A principios del mes de julio, Paco Salazar, exasesor de Moncloa, iba a ser nombrado por Pedro Sánchez adjunto a la secretaria de Organización del PSOE. Esta designación, aunque oficiosa, nunca llegó a hacerse oficial, pues el exmilitante socialista decidió renunciar voluntariamente al nombramiento y abandonó todos sus cargos tanto del partido como en el Gobierno. El rechazo se produjo después de que varias mujeres del PSOE acusaran Salazar de "comportamientos inadecuados", algunos de los cuales describieron como "acoso sexual y abuso de poder" cuando era su jefe, tal y como adelantó elDiario.es. 

A lo largo de los últimos días, el mismo medio ha informado de que a pesar de que dos mujeres denunciaron hace meses por las vías internas del partido estas situaciones "ninguna de las dos se ha tramitado ni instruido en estos cinco meses 'por falta de diligencia' y que, por tanto, a ninguna de las dos mujeres se le ha ofrecido ni apoyo ni respuesta alguna". Desde Ferraz no han tenido más remedio que admitir que "hay que mejorar" los protocolos y los sistemas de denuncia.   

Pero el de Salazar no es el único ejemplo que ha puesto en tela de juicio la efectividad de los protocolos y la diligencia de los partidos frente al machismo. A finales de febrero, la acumulación de casos sobre Juan Carlos Monedero y la confirmación por parte de Podemos de que recibió el testimonio de dos mujeres que denunciaban diferentes comportamientos machistas del expolítico confirmaron actitudes inapropiadas que sobrevolaban en torno a su figura desde hace un tiempo. La primera en pronunciarse públicamente contra Monedero fue la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey. Lo hizo en la red social X, donde describió un episodio que habría ocurrido durante un cierre de campaña de Podemos: "Me empotró contra la pared para invitarme a su casa (...) Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compañera. Está salido". 

ElDiario.es publicaba unos días más tarde una investigación donde se refleja que la Secretaría de Feminismos de Podemos, entonces a cargo de Ángela Rodríguez, 'Pam', recibió en septiembre de 2023 un correo electrónico con un testimonio que también relataba cómo Monedero "se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas" y donde se solicitaba que se actuase de forma interna. La Sexta mostró ese momento unas capturas de los chats del grupo de Telegram del entonces Consejo Ciudadano Estatal que muestran que Monedero seguía participando en ese órgano, al menos hasta diciembre de 2023, meses después de que tuvieran conocimiento de la denuncia. Si bien en Podemos afirmaron que en septiembre de 2023 le apartaron de la actividad de la formación, según ElDiario.es la cúpula del partido supo ya en 2016 que una mujer, militante del partido, había vivido un "episodio grave" con Monedero, un incidente en el que otra mujer también se habría visto afectada y que sucedió tras un acto del partido en Catalunya. La Universidad Complutense, donde es profesor, mantiene abierta una investigación interna tras otra denuncia de una alumna.

Las dos denuncias judiciales contra Monedero fueron archivadas por la Fiscalía. En la primera, el Ministerio Público no apreció delito contra la integridad moral en el trato dado a varias alumnas tal y como se recogía en un expediente disciplinario que la Complutense le había trasladado. En la segunda, presentada por Xuntos por Galicia, la Fiscalía decidió cerrar las diligencias por agresión sexual contra el politólogo, y contra la cúpula de Podemos por encubrimiento, al no personarse las supuestas víctimas.

También a principios de este año, Público se hacía eco del testimonio de dos mujeres en cuyos relatos afirmaban haber vivido situaciones de abuso por parte del alcalde de Algeciras, del Partido Popular, José Ignacio Landaluce. Ante las preguntas de este medio, Génova aseguró que si había cualquier nuevo indicio se tomarán las decisiones pertinentes. En octubre de 2024, el partido pidió explicaciones al también senador por una serie de mensajes cuyo contenido refería situaciones de acoso sexual que le señalaban directamente. Así lo indicó el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y lo confirmó posteriormente Cuca Gamarra, secretaria general. José Ignacio Landaluce sigue en su puesto.  

En ese mismo octubre de 2024 saltó a la palestra otro caso que sacudió a todo el espectro de la izquierda y que podría decirse que supuso un antes y después en los testimonios de mujeres que denuncian situaciones de abuso y machismo en el seno de la política española. Público adelantaba la dimisión del entonces portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, apenas unos días después de que Cristina Fallarás publicara en Intagram el testimonio anonimizado de mujer que describía una situación de violencia sexual perpetrada por un político de Madrid. Las especulaciones en redes sociales apuntaron rápidamente a Errejón como autor de los hechos. La actriz Elisa Mouliaá le denunciaría un día más tarde ante la Policía Nacional por lo que ella relató como tres situaciones de acoso sexual. Errejón se encuentra en estos momentos procesado por esta causa. Tanto Sumar como Más Madrid reconocieron entonces que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron con el caso del exportavoz parlamentario y asumieron su responsabilidad por ello.

