La estrategia de Ayuso de borrar de la historia 7.291 muertes se tambalea en los tribunales por el coraje de las familias

"Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre [...] con las mismas mierdas". Así se refería Isabel Díaz Ayuso en un pleno reciente en la Asamblea a las víctimas de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados, para este lunes 26 de mayo, a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables durante esas críticas semanas de la coordinación sociosanitaria en la región. Se les investiga por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. La decisión judicial ha vuelto a traer a la agenda política la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores durante los meses de marzo y abril de 2020. Madrid fue la ciudad de Europa con mayor exceso de mortalidad por la covid-19 y las decisiones del Gobierno del PP jugaron un papel fundamental durante esos meses. 

Una combinación de resistencia de las familias de los fallecidos y digestión social de todo lo ocurrido en la pandemia han hecho que, cinco años después, la presidenta de la Comunidad de Madrid se muestre incapaz de marcar distancias sobre lo ocurrido en las residencias de mayores en la primavera de 2020. Entre sus decisiones destacaron los llamados protocolos de la vergüenza, documentos que se firmaron entre el 18 y el 25 de marzo en los que se impedía la derivación hospitalaria de las personas mayores en las residencias. Debían ser atendidos en las propias residencias, a pesar de la falta de recursos médicos, y no serían trasladados a hospitales para recibir tratamiento salvo si contaban con un seguro privado, en cuyo caso eran derivados a un hospital público.

La presidenta defendió durante meses que eran un "borrador", cuando estaban firmados digitalmente por su director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, e incluso intentó responsabilizar a Pablo Iglesias de la gestión cuando aun este era vicepresidente del Gobierno de España. Desde entonces, la oposición ha pedido reiteradamente su dimisión mientras la familias intentaban, sin éxito, que la tragedia prosperase en los tribunales. 

Las primeras denuncias sobre esta práctica de triaje fueron casi en tiempo real, cuando las personas mayores perecían sin asistencia médica en los centros de la Comunidad de Madrid. El encargado de ello fue Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en ese Gobierno de coalición que PP y Ciudadanos conformaron durante apenas dos años. El alto cargo dijo, al conocer esas órdenes firmadas por el Ejecutivo, que no eran éticas "y posiblemente" tampoco legales. El entonces consejero se dirigió al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, los días 22 y 31 de marzo y 11 de abril para mostrar sus discrepancias. En mayo de 2020 llegó la primera querella, a manos de la plataforma Marea de Residencias, y fue el día 13 de ese mes cuando fue cesado Carlos Mur, que tendrá que declarar como investigado este lunes tras la citación de la justicia. 

Ha pasado un lustro de aquello y los 7.291 fallecidos no solo no han caído en el olvido, sino que su historia despierta un malestar cada vez mayor entre la opinión pública. Eso también habría llevado a un cambio en el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Tras un período en el que había intentado pasar de puntillas por el asunto, desde hace unos meses ha aumentado su beligerancia e incluso ha atacado a las familias. "El cambio de discurso viene ocasionado por la sorpresa que se llevó al ver que han intentado tapar la historia y aun así el tema no ha muerto. Además, desde octubre del año pasado se cambió la estrategia judicial y se piden investigaciones centradas en la discriminación por atención sanitaria. Y las querellas van dirigidas a personas no aforadas", analiza Alberto Reyero durante una conversación con Público. Han pasado cinco años y la presidenta no se ha reunido con los familiares de las víctimas, pero sí ha tenido tiempo para retarlos, como hizo hace unos meses: "Estoy esperando a que vengan a verme", dijo en un evento. 

