Esta semana se cumplen 2.000 días desde que comenzó el conteo que miles de familias de la Comunidad de Madrid jamás hubieran querido llevar: el tiempo transcurrido desde la publicación de los conocidos protocolos de la vergüenza. Unas directrices que negaron a 7.291 personas el traslado a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Desde entonces, cada familia de las víctimas suma días a una cuenta que sigue creciendo entre el silencio y la falta de respuestas.

"Queremos saber qué pasó para que nunca vuelva a repetirse", repiten a Público las familias agrupadas en la Asociación 7.291 Verdad y Justicia. Reclaman también que se depuren responsabilidades: "Es imprescindible que quienes tomaron aquellas decisiones rindan cuentas". Han pasado ya más de cinco años y, denuncian, nadie ha asumido la culpa ni ha pedido perdón por lo ocurrido en Madrid. "Al contrario, muchos de los políticos y altos cargos que gestionaron la pandemia continúan en sus puestos y algunos incluso han sido premiados con ascensos y mayores responsabilidades".

Durante 2.000 días, las familias han tenido que cargar con una doble losa: el dolor de perder a sus seres queridos sin poder despedirse y el largo recorrido judicial para exigir responsabilidades. A ese sufrimiento se suma lo que tachan de "menosprecio" de la administración regional, con Isabel Díaz Ayuso al frente. Hoy, aseguran, ese desprecio sigue vigente. Lo ven en las residencias de Madrid, donde denuncian carencias de personal, deficiencias médicas, presencia de parásitos y una alimentación de mala calidad. Y lo constatan también en el nuevo plan del Gobierno regional: levantar 40 residencias bajo un modelo de gestión "público-privada" —que supera los límites de plazas aprobados y recomendados tras la pandemia—, para lo cual se pide a los ayuntamientos la cesión gratuita de suelo.

Asociación 7.291 Verdad y Justicia: "Es imprescindible que quienes tomaron aquellas decisiones rindan cuentas"

Desde Marea de Residencias recuerdan a Público cómo surgió su lucha judicial: todo comenzó en una asamblea online el 8 de abril de 2020, y poco más de un mes después, el 11 de mayo, se presentaron las primeras querellas. "Desde entonces no hemos dejado de buscar la justicia que debería haber impulsado la propia institución", dicen. "En aquel momento no podíamos entender que murieran las personas más vulnerables en residencias sin recursos, mientras los gobernantes cercenaban sus derechos negándoles asistencia sanitaria, una muerte digna y el respeto que merecían".

Hoy, aseguran, siguen sin comprender aquella crueldad, y además les resulta imposible aceptar la "inacción cómplice" de las instituciones ante lo que califican como "la mayor vulneración de derechos desde la dictadura franquista". "Con el tiempo hemos aprendido que el camino hacia la justicia es largo y lleno de obstáculos, pero estamos preparadas para resistir con paciencia todos los embates que nos depare. Hemos demostrado nuestra resiliencia y estamos dispuestas a llegar hasta el final, por largo y difícil que sea el trayecto", concluyen.

Marea de residencias: "Hemos demostrado nuestra resiliencia y estamos dispuestas a llegar hasta el final, por largo y difícil que sea el trayecto"

2.000 días después, la justicia aún no ha llegado. No existe todavía una sentencia que depure responsabilidades por los protocolos de la vergüenza. Pero las familias no pierden la esperanza: confían en que, al fin, la justicia avance, ya que por primera vez, altos cargos del Gobierno de Ayuso han sido imputados por las muertes en residencias y están siendo llamados a declarar ante los juzgados.

Varios tribunales rechazan investigar las muertes

El último capítulo del largo periplo judicial de las familias llegó la semana pasada, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidió no unificar las investigaciones sobre las muertes en residencias en una sola causa. La decisión atendió a la petición de uno de los imputados, el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.

Según la jueza, los procedimientos no comparten el mismo objeto procesal: aunque en varias de las causas figuran las mismas personas investigadas, cada caso está vinculado a "una víctima distinta, con contextos asistenciales no coincidentes". Ahora, todo apunta a que será la Audiencia Provincial la que tenga que determinar finalmente qué órgano es competente para llevar adelante la investigación.