Dos juzgados de la Comunidad de Madrid han citado a declarar la próxima semana, en calidad de investigados, a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ambos órganos judiciales indagan si estas personas pudieron incurrir en un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes enfermos durante la primera ola de la pandemia. En las causas también figuran como imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.

El martes 9 de diciembre, los tres ex altos cargos deberán comparecer como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que instruye la querella presentada por la familia de una residente de Amavir Valdebernardo. Un día después, volverán a declarar, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, en el procedimiento abierto a raíz de la querella de un familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.

Los investigados son Carlos Mur de Víu, firmante del protocolo de la vergüenza —el documento que vetó el traslado a hospitales públicos de miles de residentes— y que en marzo de 2020 ocupaba la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, el principal arquitecto de aquel protocolo y sucesor de Mur al frente de ese mismo departamento; y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el servicio que gestionaba las ambulancias públicas durante la pandemia en la región.

El origen de estos procedimientos se remonta a las denuncias presentadas por familiares de víctimas. Los ex altos cargos ya están imputados en ocho procedimientos judiciales distintos. Los colectivos Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia esperan que comparezcan por fin ante la Justicia. "Confiamos en que declaren de una vez por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias", sentencian.

Entre inhibiciones y recursos

No es la primera vez que los ex altos cargos son llamados a rendir cuentas ante la Justicia. En dos ocasiones anteriores estaban citados como imputados, pero ninguna llegó a materializarse. El 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las declaraciones después de que los investigados alegaran no haber recibido la documentación del caso. Semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés el que paralizó las comparecencias al inhibirse en favor del propio Juzgado número 3, al considerar que ya estaba investigando los mismos hechos. De hecho, más de una decena de juzgados optaron por inhibirse en favor del Juzgado 3, siguiendo la solicitud presentada por el abogado de Martínez Peromingo.  

La batalla sobre qué juzgado debe asumir la investigación de las causas abiertas sigue sin resolverse. La decisión final está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá pronunciarse después de que el Juzgado de Instrucción número 3 rechazara asumir y unificar todos los procedimientos. Mientras Martínez Peromingo insiste en que todas las diligencias deberían concentrarse precisamente en ese juzgado, Mur defiende la vía contraria: que cada caso sea investigado en el partido judicial donde vivía la víctima. Entre tanto, varios recursos contra las resoluciones dictadas en distintos juzgados aguardan respuesta en la Audiencia, llamada a poner orden en un laberinto procesal que mantiene las causas en suspenso.