Alberto Reyero fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de covid-19. También fue una de las pocas voces dentro del Gobierno madrileño que se atrevió a cuestionar públicamente la gestión de la crisis en las residencias. Lo hizo desde dentro, formando parte de Ciudadanos, entonces socio de coalición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Su disconformidad con las decisiones tomadas −especialmente con los llamados protocolos de la vergüenza que vetaron derivaciones hospitalarias de miles de mayores− acabó con su dimisión meses después.

En 2022, Reyero relató su experiencia desde dentro del poder en Morirán de forma indigna, un libro en el que detalla las tensiones internas y los silencios que rodearon la tragedia de las residencias. Ahora, apenas un día después de que se anunciara su testificación en la segunda causa judicial abierta contra ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso imputados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, el exconsejero habla con Público sobre quiénes fueron −a su juicio− los verdaderos responsables políticos de lo ocurrido y por qué considera importante poner el foco en la desmedicalización de las residencias durante la gestión de la crisis.

¿Cómo recibió la noticia de la imputación de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

Me sorprendió, aunque no del todo. Ya estaba al tanto de la querella colectiva que se presentó en octubre del año pasado y entendía que podía avanzar. Lo que no esperaba era la imputación de los dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Ahora estoy expectante por lo que esto pueda significar, aunque todavía no tenemos certezas.

En el entramado de decisiones, ¿cree que Carlos Mur de Víu y Javier Martínez Peromingo fueron los únicos responsables o había más implicados? 

Siempre he dicho que esto es algo que tendrá que aclarar la jueza. Nunca se ha dado una explicación sobre este asunto, ni siquiera en la Comisión de Investigación. Personalmente, me cuesta creer que un director general tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que informarle o indicarle lo que debía hacer. 

Me cuesta creer que Carlos Mur tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que indicarle lo que debía hacer

No actuó por iniciativa propia, o al menos eso creo. Pero insisto: eso es algo que deberán aclarar quienes participaron. A menudo me preguntan sobre esto, y como yo nunca formé parte de esa cadena de decisiones, solo puedo imaginar qué pudo haber pasado. Como exconsejero, puedo afirmar que un director general no habría tomado una medida así sin recibir instrucciones.

Ha señalado en varias ocasiones la falta de empatía de Ayuso y su equipo hacia las familias. Algunas de ellas hablan incluso de "maltrato". En una entrevista con Público, mencionó que este tipo de reacciones por parte del Ejecutivo madrileño se han repetido en otras crisis. ¿En qué consiste ese patrón?

Solo hay que mirar otras crisis para entender lo que está pasando. No hablo solo de la DANA, que tenemos muy reciente, sino también de casos como el del 11M. En situaciones así, a veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, cuando debería ser justo lo contrario. Hay que acogerlas, acompañarlas, como se hace con las víctimas del terrorismo −con las que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en cómo se les trata−. Pero a las víctimas de una catástrofe también hay que mostrarles empatía y estar de su lado.

A veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, ocurrió también con la DANA y con el 11M

En el caso de la Comunidad de Madrid, han pasado cinco años y el Gobierno de Ayuso no ha mantenido ni una sola reunión con las familias. Yo, en julio de 2020, tuve la primera reunión con ellas. Fue una reunión tensa, comprensiblemente, después de todo lo ocurrido. Pero sentí que era mi obligación estar allí. Quizá porque no tenía nada de lo que avergonzarme y podía explicar cada una de las decisiones que tomé. Hay otros que no son capaces de hacer eso. No sé qué les pasa por la cabeza, pero lo que proyectan es una falta de empatía, y eso en un político es muy grave.

Varias familias han pedido que se reabra una comisión de investigación y que esto no quede solo en el ámbito judicial. ¿Está de acuerdo con que también se depuren responsabilidades desde la política?

Recuerdo perfectamente la primera vez que me preguntaron si apoyaba una comisión de investigación sobre lo ocurrido. Fue a principios de abril de 2020, cuando aún era consejero. En ese momento ya dejé claro que estaba totalmente a favor de una Comisión Ciudadana por la Verdad. De hecho, cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, se abrió una investigación, pero en cuanto la consiguió, la cerraron.

No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse

Sigo creyendo que debe haber una comisión de investigación, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el ámbito nacional. He firmado iniciativas impulsadas por Manuel Rico, Fernando Flores y otras plataformas que piden esclarecer lo ocurrido. Las apoyé sin matices. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse.

¿Qué opina de las respuestas que ha dado hasta ahora la Comunidad de Madrid? Como, por ejemplo, que los mayores no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados.

Han sido, más bien, reacciones defensivas sin dar ninguna explicación. Nadie ha aclarado por qué se elaboraron esos protocolos, por qué no se permitió trasladar a los residentes al hospital de campaña de Ifema, por qué no se medicalizaron las residencias o por qué se enviaron 1.800 sanitarios a Ifema en lugar de reforzar los centros donde estaban los más vulnerables.

Simplemente, no han dado respuestas. La falta de argumentos es tan evidente que estoy convencido de que, si hoy preguntáramos a Ayuso por los protocolos, negaría su existencia o, en todo caso, diría que solo eran borradores. Esa negación de la realidad, para mí, lo dice todo.

¿Cree que el hecho de que no se medicalizaran las residencias fue tan grave como los propios protocolos?

