Escucho por ahí que uno de cada cuatro madrileños vio el jueves el documental 7291, guarismo de la vergüenza. No es Madrid para viejos, podría haberlo titulado el director Juanjo Castro, pues su película es tan despiadada como la de Joel y Ethan Coen.

Como voy de viejo duro, me negué a llorar durante la proyección. Cuando te echas a llorar, tienes que saber por qué. Mis lágrimas tienen vocación obrera y para sacarlas a la calle es necesario convencerlas con una muy buena motivación.

Viendo 7291, yo no sabía si llorar de rabia, odio, espanto, pena, ira, sed de venganza, incomprensión, demencia, ganas de matar o solo de mi propia ruindad. Porque me hace sentir ruin pertenecer a una sociedad que ha permitido esto.

Tan ruines son los 1.600.000 votantes de Isabel Díaz Ayuso en 2023 (cuando ya se sabía casi todo sobre este gerontocidio aromado con evocadoras esencias auschwitzianas), como los 3.612.495 madrileños con derecho a sufragio (bastante más del doble) que no supimos votar aquel 28 de mayo para, al menos, evitar que quedara políticamente impune la discriminación clasista que dejó a los ancianos carentes de seguro privado sin atención sanitaria pública ni sedación, asfixiándose agarrados a los barrotes de sus camas con compañeros muertos pudriéndose al lado, mientras los poseedores de seguro privado eran derivados a hospitales para morir menos, y mucho más dignamente.

Nunca se conoció tan eficiente colaboración entre lo privado y lo público para destruir lo público. Solo en un año de pandemia, los madrileños pasaron tanto miedo que batieron el récord de contratación de seguros privados: llegó a estar suscrito un 40% de madrileños (23% era la media nacional). Había ya más clientes en la sanidad privada que votantes de Ayuso. Es para ir a un hospital público y que nos lo hagan mirar en Psiquiatría, apreciados vecinos madrileños. Pero no dan cita hasta no sé cuándo.

El documental 7291 no juzga ni suaviza, solo amalgama datos ya conocidos y verificados hasta fermentarte una pócima hedionda de verdades en la conciencia. Nunca le perdonaré a Juanjo Castro lo culpable que me hizo sentir el puto documental, pero le perdonaría menos si no me hubiera juzgado cómplice. Disculpad si sueno un poco cursi, mesiánico y sentencioso. Serán el remordimiento o la edad, o las dos cosas.

Con gran sensibilidad y empatía, antes de abofetearnos la conciencia durante la hora y media de documental, la televisión pública española nos sedó con un programa humorístico, conducido por Xabier Fortes, bajo el formato de debate.

En uno de los sketchs, charlan en entrevista enlatada el periodista gallego y la exministra Carmen Calvo sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el estado de alarma el 14 de julio de 2021. Pelillos a la mar, vino a decir la ministra. El TC rectificó a finales de 2024, cuando se comprobó que la medida no había sido suficiente para tumbar al Gobierno, supondría un hombre sencillo como yo.

Al entrevistador no se le ocurrió repreguntarle a Carmen Calvo si aquel ataque del poder judicial contra unas decisiones del Gobierno, que buscaban proteger a la población en la pandemia, no fue un claro caso de lawfare que puso en riesgo la salud pública y la estabilidad política. Una decisión judicial que deslegitima una evidencia científica es una aberración intelectual y ética. Si lo que votaron los jueces del TC contra toda racionalidad no es lawfare, que nos lo expliquen un poco, que para eso está la tele pública.

También fue hilarante el momento en que Calvo presume ante Fortes de haber combatido la destrucción de empresas durante la pandemia con los Ertes. Creo recordar que los Ertes solo salieron adelante por la amenazante tozudez de los levantiscos podemitas, que no hay sindiós que los aguante. Pero a mi querido paisano Fortes se le olvidó matizarlo o repreguntar. Cosas del enlatado. O de las ministras.

Nos reímos mucho, por tanto, durante el debate previo al documental. Pero enseguida comprobamos que la risa dura poco en la casa del pobre.