”. En concreto, HM Hospitales atendió a 149 residentes con seguro privado, indicó a los diputados madrileños.

Un plan de choque fantasma

Antonio Burgueño, el tercer testigo citado a declarar este martes en Leganés, fue presentado en su día como “asesor principal” de la presidenta madrileña. Socio de una consultora sanitaria y ex director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, elaboró un plan de choque para hacer frente a la pandemia. Ese plan incluía la medicalización de las residencias y la atención hospitalaria de sus sus usuarios. En una entrevista concedida al periódico El País en junio de 2020 dejó claro que esa medicalización no se llevó a cabo. Según dijo, “faltó jerarquía, rapidez y eficacia”.

Burgueño también compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea madrileña, donde dijo que habría hecho falta “un ejército de 250 médicos” para prestar la atención necesaria en las residencias. Esos facultativos deberían haber salido de los centros de Atención Primaria, al tiempo que deberían haberse enviado a los mayores enfermos a “hospitales de agudos y hospitales de larga estancia”, sostuvo. Ésa era una de las medidas de las 270 que componían su “plan de guerra”, presentado a los responsables del Gobierno madrileño el 12 de marzo. Sólo un día antes, por tanto, de que comenzase a aplicarse la exclusión hospitalaria de los residentes por su nivel de dependencia.

Aunque Burgueño no llegó a hacer realidad su plan de choque, su hija Encarnación fue contratada durante 12 días para ejecutar la que se bautizó como Operación Bicho, un plan de visitas a las residencias llevado a cabo sólo por cuatro ambulancias subcontratadas por Cardio Líder –la empresa de Encarnación Burgueño–, y encargado por Carlos Mur.