Fue una situación muy grave, sin duda. Yo entonces dije una frase que se repitió mucho: en un contexto así, o el residente iba al hospital, o el hospital debía ir a la residencia. Si se decidía que no podían ser trasladados porque recibirían mejor atención en la propia residencia, podía entenderse. Pero lo que no era aceptable era rechazarles el ingreso hospitalario y dejarlos abandonados en las residencias. Eso no tiene justificación.

Rechazar el ingreso hospitalario de los mayores y dejarlos abandonados en las residencias, no tiene justificación

¿Qué sabe sobre esa desmedicalización? ¿Cómo se organizó, y quién la ordenó?

Durante la pandemia se cerraron los centros de urgencias de Atención Primaria, los denominados SUAP. En total, alrededor de 1.800 sanitarios dejaron de prestar servicio allí. Podrían haberse destinado perfectamente a las residencias, donde estaban las personas más vulnerables. Sin embargo, se decidió enviarlos a Ifema para atender a pacientes con pronóstico leve.

No fue simplemente una desmedicalización de las residencias, fue una mala gestión de los recursos. Se destinaron a lugares donde no eran prioritarios, dejando desatendidas a las personas que realmente lo necesitaban: los mayores en situación más grave. Hay que recordar que este virus golpeó especialmente a las personas mayores y, dentro de ese grupo, a quienes vivían en residencias. Esa decisión fue tomada por la Consejería de Sanidad, que era la administración competente. Más allá de eso, no tengo información, pero la responsabilidad fue suya.

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En su libro Morirán de forma indigna también cuenta que el 25 de marzo de 2020, durante un Consejo de Gobierno telemático, pidió a 100 sanitarios para reforzar las residencias… y no le dieron a nadie. Con el paso del tiempo, ¿por qué cree que no se le asignó ningún profesional? ¿Fue una decisión deliberada? 

Entiendo que sí. Mi petición se enmarcaba en lo que ya había explicado antes, tras una visita que hice el año anterior. A partir de ahí, lo que pedí fue algo muy modesto: que, al menos, se interviniera en aquellas residencias que ya teníamos identificadas como especialmente problemáticas. No se trataba de actuar en las 475 residencias al mismo tiempo, porque no todas estuvieron en una situación crítica durante todo el periodo. Pero sí había un grupo concreto, especialmente al inicio, donde los problemas de atención sanitaria eran muy graves. Y pedí refuerzos, específicamente, para esas residencias. Pero no se les dio.

¿Cree que ese Consejo de Gobierno demuestra que tanto Ayuso como Enrique Ruiz Escudero sabían lo que estaba ocurriendo en las residencias y, aun así, decidieron no actuar?

Sí, la información la tenían. Desde la Consejería de Políticas Sociales les informábamos diariamente sobre la situación de cada residencia: cuántas personas estaban infectadas, cuántas habían fallecido, qué necesidades tenían y qué bajas presentaban. Esta información se contrastaba con los datos que proporcionaban las propias residencias. Todo esto se enviaba a la Consejería de Sanidad, que a partir de ahí tenía conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo.

En su libro insiste en algo esencial: no es solo que murieran, sino cómo murieron. Sin cuidados paliativos y en soledad. ¿Cree que ese "cómo" se ha pasado por alto?

Creo que se ha dicho mucho sobre esto, y siempre intento ser respetuoso. La presidenta comentó que los mayores se morían en cualquier sitio, y que enviarlos al hospital no garantizaba que pudieran salvarse. Eso es falso. Los hechos demuestran que, aunque el virus era muy letal y muchos, jóvenes y mayores, fallecieron en hospitales, muchas otras personas sobrevivieron gracias a los tratamientos médicos que solo se pueden recibir allí. Para eso existen los hospitales: para cuidar y tratar a los enfermos graves. Es cierto que algunos no se recuperan, pero muchos sí.

Lo que dijo Ayuso de que los mayores morían en cualquier sitio es falso. Muchas personas sobrevivieron gracias a tratamientos médicos

Además, quiero destacar que no solo debemos recordar a quienes pudieron haberse salvado y murieron, sino también a aquellos que fallecieron en condiciones indignas. Que en pleno siglo XXI, en 2020, hubiera personas que murieran sin recibir tratamiento mórfico ni paliativo es algo que no puede aceptarse en una sociedad avanzada y de bienestar como la española.

Ha declarado como testigo en algunas querellas por homicidio. Ahora lo hace en una causa por discriminación. Desde su punto de vista, ¿qué cambia con este enfoque?

El enfoque es clave porque el problema está en las personas que diseñaron unos protocolos que, en la práctica, provocaron discriminación. Independientemente del resultado, en casos como un posible homicidio imprudente o una omisión del deber de socorro, es complicado establecer un nexo causal directo entre la decisión y la muerte. Siempre se puede argumentar que la persona falleció por el virus y no por la decisión tomada.

Pero aquí estamos ante un caso claro de discriminación. Que personas con discapacidad y dependencia no recibieran atención sanitaria me parece una discriminación evidente. Otra cosa es que un juez determine si eso constituye un delito; para eso está la justicia, que debe investigar y tomar decisiones. Imaginen si se negara atención sanitaria a mujeres solo por ser mujeres, o a personas de ciertas razas por prejuicios, alegando colapso. Eso sería un caso de discriminación flagrante. Y esto, para mí, es igual de grave.

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¿Teme que este proceso acabe archivado, como ha ocurrido con otras causas?

Eso ocurre en cualquier proceso judicial. Dependerá de la decisión de cada juez o jueza. Puede optar tanto por archivar el caso como por seguir adelante con la investigación.