En el ámbito del soberanismo catalán y vasco tampoco se libran de este tipo de episodios. En Junts, el eurodiputado Toni Comín fue denunciado en 2025 ante el Parlamento Europeo por un exasesor que le acusó de acoso psicológico y sexual, lo que llevó al partido a abrir una investigación interna. En 2022, Francesc de Dalmases, vicepresidente del partido, protagonizó un escándalo tras increpar con gritos, insultos y actitudes intimidatorias a una periodista del programa de televisión Preguntes Freqüents (FAQS-TV3), después de una entrevista a la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs. Según el informe interno encargado por la cadena, Dalmases llegó a agarrarla por el brazo. La presión derivada de aquel episodio fue tal que Junts aceptó su dimisión como vicepresidente del partido, aunque no abandonó su escaño como diputado, en el que todavía de hecho permanece.

En ERC, su líder en la Comunidad Valenciana, Josep Barberà, fue apartado cautelarmente de la militancia tras ser denunciado por una exsecretaria por acoso sexual, un caso que continúa en proceso judicial. Y en el entorno de EH Bildu, el exdiputado europeo Josu Juaristi se vio obligado a renunciar como candidato a las elecciones europeas de 2019 al admitir "actitudes inaceptables" hacia su expareja, motivo por el cual fue suspendido cautelarmente de militancia mientras la coalición evaluaba lo ocurrido. 

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Con estos antecedentes, y considerando que son solo algunos de los ejemplos más mediáticos o que por diferentes motivos han tenido cierta notoriedad, no está de más preguntarse cómo funcionan los mecanismos de sensibilización, prevención y actuación contra las conductas misóginas y los diferentes grados de violencias a las que estas puedan dar lugar. ¿Cómo son los protocolos contra el acoso sexual de cada partido político? ¿Se cumplen? ¿Qué dificultades aparecen a la hora de recurrir a ellos, ya sea para denunciar o para su ejecución?

La primera respuesta es que todos los grandes partidos parecen estar preparados. Todos aseguran disponer de algún tipo de canal interno, mecanismo de investigación y sistema de protección para las mujeres que denuncian. Pero cuando se les pide que expliquen cómo funcionan esos procesos en la práctica, se empiezan a apreciar diferencias o, al menos, diversas sensibilidades. 

Los socialistas cuentan con un protocolo propio que establece que cualquier denuncia debe recibirse en un "canal accesible, seguro y confidencial" y garantizar la protección de la víctima durante todo el proceso. Sobre el papel, la estructura parece blindada. Lo ocurrido con Salazar, sin embargo, ha evidenciado un fallo no tanto de diseño, sino de aplicación.

El Partido Popular no dispone de un protocolo específico. Sí de un Código de Conducta. No han especificado a preguntas de Público sobre cómo se especifica o cómo actúan si se produce una situación de violencia sexual: quién investiga, en qué plazos, qué medidas se adoptan, cuántos casos han investigado o con qué dificultades se han encontrado a la hora de ejecutarlo. Tampoco Junts ha ofrecido información detallada hasta la fecha de publicación de esta pieza.

Podemos cuenta "con un protocolo de sensibilización, prevención y actuación frente a conductas machistas (también frente a conductas LGTBIfóbicas)", que "es de acceso público para todos los integrantes de la organización a través de los canales organizativos". "Cada vez que se pone en conocimiento de la organización un caso de violencia machista, una comisión especializada lo instruye y resuelve las medidas a adoptar. Posteriormente, lleva a cabo un seguimiento del mismo y de las medidas adoptadas. Además, existen medidas de sensibilización y de prevención para garantizar que la organización es un espacio seguro que se realizan como parte de las tareas de la Secretaría de feminismos y del conjunto del partido, tal y como mandatan nuestros documentos organizativos", detallan desde Podemos. El protocolo mandata, asimismo, realizar un seguimiento anual a partir del cual se valora la necesidad de implementar actualizaciones. 

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Desde Sumar informan de que su protocolo es público (desde enero de 2025), que existe una comisión de ocho personas dedicadas a su aplicación y que hasta ahora solo ha tenido que activarse una vez -en el caso del que ya se informó públicamente-, sin detectar aún dificultades importantes. No obstante, reconocen que ya se está revisando para mejorar su funcionamiento futuro.

