Ayuso impone la jornada partida en los colegios públicos y los profesores responden: "Abre la puerta al lucro de empresas privadas"
El Ejecutivo regional asegura que el objetivo es "mejorar el rendimiento académico del alumnado, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas".
Sindicatos y docentes critican la falta de informes sólidos que avalen la medida y defienden respetar la autonomía y la diversidad de cada centro.

Madrid--Actualizado a
Jornada partida: mañana y tarde. Este es el modelo de horario escolar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere implantar en los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. La propuesta pasa por concentrar parte de las clases en horario matinal —por ejemplo, de 9.00 a 12.30—, introducir un parón largo para la comida y retomar la actividad lectiva por la tarde, en una franja que podría ir de 14.30 a 16.00.
La medida estrella se presentó hace unos días. Según los populares, su objetivo es "mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas". La iniciativa permite que los colegios puedan mantener la jornada continua durante los meses de septiembre y junio. Para aplicarla, aclaran, el proceso debe partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro —integrado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales— e incluir consultas al claustro y a las familias. La decisión final se adoptará mediante votación, presencial o telemática, que requiere mayoría de los votos emitidos.
Una vez escrutados los resultados, el presidente del Consejo Escolar informará al claustro y a los miembros del órgano, y el director trasladará la decisión a la Dirección de Área Territorial correspondiente. "Será el titular de esta dirección quien autorice el cambio, tras recibir un informe del Servicio de Inspección Educativa y evaluar criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar", detallan. Todo el procedimiento debe completarse antes del 15 de marzo de cada año, de modo que los centros puedan organizarse para implementar la jornada partida en el curso siguiente. Por último, el Ejecutivo madrileño ha indicado que los centros que ya contaran con horario continuado antes de la entrada en vigor de la norma "podrán mantenerlo sin cambios". También se verán afectados los polémicos Medios CEIPSOS, una modalidad que incorpora 1º y 2º de la ESO en colegios públicos de Infantil y Primaria.
Sandra Blázquez, docente en Madrid: "Se ven a leguas los tentáculos del negocio privado y el Partido Popular se lo está poniendo a huevo"
Sin embargo, los argumentos de los de Ayuso no han calado entre el profesorado. ¿Por qué esta insistencia en imponer un único modelo de jornada escolar? Sandra Blázquez, maestra de Primaria en Madrid e integrante del movimiento Menos Lectivas, no tiene dudas: hay intereses en juego. Uno de ellos, asegura a Público, es convertir los colegios públicos en "aparcaderos de niños", de manera que los padres puedan trabajar más y ajustarse a los ritmos del sistema de producción. "Nosotras no somos cuidadoras, somos docentes, educadoras y maestras", recrimina tajante.
Otro de los motivos que Blázquez señala es "favorecer el negocio privado" dentro de la educación pública. "¿Qué familia puede ir a por sus hijos a las 12.30 de la mañana, quedarse con ellos dos horas y luego volverlos a llevar a las 14.30 y recogerlos a las 16.00? La mayoría de las familias trabajan en horario continuo. Esto abre la puerta al lucro de empresas privadas de comedor y de actividades extraescolares, llamadas a ocupar ese paréntesis de dos horas para quienes no pueden recoger a sus hijos a las 12.30, ni pueden ir a por ellos después de las cuatro de la tarde", juzga. "No puede ser que tengas que pagar 140 euros de comedor al mes y luego las extraescolares aparte. Se ven a leguas los tentáculos del negocio privado y el Partido Popular se lo está poniendo a huevo", engarza. La docente insiste en que cualquier servicio externo debería ser municipalizado o gestionado públicamente.

En cuanto a la supuesta mejora del rendimiento académico del alumnado, la profesora luce escéptica. "A menores de entre tres y 12 años les decimos que a las 12.00 tienen que parar, comer y luego regresar para volver a activar su sistema nervioso y su cerebro, y mantenerse activos y atentos durante dos horas más. No tiene sentido desde el punto de vista pedagógico", valora. También apunta a la conciliación familiar, que considera "escasa": "Muchos alumnos terminan sus extraescolares a las 17.00 o 18.00 de la tarde y apenas pasan tiempo con sus familias. No piensan en el alumnado y sus necesidades cognitivas, sociales y familiares".
Sandra Blázquez, docente en Madrid: "No piensan en el alumnado y sus necesidades cognitivas, sociales y familiares"
La docente también denuncia la falta de participación del profesorado en la decisión de la administración: "Estamos indignados. Esto se ha firmado a nuestras espaldas, nadie nos ha preguntado si era lo que queríamos. Además, lo han comunicado en fechas en las que saben que estamos de vacaciones y no tenemos capacidad de maniobra. Es un ataque a nuestras condiciones de trabajo y a las condiciones de aprendizaje del alumnado". Para Blázquez, la imposición de la jornada partida forma parte de la estrategia privatizadora de Ayuso, sumada a la infrafinanciación crónica de la educación pública. "Estamos en la cresta de la ola de esta política. Es muy descarado cómo el gobierno del PP intenta desmantelar todo lo que tenga el apellido público. Esto es una guerra abierta contra los docentes y contra todo lo que sea público", zanja.