Otro de los asuntos que ha mantenido la mecha de la protesta encendida tuvo que ver con la medicalización de las residencias de mayores, una promesa de la presidenta en plena pandemia, que en realidad nunca llegó a ejecutar. Ayuso tan solo derivó a las residencias a 54 sanitarios y dio prioridad a un hospital improvisado en IFEMA, donde fueron a parar 1.421 profesionales facultativos y de enfermería. El mismo Carlos Mur reconoció en una comparecencia en la Asamblea de Madrid que levantar un hospital de campaña impidió medicalizar las residencias, mientras en IFEMA solo se atendieron a 23 personas derivadas de los centros de mayores, todos ellos con síntomas leves. Como diría más adelante un informe de Amnistía Internacional, las residencias de mayores "fueron abandonadas a su suerte". 

Las formas de olvidar del Gobierno de Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado, de muchas formas, desviar la atención sobre los protocolos de la vergüenza, los 7.291 fallecidos y la deficiente atención sanitaria que hay en la región por una infrafinanciación permanente. El único intento real que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid para conocer el funcionamiento y órdenes del Gobierno durante la pandemia fue durante una comisión de investigación que se pudo llevar a cabo en 2021, pero que fue clausurada en cuanto Ayuso obtuvo mayoría suficiente tras el adelanto electora de aquel año.

Esa comisión de investigación esclareció muchas cuestiones y fue la única vez en la que la oposición política pudo tener, cara a cara, a muchos de los responsables de la gestión. Purificación Causapié era diputada del PSOE y participó en ella: "Desveló bastante sobre cómo se aplicaban los protocolos y el propio Carlos Mur me respondió a una pregunta diciendo que sus superiores estaban al tanto de todo. Había conocimiento por parte del consejero de Sanidad y de la presidenta", recuerda la exdiputada, que también constató que las residencias nunca se medicalizaron: "Eso también se evidenció en la comisión, con la presencia de varios directores de residencias", apunta.

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La comisión se interrumpió y nunca más pudo reanudarse. Desde entonces, la Asamblea de Madrid se ha convertido en una trituradora de propuestas que han impedido que se realice cualquier investigación similar. La mayoría de PP y Vox siempre ha sido un impedimento y el Gobierno regional ha vetado hasta en ocho ocasiones la creación de comisiones de estudio sobre las residencias en la Comunidad de Madrid y su gestión en la pandemia. Incluso se han vetado comparecencias como la de María Victoria Zunzunegui, epidemióloga que lleva años investigando sobre lo ocurrido en las residencias en toda España y que fue llamada a una comisión ordinaria. Ante la posibilidad de que mencionase los 7.291 fallecidos, se impidió su comparecencia.

En esa estrategia de silenciamiento, Ayuso tuvo una importante ayuda en el frente judicial. Dos años después de los protocolos de la vergüenza, la Fiscalía no había investigado el 98,22% de los fallecimientos producidos sin derivación hospitalaria, y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, había excluido de la investigación todas las decisiones adoptadas por el Gobierno de Ayuso. En total, más de 300 familiares presentaron querellas que, en su mayoría, fueron archivadas. Estos años, los posteriores a las elecciones adelantadas de 2021 y hasta la mayoría absoluta de Ayuso de 2023, el escándalo de las residencias se movió en un limbo entre el hartazgo ciudadano por la pandemia y el bloqueo político del PP en Madrid para emprender una investigación que esclareciera la verdad. Pero las familias, a través de manifestaciones incansables y denuncias internacionales en el Parlamento Europeo, nunca arrojaron la toalla. 

Ante el silencio judicial y la sensación de olvido en la opinión pública, se organizó una Comisión Ciudadana por la Verdad presidida por el ex magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, donde desfilaron un gran número de familiares para relatar sus casos y denunciar las angustiosas muertes de sus seres queridos fruto de los protocolos. La conclusión principal fue que, de haberse garantizado la asistencia médica y no haber existido esos protocolos de no derivación hospitalaria, alrededor de 4.000 personas podrían haber salvado sus vidas.