Más Madrid dispone de un documento amplio que aborda distintas formas de violencias y discriminaciones, más allá del acoso sexual. Su protocolo prevé la intervención de órganos internos y de expertas independientes, de modo que el proceso no quede en manos de quienes pudieran tener relación jerárquica con los denunciados. El partido ha detectado que cuando hay desequilibrio de poder, la denuncia encuentra más obstáculos. Por eso, la formación afirma que trabaja en la revisión del protocolo con consultoras externas especializadas y reconoce que el número de activaciones y medidas disciplinarias se maneja con estricta confidencialidad. Respecto a las medidas que se contemplan tras las diferentes investigaciones, el abanico es amplio, desde medidas puramente preventivas a sancionadoras, y dentro de las sancionadoras hasta la expulsión del partido. 

Fuentes de la dirección de Izquierda Unida explican, por su parte, que IU "cuenta con un protocolo contra las violencias machistas y la LGTBIfobia" y que "fue aprobado durante la última Asamblea Federal (mayo de 2024), el máximo órgano de decisión de la organización". Supuso "un avance sustancial frente a las medidas de prevención y respuesta existentes con anterioridad".

"Es un documento público, de fácil acceso desde la web federal para cualquier persona, no solo militantes. Fue elaborado mediante un largo proceso, durante el que hubo aportaciones no solo del área feminista, sino del resto que integran IU. El texto inicial recibió múltiples aportaciones, que fueron debatidas y votadas a lo largo de la asamblea, por lo que tiene rango congresual, el máximo en la organización. Con anterioridad, hace ahora tres años, IU aprobó un Plan de Igualdad interno, que se ha ido mejorando en este tipo según se comprobaban sus resultados. El protocolo antiacoso prevé la creación de una Comisión de Cuidados, que fue constituida tras la Asamblea de 2024", argumentan.

"Para su constitución se lanzó una convocatoria abierta a toda la militancia, donde se especificaban perfiles deseados (conocimientos feministas, jurídicos, de atención, de participación, etc.) Se recibieron más de 150 candidaturas, se realizaron entrevistas y se seleccionó al grupo actual de militantes que conforma la comisión. Esta comisión es la encargada de gestionar todos los procedimientos relacionados con el protocolo", continúan.

Sobre las dificultades detectadas, señalan que "a veces las víctimas presentan el formulario inicial, pero posteriormente les cuesta continuar o formalizar la denuncia. Este es uno de los motivos por el que se refuerza la actuación de acompañamiento. En casos de comportamientos machistas en espacios colectivos (como asambleas locales, regionales, autonómicas) puede resultar más complejo delimitar actores implicados y el ámbito de actuación. En cuanto a la evaluación interna, existen informes periódicos elaborados por la Comisión de Cuidados, pero siempre ultraanonimizados para proteger los derechos de las posibles víctimas". Las sanciones que se puedan imponer una vez finalizado el procedimiento, en cambio, sí se deben hacer públicas dentro de los cauces orgánicos.

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En el Bloque Nacionalista Galego (BNG) aún nadie ha solicitado activar el protocolo: "Sobre las dificultades, además de suponer las que son comunes a otros ámbitos, nos preocupaba que pudiese haber desconocimiento sobre la existencia del protocolo, por eso recientemente se ha vuelto a mandar a toda la militancia y se ha informado en las asambleas comarcales de su existencia y se ha colocado en un lugar visible en la página web, para asegurarnos que toda la militancia lo conoce (sobre todo la que se ha afiliado recientemente y las personas que han asumido nuevas responsabilidades orgánicas en esta etapa)". 

Después de su última asamblea nacional, han hecho "hincapié en la necesidad de seguir trabajando en formación interna y superar dinámicas patriarcales ajenas, así como mejorar la participación de las mujeres en la vida orgánica y militante. El seguimiento de estas medidas corresponde a la dirección y, tal y como puedes comprobar, las cuestiones no recogidas en el protocolo, serán interpretadas por el Consello Nacional, que es el máximo entre asambleas, por recomendación de la Comisión de Garantías, el área de Acción Feminista o por mandato de la Ejecutiva Nacional. Es decir, se abre la puerta a que, si se ve que el protocolo aprobado en su momento no es suficiente, siempre estamos abiertos a mejorarlo y modificarlo. De momento, no ha sufrido cambios desde su aprobación".

EH Bildu también cuenta con un protocolo interno contra las violencias machistas que, según explica el partido, tiene como eje principal la reparación de las víctimas, la confidencialidad y la dimensión educativa. Su filosofía se aleja de visiones punitivas del protocolo, tratando de que este funcione también como una herramienta de transformación interna. Por ello, en los casos en que sea posible, la organización explica que se trabajan procesos restaurativos, además de la gestión específica de cada denuncia. 

La prioridad del protocolo es "siempre la atención a la persona que denuncia, colocando sus necesidades en el centro y asegurando que todas las actuaciones se lleven a cabo con respeto, cuidado y discreción". El partido reconoce que existen situaciones en las que "no es viable un proceso restaurativo y se aplican directamente medidas disciplinarias, incluida la expulsión; pero cuando se dan las condiciones adecuadas, se buscan respuestas que también incidan sobre la persona agresora y el entorno organizativo". 

