En plena crisis sanitaria, cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pablo Busca Ostalaza estuvo en el centro del engranaje de emergencias madrileñas durante la pandemia de la covid-19 por su cargo como director gerente del SUMMA 112, el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid. Un engranaje que marginó a miles de residentes enfermos, que no fueron derivados a los hospitales en marzo y abril de 2020.

Pablo Busca se ha convertido ahora en el tercer ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputado por la gestión de las residencias, después de que un Juzgado de Leganés abriese una investigación tras la querella de dos familiares de víctimas. Los otros dos imputados son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el firmante y el ideólogo de los conocidos como Protocolos de la vergüenza.

Tras la firma digital de los Protocolos los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, Carlos Mur de Víu los distribuyó por correo electrónico entre altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, que debían garantizar su aplicación. En esos correos siempre incluía a Busca en copia. La función del entonces director del SUMMA fue "determinante" para el bloqueo de las derivaciones, sostienen los familiares de residentes que presentaron las iniciativas judiciales que están llevando a la imputación de exaltos cargos de Ayuso. Aseguran que bajo su gestión se activó un filtro clínico que acabó, de facto, "restringiendo el acceso a ambulancias públicas" a miles de mayores. Solo podían ser trasladados si contaban con la autorización previa del "geriatra de enlace" del hospital público.

Antes de la pandemia, el mecanismo era simple: la residencia llamaba al 112 y la ambulancia acudía. Pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cambió las reglas. Se instauró un circuito más rígido, recogido en los Protocolos, que exigía la autorización del geriatra de enlace del hospital para que la ambulancia fuera a recoger a la persona enferma. De esta forma se evitaba que las residencias pudieran saltarse los Protocolos llamando directamente al SUMMA.

Los únicos que pudieron saltarse el mecanismo instaurado por los Protocolos fueron los residentes con seguro médico privado, que llamaban a una residencia privada para que los trasladase a un hospital privado.

Alrededor del 10 de marzo, según relató el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en su libro Morirán de forma indigna, la dirección médica del SUMMA 112 −es decir, bajo la batuta de Busca− transmitió instrucciones verbales para que no se recogiera a pacientes de residencias. "No puedo demostrarlo como con los protocolos escritos, pero doy verosimilitud al testimonio", escribió Reyero. Durante toda esa etapa, Busca tenía como jefa directa a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Sanidad y hoy consejera de Asuntos Sociales, departamento responsable de las residencias.

El sanitario dirigió el SUMMA 112 durante siete años, entre 2015 y 2022. Nunca hasta ahora tuvo que comparecer ante un juez, ni ante la comisión de investigación parlamentaria. Estuvo citado en su momento, pero la disolución anticipada de la Asamblea truncó su intervención. En agosto de 2022 dejó el cargo por una "reorganización" tras la fase aguda de la covid-19, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En su carta de despedida, Busca habló de "gratitud" y del "honor" de haber dirigido la respuesta sanitaria durante la pandemia. Desde octubre del año pasado, dirige el área de Emergencias de Osakidetza, el sistema vasco de salud.