Cinco años en busca de justicia para 7.291 víctimas de residencias: "Seguimos esperando ver a Ayuso en el banquillo"

Hace cinco años, el 11 de mayo, se presentó la primera querella colectiva que exigía una investigación sobre la muerte de 7.291 personas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la covid-19. Desde entonces, el proceso judicial, según denuncian los querellantes, ha estado marcado por la impunidad, el silencio institucional y la "decisión deliberada de no asumir responsabilidades". Hoy, las familias miran atrás para repasar el camino judicial recorrido durante estos cinco años, mientras mantienen viva la esperanza de que la justicia siga investigando.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas de los conocidos "protocolos de la vergüenza", recuerda aquel 11 de mayo de 2020 en la Comunidad de Madrid: "26 familiares de residentes en centros de mayores presentamos la primera querella colectiva contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y los directores de diez residencias", cuenta a Público. Les acusaron de "delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio".

"Cuando la presentación de la primera querella apareció en prensa y televisión, comenzaron a llegarnos numerosos testimonios", afirma. "Abrimos un formulario en nuestra página web y recibimos alrededor de 450 respuestas", añade, subrayando que "solo 40 no eran de Madrid". Con el paso del tiempo, el proceso judicial se amplió con otros 80 querellantes. "Seguimos sumando casos, interponiendo querellas, y entre 2020 y 2021 llegamos a presentar cerca de 350 querellas individuales de personas afectadas", explica la portavoz de Marea de Residencias.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas: "Entre 2020 y 2021 presentamos cerca de 350 querellas"

López asegura que todas las querellas presentadas fueron admitidas a trámite, pero la mayoría acabaron archivadas. "Muchas siguen su curso, siempre que el querellante ha querido continuar. Varias están ahora en el Tribunal Constitucional (TC) tras la presentación de recursos de amparo", explica. Cinco años después del inicio de esta batalla judicial, reconoce su frustración: "Cuando empezamos a presentar estas querellas, lo veíamos todo tan escandaloso que nunca imaginamos que la justicia iba a mirar hacia otro lado". En su opinión, el sistema judicial "ha montado una especie de teatro: abre diligencias para luego cerrarlas sin llegar al fondo del asunto".

"Pido justicia para mi madre"

Concha Quirós fue una de las primeras personas en sumarse a la querella colectiva presentada en 2020. En una conversación con Público, recuerda con dolor lo que vivió durante la pandemia, cuando recibió una llamada desde la residencia donde se encontraba su madre, Pepita, informándole de que su estado era muy grave. Al acudir al centro, se encontró con la negativa de trasladarla a un hospital. "En esos momentos asumíamos que nadie estaba preparado para lo que estaba ocurriendo. Pero para lo que, sobre todo, no estábamos preparados era para este maltrato", afirma. 

Concha Quirós, una de las querellantes: "Seguimos esperando ver a la señora Ayuso sentada en el banquillo"

"¿Qué es eso de Ayuso diciendo 'ya están estos aquí con estas mierdas'? ¿Mierdas? Estas 'mierdas' son nuestros familiares que se han muerto", estalla Quirós. "Han tenido un ensañamiento con nosotros como si hubiésemos hecho algo. ¿Pero qué hemos hecho los familiares, aparte de protestar?", cuestiona: "Pido justicia para mi madre y respeto, para mí y para todos los familiares. Nada más". "Seguimos esperando ver a la señora Ayuso sentada en el banquillo", sentencia.

Actualmente, según datos proporcionados por la portavoz de Marea de Residencias, de las cerca de 350 querellas individuales presentadas, aún permanecen activas en torno a 150 en los juzgados de instrucción. Además, unas 80 están a la espera de pronunciamiento en el TC. En particular, de los 26 querellantes que impulsaron la primera querella colectiva, siete han decidido continuar con el proceso y están en el TC, mientras que el resto desistió de seguir adelante con ese recurso. Pero ninguna querella ha llevado a la apertura de un proceso judicial, algo de lo que se jacta con asiduidad Ayuso y otros miembros del Gobierno madrileño

El informe forense como barrera judicial

De las diligencias archivadas, las razones han sido diversas, aunque Carmen López señala una como la principal: "Suelen solicitar el informe del forense, y este dictamina que no se puede probar que las personas hubieran muerto de otra manera, incluso si se les hubiera trasladado al hospital. Es decir, no establece una relación de causa y efecto", señala. Este argumento, según la portavoz de la organización, ha sido utilizado "como excusa" para archivar los casos "sin llegar a un pronunciamiento sobre las responsabilidades".

