Las familias del 'caso residencias' ante las nuevas imputaciones de ex altos cargos de Ayuso: "Firmaron los protocolos, ahora que señalen a los responsables"

Esperanza y cautela. Son las dos palabras que eligen las familias de los 7.291 residentes a los que se negó atención sanitaria en Madrid durante la pandemia. Con ambos términos, describen lo que sintieron tras leer la noticia que saltó este viernes: dos nuevos juzgados han citado a declarar como imputados la próxima semana a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de Carlos Mur de Víu, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del protocolo de la vergüenza; Francisco Javier Martínez Peromingo, su principal ideólogo y sucesor de Mur en el cargo; y Pablo Busca, entonces máximo responsable del SUMMA 112. Los tres volverán a comparecer ante un juez para responder por su papel en la gestión de las residencias durante 2020.

Sus comparecencias están fijadas para los días 9 y 10 de diciembre. Primero en el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid y, al día siguiente, en el Juzgado de Instrucción 2 de Collado Villalba, en dos causas independientes. Ambos procedimientos indagan si los ex altos cargos incurrieron en un delito de "denegación discriminatoria de asistencia sanitaria" al impedir traslados hospitalarios. 

Carmen Ruiz, familiar de una de las víctimas y portavoz de Marea de Residencias, se desahoga al otro lado del teléfono: "No se puede obviar que los imputados fueron responsables del diseño y la firma de los protocolos de la vergüenza". "Las familias no olvidamos lo que ocurrió", prosigue en conversación con Público. Ruiz recuerda la manifestación del pasado 22 de noviembre, que sirvió tanto para conmemorar la creación de la asociación de familiares como para reivindicar la memoria de los 7.291 fallecidos y la mejora de las condiciones de los centros residenciales. "Las condiciones de los residentes no solo no han mejorado, sino que han empeorado", denuncia. Insiste en la importancia de mantener la visibilidad sobre lo ocurrido y lo que sigue sucediendo en las residencias. "Que no se escondan y que digan la verdad. Eso es lo más importante. En la judicatura se están admitiendo mentiras; deben decir la verdad".

Carmen Ruíz, Marea de Residencias: "Los imputados fueron responsables del diseño y la firma de los 'protocolos de la vergüenza'"

María Jesús Valero habla en nombre de 7291: Verdad y Justicia. Cuenta a este diario que las familias se mantienen a la expectativa. "En varias ocasiones, los ex altos cargos no han llegado a declarar porque faltaban documentos o no habían sido debidamente notificados", explica. "Estamos todavía en periodo de instrucción; llevamos más de cinco años luchando. La denuncia colectiva es la que parece moverse más ahora, pero aún queda la fase de juzgar". Realza que los juzgados estén citando a los imputados, "no solo como testigos, sino como responsables". Y reprocha el sentimiento de abandono: "Nos sentimos desatendidas por la justicia, por las instituciones y por la ciudadanía de Madrid. No vimos el mismo compromiso que se tuvo con las víctimas de la DANA, cuando todo el País Valencià se unió por ellas".

María Jesús Valero, 7291: Verdad y Justicia: "Nos sentimos desatendidas por la justicia, por las instituciones y por la ciudadanía de Madrid"

A su juicio, "si una de las causas prospera, las demás tendrán que seguir el mismo camino, porque se basan en la misma denuncia y los motivos son idénticos". Y envía un mensaje a los imputados: "Que sean valientes, que tiren de la manta y señalen a los responsables superiores que permitieron esta atrocidad. Ellos idearon y firmaron los protocolos, pero hubo jerarquías que lo consintieron". Las familias han convocado una concentración el próximo martes a las 9.30 horas en la Plaza de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Una desconfianza más que justificada

Su cautela no es infundada. ¿Por qué? No es la primera vez que los ex altos cargos son llamados a rendir cuentas ante un juez. El pasado 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las declaraciones después de que los investigados alegaran no haber recibido la documentación del caso. Apenas unas semanas después, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés volvió a frenar las comparecencias al inhibirse en favor del Juzgado número 3, al entender que ya estaba instruyendo los mismos hechos. 

De hecho, la de Leganés no fue una excepción: más de una decena de juzgados optaron por derivar sus causas al número 3 de Madrid, siguiendo la petición formulada por la defensa de Martínez Peromingo. Lo último que se conoce es que la batalla competencial continúa abierta. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que tenga que decidir finalmente qué juzgado debe asumir la investigación.