En un país con un funcionamiento normal de la Justicia, quienes adoptaron en la Comunidad de Madrid las decisiones políticas que contribuyeron a la hecatombe sufrida en las residencias en 2020 habrían tenido que explicar sus actuaciones en un Juzgado hace cinco años.

Claro que en un país con un funcionamiento normal de la Justicia, un personaje como Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid que torpedeó desde el minuto uno cualquier investigación de lo ocurrido con mentiras muy gordas, habría sido cesada de manera fulminante (de alguien que actúa con su desvergüenza obviamente no se puede esperar la dignidad de una dimisión). Y ahí sigue. A la espera. A ver si le pagan los servicios prestados con ese carguito en el que usted está pensando cuando cambie el Gobierno.

El caso es que con esta Justicia hay que arar. Una Justicia compuesta por una amplia mayoría de profesionales que cumplen de forma honesta y eficaz su trabajo, todo sea dicho. Y donde hay Lastras y Peinados, sí, pero también fiscales como las que se han encargado en la Fiscalía Provincial de Madrid de investigar de manera ejemplar y exhaustiva durante los últimos meses la denuncia colectiva coordinada por Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

El trabajo de la Fiscalía Provincial, a cuyo frente está Pilar Rodríguez, se concretó en la solicitud de que se reabran 44 procedimientos por lo ocurrido en las residencias que se encontraban archivados de forma provisional. Algunos jueces ya han resuelto que prefieren seguir mirando para otro lado, otros aún no han tomado una decisión y la magistrada María Isabel Durántez, titular del Juzgado 3 de Instrucción de Madrid, ha sido la primera en aceptar la solicitud de la Fiscalía y reabrir una causa para investigar si se cometió el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Este 26 de mayo, 1.893 días después de que el Gobierno Ayuso aprobase el conocido como Protocolo de la Vergüenza, están citados a declarar como imputados el firmante y el ideólogo de dicho texto, que bloqueó el traslado de miles de residentes enfermos a los hospitales.

Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo han tenido trayectorias muy distintas desde aquella primavera mortal.

El primero, firmante del Protocolo el 18 de marzo de 2020, fue despedido como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de aquel año y la cabeza de caballo le llegó en forma de tuit de Isabel Díaz Ayuso donde le pretendía endosar de forma preventiva toda la responsabilidad de la gestión en las residencias. Mur dejó Madrid y se fue a trabajar a Andorra, donde ha estado cuatro años, hasta que el pasado mes de febrero decidió que era hora de buscar nuevo destino profesional.

El segundo, ideólogo del Protocolo y hombre clave en aquel momento en la Consejería de Sanidad, no ha dejado de prosperar desde entonces. Como desveló Público este sábado, mientras se afanaba por un lado en aplicar el infame Protocolo, por otro tenía tiempo para trabajar al servicio de Vitalia Home, grupo de residencias en manos de uno de esos fondos de inversión que vienen a forrarse con el cuidado de las personas mayores. Caído en desgracia Mur, Peromingo heredó su puesto, y parece razonable porque hay momentos en que los prohombres se cansan de estar en la sombra. En 2024, reunió tres articulitos intrascendentes que publicó precisamente sobre lo ocurrido en las residencias, y logró que alguien considerase aquello una tesis doctoral. Hay gente con cuajo, vale, pero yo no veo la necesidad de ir llenando así las Universidades españolas con doctores de tercera regional (como se entere nuestro Peinado, ahora que va para maestro Ciruela de los desmanes universitarios, abre una causa general que ríete tú de la de Begoña).

Y, por si todo eso fuera poco, Peromingo es ahora jefe del Servicio de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia hospitalario del grupo Quirón. Sí, el mismo grupo Quirón de Alberto Quirón. Ya saben, el ciudadano particular a quien Hacienda debe medio millón de euros y al que Pedro Sánchez obligó a vivir en un ático de lujo y a conducir Maseratis para poder montarle una campaña de desprestigio desde la mismísima Moncloa.

Mur y Peromingo deben tomar ahora una decisión importante antes de prestar declaración como imputados: tirar o no tirar de la manta.

A la vista de los antecedentes, creo que no es necesario ser pariente de Einstein para prever que Peromingo Quirón quizá se quede con la manta, pero tirar, lo que se dice tirar, no entra dentro de sus planes.

¿Y Carlos Mur? Pues esa es la gran duda. ¿Aceptará seguir siendo el tonto útil de Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad, que le endosó el regalo envenenado de la firma del Protocolo? ¿O quedará en su conciencia una vocecita que le conmine a decir la verdad para que se pueda hacer Justicia con las miles de personas muertas y sus familiares?

Lo que hizo y lo que firmó Carlos Mur ya no lo puede borrar de la historia. Pero sí puede colaborar ahora con la Justicia y empezar así a limpiar su nombre. Para ello, sólo tiene que entregar a la jueza la documentación de la que disponga y aclarar a su señoría estos cuatro puntos:

1. Quién participó en las reuniones donde se redactó el Protocolo de la Vergüenza y quién ordenó su aprobación y aplicación.

2. Quién decidió que las residencias no se medicalizaran y que el personal sanitario que tenía a su disposición el Gobierno de Ayuso –1.800 médicos y enfermeras– fuese enviado al hospital de campaña creado en Ifema y a los hoteles medicalizados.

3. Quién ordenó que en ese hospital del Ifema no se atendiese a los residentes enfermos, pese a que más de 5.000 estaban en una situación tan grave que terminaron falleciendo en el centro donde vivían durante las seis semanas que estuvo abierto dicho hospital de campaña.

4. Quién acordó que ningún residente enfermo fuese derivado a los hospitales privados, salvo que tuviera seguro privado, y ello a pesar de que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad, que tenía plena capacidad de decisión sobre el uso que se daba a las camas de esos recursos hospitalarios.

Carlos Mur es médico y sabe perfectamente que las 7.291 personas que perdieron la vida en sus residencias en marzo y abril de 2020 no iban a morir igual si se les derivase a un hospital. Unas se habrían salvado y otras habrían fallecido con unos cuidados paliativos dignos de tal nombre.

Tiene Mur ante sí una decisión que marcará su vida tanto o más que la firma del Protocolo: seguir protegiendo a los verdugos o cambiar de bando y ponerse del lado de las víctimas.