Reyero afirma que los 'protocolos de la vergüenza' en las residencias de Madrid fueron "discriminatorios"

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, ha afirmado este martes que los denominados protocolos de la vergüenza, que vetaron el traslado hospitalario de miles de mayores, "tuvieron un componente claro de discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia".

Reyero abandonó el juzgado número 6 de Leganés entre los aplausos de los familiares que aguardaban en la puerta. "Estoy diciendo lo mismo que decía cuando era consejero, cuando dejé la consejería, cuando escribí el libro −Morirán de forma indigna− y cuando he declarado en los distintos casos en los que se me ha requerido", ha asegurado en declaraciones a los medios. "Yo no elaboré esos protocolos. Lo único que puedo saber es quién los firmó: Carlos Mur de Víu, el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria. Eran dirigidos fundamentalmente a los hospitales y se pedía que se informara a la Consejería de Políticas Sociales y a las residencias", ha explicado.

Ver vídeo

El exconsejero ha declarado que tuvo conocimiento de los protocolos el 21 de marzo de 2020 y que en ese momento advirtió a Enrique Ruiz Escudero (exconsejero de Sanidad) y a Mur de Víu de las consecuencias que podrían tener si se aplicaban: "Les dije que si esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna". Reyero ha recordado que declaró en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que, a su juicio, los protocolos "no eran éticos y posiblemente tampoco legales". No obstante, ha subrayado que "determinar si eran legales o no le compete a una instancia judicial".

Alberto Reyero: "Siempre se ha puesto el foco en el protocolo, pero si se hubiera medicalizado, se habría hecho lo correcto"

Reyero ha insistido en que "siempre se ha puesto el foco en el protocolo, pero si se hubiera medicalizado, se habría hecho lo correcto. O el residente iba al hospital o el hospital iba a la residencia. Pero eso no ocurrió". Además, ha señalado que "se ha abierto una nueva vía con una tipificación −contemplado en el artículo 511 del Código Penal− que ya existía pero que nunca se había utilizado para este tipo de casos". "Habrá que estar a la espera de lo que ocurra en estos dos casos concretos que están abiertos", ha concluido. Tras estas palabras, se ha dirigido a saludar a los familiares de las víctimas que representan las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia.

Abarca confirma la exclusión de residentes sin seguro en hospitales privados

En la segunda causa judicial abierta por la gestión de la primera ola de la pandemia en las residencias de Madrid, también han acudido a declarar como testigos el exasesor del Ejecutivo de Ayuso, Antonio Burgueño, y el director de HM Hospitales, Juan Abarca. Ninguno de los dos se ha detenido a dar declaraciones a los medios de comunicación presentes en las puertas del juzgado.

Sin embargo, al salir del juzgado Carlos Castillo, abogado de las asociaciones de víctimas de familiares de las residencias, ha explicado que la declaración de Abarca "ha dejado claro que no hubo derivaciones directas de residentes a los hospitales privados que él gestionaba, salvo aquellos casos en que el residente tenía seguro privado y contactaba con una ambulancia privada, que entonces sí le trasladaba a un hospital privado". "Esto confirma que, para aquellos sin seguro, ni siquiera se valoraba esa opción", ha detallado Castillo.

Antonio Burgueño afirma que fue designado como mando único sanitario, lo que podría derivar en su imputación

"Por su parte, Burgueño ha declarado que fue convocado por teléfono a una reunión el 11 de marzo de 2020 con Ayuso, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el consejero de Sanidad, Escudero, y la mano derecha de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez", informa el letrado. "En esa reunión, Burgueño propuso que debería existir un mando único sanitario para gestionar la pandemia y fue designado como posible candidato a desempeñar ese cargo", añade. Castillo ha explicado que a raíz de este testimonio, la Fiscalía ha solicitado la suspensión de la declaración de Burgueño en calidad de testigo ante la posibilidad de que en el futuro pueda ser citado como investigado.

Finalmente, el letrado de los familiares de las víctimas ha asegurado que las dos querellantes han podido ratificar su relato y contar lo que vivieron durante los meses de marzo y abril de 2020. "Creemos que se ha confirmado que existió esa denegación discriminatoria del servicio sanitario por las declaraciones testificales, pero hay que esperar a que declaren el 17 de junio los imputados".

La última en tomar la palabra ante los medios ha sido Carmen López, una de las querellantes, que no ha podido ocultar su abatimiento. Con el rostro visiblemente afectado, ha reconocido que se marcha "muy tocada", pero también con la sensación de haber cumplido con su deber: "He dicho todo lo que tenía que decir y ha quedado claro". Su última frase, cargada de esperanza: "Ojalá podamos tener justicia".

En este procedimiento judicial han sido imputados Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, −este último considerado el "ideólogo" de los protocolos− quienes ya estaban siendo investigados en una primera causa. Además, han sido imputados el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.