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas: "No podemos pasar por alto que hubo omisión del socorro"

"Realmente, a nosotros estos informes de los forenses no nos convencen, porque hubo prevaricación de alguna manera, pero lo más grave, lo que no podemos pasar por alto, es que hubo omisión del deber de socorro. El efecto fue que se les negó la asistencia", insiste. 

Carlos Vila, uno de los abogados firmantes de la primera querella colectiva, coincide con Carmen López y recalca a Público que "excepto en algunos casos, en la mayoría de ellos, solo se interrogaba a los directores o directoras de las residencias y se pedía el informe forense". "En pocos casos se llamó a declarar a personas más allá de los directores de las residencias", afirma. "Por ejemplo, en algunos procedimientos se citó a los geriatras, a Alberto Reyero −quien fue consejero de Políticas Sociales en aquel momento y denunció la discriminación que sufrían los residentes− y a Carlos Mur, el firmante de los famosos protocolos de la vergüenza", añade Vila. 

Según puntualiza Carmen López, este último fue cesado apenas dos días después de que se presentara la primera querella colectiva.

"En cuanto al delito de prevaricación, lo que nos dicen es que no hubo intención de causar un daño o de que ocurrieran los hechos que se produjeron", explica el abogado. "Sin embargo, muchas audiencias reconocen que eso no significa que las actuaciones estuvieran bien hechas. Por eso, lo que nos queda en muchos casos es acudir a la vía contencioso-administrativa, para que sea ese tribunal el que determine si corresponde una indemnización por el funcionamiento normal o anormal de la administración de justicia", señala Vila.

¿Qué se ha hecho mal desde el ámbito judicial?

El letrado afirma que desde el ámbito judicial "se hicieron muchas cosas mal". Critica la actuación judicial por su "pasividad" ante las denuncias. Vila asegura que muchos juzgados archivaban los casos sin investigar, y que solo la intervención de la Audiencia Provincial forzaba a abrir diligencias. "Se quedó todo en la superficie", afirma, señalando que apenas se interrogó a directores de residencias o gerentes y que no se investigaron aspectos clave como la falta de medicalización.

Carlos Vila, abogado: "Muchos juzgados han archivado los casos sin investigarlos"

Asimismo, denuncia que el hospital de campaña creado en el recinto ferial Ifema, construido para casos graves, nunca llegó a recibir a residentes enfermos, "al igual que los hoteles medicalizados". Critica también que no se utilizó la sanidad privada, a pesar de que había UCI disponibles y un decreto que lo permitía.

"Llegaron a morir aislados, algunos compartiendo habitación con cadáveres durante días", lamenta. Vila insiste en que los informes forenses "han servido para que se laven las manos". Además, cuestiona que no se hayan investigado delitos como la denegación de auxilio o la prevaricación, y califica de "nefasta" la actuación de la Fiscalía, que "ni acudía a las declaraciones ni hacía preguntas". Por todo ello, asegura, "hoy seguimos en el Tribunal Constitucional".

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Después de cinco años de recorrido judicial y tras enfrentarse, según denuncian, a un persistente "silencio institucional", las familias de las víctimas optaron recientemente por abrir una nueva vía legal. En esta ocasión, han recurrido al delito de discriminación contemplado en el artículo 511 del Código Penal. "Este nuevo proceso se inició con denuncias presentadas ante la Fiscalía", explica el defensor Carlos Vila. "En estas denuncias ya no se ha incluido a responsables políticos. Solo se ha señalado a cargos técnicos como Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo y a los geriatras de enlace", detalla. El abogado advierte que "el hecho de que no estén denunciados quienes estaban en primera línea de mando puede ser determinante a la hora de que se haga justicia".

Carlos Vila, abogado: "Desde el ámbito político deberían haberse activado mecanismos de investigación"

No obstante, Vila subraya que también se debería haber realizado una investigación desde el ámbito político. "Desde el ámbito político deberían haberse activado mecanismos de investigación", reconoce. "Se creó una comisión en la Asamblea, pero con las elecciones se disolvió. Es decir, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y en el propio Congreso de los Diputados existen mecanismos de investigación que podrían haberse utilizado, pero, evidentemente, con una mayoría absoluta, el poder decide lo que quiere. Y, claro, se cerró", recuerda el letrado.

Vila agrega que, en las investigaciones, algunos testimonios revelaron situaciones graves, como las denuncias de directores de residencias que afirmaban que solo se atendía a quienes tenían seguro privado, lo que "constituye un trato discriminatorio". "Por eso, la investigación política era también necesaria", manifiesta.

Concha Quirós, familiar de una de las víctimas, mira atrás estos cinco años y tiene clara su conclusión: "No solo no se ha hecho justicia, es que oyes a Ayuso hablar de estos temas −si es que habla− y lo hace con desprecio. Se le pone una expresión de furia, una ira en la mirada... más de la que ya tiene".