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EH Bildu subraya la importancia de "cuidar también a quienes participan en la activación e implementación del protocolo, dotándoles de herramientas" y apoyo debido a la complejidad inherente a estas situaciones. Una de las claves del modelo de EH Bildu es la "inclusión de la dimensión comunitaria". El partido reconoce que las agresiones internas tienen "un impacto colectivo" y que "una parte importante de la reparación puede provenir del entorno". Para ello se desarrollan "espacios de acompañamiento y sensibilización que pueden incluir formación u otras herramientas dirigidas a la militancia". El partido no hace públicos los datos sobre número de casos activados por razones de confidencialidad, argumentan.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dispone de un protocolo específico. Se trata de un documento público accesible a toda la militancia y ciudadanía. Además del protocolo, ERC detalla que la organización habilita puntos lila físicos en todos sus actos nacionales, y trabaja actualmente en la creación de un punto lila virtual para ofrecer acompañamiento y canales de contacto directos desde su web. El cumplimiento y la correcta aplicación del protocolo están supervisados por diversos órganos del partido, entre los que destacan el área de compliance, el departamento de Feminismes i LGBTI+ y la Comissió de Garanties. 

ERC reconoce que existen retos en la aplicación práctica del protocolo, tal y como sucede en muchas organizaciones. El partido está centrando sus esfuerzos de mejora en tres ámbitos: reforzar la independencia de los órganos que investigan estas situaciones, intensificar la formación interna para que toda la militancia sepa cómo actuar y, especialmente, garantizar que las víctimas se sientan completamente seguras y protegidas a la hora de denunciar. Subrayan que cada caso se trata con absoluta confidencialidad, seriedad y sin interferencias políticas, con el objetivo de que el protocolo sea una herramienta efectiva y no solo un marco teórico. ERC se encuentra actualmente en un proceso de actualización del protocolo. La organización prevé disponer de una versión renovada y más completa a principios del próximo año.

En Compromís informan que, de momento, "han tenido un único caso": "La única mediación que se ha hecho ha sido más una cuestión de una actitud de un compañero, en una asamblea. Todas a veces hemos padecido o hemos podido padecer conductas de compañeros que te silencian, que te atacan con recursos de libro de machismo. Lo que se hizo en ese caso fue una intervención por parte de una persona de la comisión instructora, que habló con esta persona y le hizo saber que ese tipo de conducta la teníamos recogida en el protocolo".

En Compromís, "las personas que velan por el cumplimiento incluyen: la portavoz de igualdad o feminismos de cada partido de la coalición, junto a una comisión instructora, formada por miembras de las coordinadoras de igualdad o feminismos de los partidos y personal técnico de la coalición". "Las dificultades no las hemos podido evaluar todavía. Cierto es que la construcción del protocolo se ha hecho expresamente para prevenir todas las dificultades vinculadas a la revictimización, pero sabemos que pueden aparecer siempre flecos que tengan que especificarse en posteriores versiones. El protocolo incluye y define varios tipos de agresión y los diversos modos de perpetración de las mismas. Eso implica que haya hechos conductuales que se puedan reportar", añaden desde el partido. 

UPN dispone "de un canal de denuncias al que se puede acceder desde nuestra página web tanto interna como externamente.   Además nuestro partido cuenta con un código ético y de conducta, los cuales están publicados en nuestra página web.   Añadido a todo esto, disponemos de un protocolo de acoso laboral y otro de acoso sexual aprobados por el comité ejecutivo del partido. La persona encargada de velar por su cumplimiento es la figura de la Secretaría General del partido, quien cuenta con la contratación externa de un gabinete jurídico para la gestión de todos los procedimientos derivados de estos protocolos. Hasta la fecha, no se ha recibido ningún tipo de reclamación en relación con los anteriores protocolos".

Y el PNV "se encuentra, precisamente, inmerso en la renovación de sus Estatutos, que serán aprobados definitivamente por la Asamblea General del partido el día 13 de diciembre en Gasteiz.  Entre las cuestiones a actualizar se encuentra el Plan de Actuación contra la violencia machista y por motivos de odio que, sin ninguna duda, servirá para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista en cualquiera de sus múltiples expresiones, en este caso, también dentro de nuestra organización. Actualmente, nos regimos por un Código ético y de conducta en el que se incluyen este tipo de acosos contra los derechos humanos de las personas y la dignidad y la libertad de las mismas, pero la renovación de estatutos en la que estamos inmersas nos servirá para obtener un documento más actualizado y adecuado a las realidades existentes". Es decir, "existe un código de conducta", pero de nuevo no un protocolo como tal.