Una Ayuso más agresiva

El despertar se produjo ya durante la legislatura vigente en la Comunidad de Madrid, iniciada en 2023 con la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, tal vez fruto de su triunfo, intentó revertir el discurso e intentó desmontar las denuncias de los familiares de las víctimas. En un pleno en la Asamblea en febrero de 2024, restó importancia a lo sucedido y llegó a afirmar que en esos días de la pandemia la gente "no se salvaba en ningún sitio". La frase caló en la opinión pública —muchos la reescribieron como "se iban a morir igual", aunque Ayuso no llegó a ser tan explícita— y la tragedia de las residencias de mayores regresó primero a la agenda informativa madrileña y, después, a la nacional. A los pocos meses de aquella frase, Más Madrid colocó unas lonas para recordar los 7.291 fallecidos y las referencias a los protocolos de la vergüenza se volvieron aún más constantes en la Asamblea de Madrid. "El dolor de las víctimas crece con el tiempo y Ayuso solo huye hacia adelante, negándose a pedir perdón, a mostrar cualquier tipo de empatía hacia las víctimas y a reconocer el daño causado, mostrando la cara más cruel de la presidenta", asegura a Público Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid.

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Para intentar revertir la situación, la presidenta leyó dos presuntas cartas de quienes habrían visto morir a sus mayores en residencias, pero que no culpaban a Ayuso de ello. Cartas cuyo autoría Ayuso nunca desveló. En diciembre de 2024, la presidenta tuvo una respuesta que no esperaba: llegaron a la Asamblea 29 cartas firmadas con nombres y apellidos de familiares de víctimas que responsabilizaban a Ayuso de haber visto morir a sus familiares. 

Y lo que terminó de desconcertar a la presidenta fue que la presión y las críticas tomaran vuelo y se alejaran de la Asamblea de Madrid para llegar al Congreso de los Diputados, el Senado y la televisión pública. La presidenta, con aspiraciones a jugar un papel clave en la política nacional, vio cómo un documental sobre las muertes en residencias de mayores se emitía en RTVE el pasado 13 de marzo, en el quinto aniversario de la pandemia, y cómo el ministro Óscar López, que también es secretario general del PSOE en Madrid, elevaba la confrontación para que dejara de ser un debate madrileño y se transformara en un debate nacional. Mar Espinar, la portavoz de la formación socialista en la Asamblea, ve en el paso de los años una clave: "El tiempo pasa y siempre corre a favor de la conciencia. El dolor de tanta gente es imposible de silenciar, por eso cinco años después hay más indignación, porque se ven las cosas con más perspectiva, con más distancia. ¿Cómo fueron capaces de algo tan cruel?", se pregunta.

Con la emisión del documental fue cuando Ayuso pasó al ataque y llegaron los, hasta ahora, últimos coletazos del conflicto político que no ha sido capaz de resolver en cinco años. En el quinto aniversario de la pandemia, la Comunidad de Madrid distribuyó un documento que negaba los 7.291 muertos y reducía la cifra hasta 4.100. En él, se cargaba duramente contra el exconsejero Alberto Reyero y la izquierda de la Comunidad de Madrid porque "el número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento", aunque el dato salió de la propia consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Ayuso en 2020.

¿De dónde sale la cifra de 7.291 que niega Ayuso? Pues de su propio Gobierno. Manuel Rico, ahora director de Público, solicitó en mayo de 2020, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre los fallecimientos producidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centros e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó el 28 de julio. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad remitió un documento llamado Anexo I del que se extrae esa cifra, que fue publicada en infoLibre, donde Manuel Rico era jefe de investigación.

Durante esos días del aniversario, Ayuso no participó en un homenaje improvisado en forma de aplauso a los familiares de las víctimas que acudieron a un pleno de la Asamblea de Madrid y aseguró que el PSOE se dedicaba a "retorcer el dolor de las víctimas". Ahora que dos altos cargos de su Gobierno están llamados a declarar como investigados, los familiares esperan respuestas: "Que tiren de la manta y digan quién dio la orden", reclaman.