¿Flexibilidad para familias o recorte de derechos?
La medida de Ayuso también ha encontrado reticencias entre los sindicatos del ámbito educativo. CCOO, ANPE, CSIF y UGT están estudiando presentar recursos judiciales contra la nueva normativa, alegando la falta de negociación y su impacto negativo tanto en la organización pedagógica como en las condiciones laborales del profesorado. Aida San Millán, secretaria general de CCOO, critica la ausencia de informes sólidos que respalden la medida y defiende la necesidad de respetar la autonomía y diversidad de cada centro, recordando que "las necesidades de desplazamiento y laborales de una familia en un municipio como Chinchón no son comparables con las de un distrito urbano como Chamartín". Para el sindicato, la norma responde a una estrategia de conciliación que convierte los colegios en "meros espacios de custodia".
ANPE tacha el decreto de "despropósito normativo que atenta contra la participación democrática real de las comunidades educativas, el respeto al trabajo docente y la autonomía pedagógica de los centros". También reprochan que la norma permita que una minoría de familias imponga cambios de jornada frente al criterio del claustro. Para Miguel Ángel González, presidente de CSIF Educación Madrid, la propuesta "carece de fundamentación pedagógica y perjudica directamente las condiciones laborales", y critica la modificación de las mayorías necesarias para aprobar cambios de jornada. "Antes se requería el 66% del censo de padres; ahora basta una mayoría simple con baja participación. No puede ser que cuatro o cinco padres tengan más poder que 150", deja caer.
Javier Becerra, secretario Enseñanza UGT: "La sanidad y la educación públicas no entran en los planes de futuro de Ayuso"
Por su parte, Javier Becerra, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, denuncia que "la normativa profundiza en el deterioro de los derechos laborales del profesorado" y que el Ejecutivo regional los trata como "una pieza prescindible". Además, reprocha que el hecho de que no se especifiquen los recursos económicos y humanos necesarios para implementar el nuevo modelo evidencia, según él, que la sanidad y la educación públicas "no entran en los planes de futuro de Ayuso".
No obstante, también los hay que respaldan la jornada partida. Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos valoran positivamente la aprobación del decreto, considerándolo un paso a favor del "interés superior del menor" y de la "libertad de elección de los centros por parte de las familias". Carmen Morillas, presidenta de la entidad, realza que en algunas zonas de la región no existía oferta de colegios con jornada partida y que la nueva norma "flexibiliza el sistema, otorgando mayor protagonismo a los progenitores en la decisión sobre la organización del horario escolar".
La ciencia pone en duda la tarde escolar
En medio de este debate, conviene poner sobre la mesa la evidencia científica que analiza los efectos sobre el aprendizaje y la salud del profesorado. Un estudio publicado en Frontiers en 2021, con muestra de universitarios, describe el denominado "post-lunch dip", un periodo entre aproximadamente las 14.00 y las 16.00 en el que "se registra un descenso de la alerta y del rendimiento". Los autores señalan que la somnolencia y la capacidad de desempeño "empeoran si se pierde la siesta habitual", precisamente en las primeras horas de la tarde. De manera similar, una investigación de ScienceDirect en 2022 vuelve a definir este "post-lunch dip" como una caída temporal de alerta y rendimiento "ligada a los ritmos circadianos y a la presión homeostática del sueño".
Los profesores con jornada continua presentan menos fatiga física y mental que aquellos que trabajan en jornada partida, según un estudio
A esto se suma otro estudio de los investigadores Salvador Boix y Miguel Ángel Serrano, realizado con 76 docentes, que comparó a profesores que trabajaban en jornada continua frente a los de jornada partida. La investigación no encontró diferencias significativas en términos de tensión laboral, burnout, autoeficacia o satisfacción, pero sí detectó que quienes desempeñaban su labor en jornada continua reportaban menos fatiga física y mental, "así como un estado de ánimo más estable y positivo" que aquellos en jornada partida.
Cómo varía la jornada escolar por comunidades
En España, la organización de la jornada escolar en Infantil y Primaria varía según la comunidad autónoma y, en muchos casos, se decide a nivel de cada centro mediante procedimientos regulados que incluyen consejo escolar, claustro, votación o autorización administrativa. Sin embargo, según ha podido comprobar Público, algunas comunidades, además de Madrid, establecen modalidades concretas como norma general. Euskadi y Cantabria regulan horarios que contemplan sesiones de mañana y tarde, aunque con cierta flexibilidad en determinados periodos.
Otras regiones permiten que los centros elijan o modifiquen su jornada: Navarra, País Valencià, Andalucía y Galicia cuentan con procedimientos oficiales para adoptar jornadas partida, continua o flexible. Por el contrario, en Castilla y León y Extremadura la normativa favorece la jornada continua en la mayoría de los centros. Asimismo, hay comunidades donde coexisten ambas modalidades y se deja margen de decisión a los centros, como Murcia, Catalunya, Aragón, Asturias e Illes Balears, que regulan la organización del horario sin imponer un modelo único. Del resto de regiones, no se ha encontrado información al respecto.
Público ha contactado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para solicitar aclaraciones sobre la medida de implantación de la jornada partida. Entre las cuestiones planteadas se incluye qué informes técnicos o estudios respaldan la afirmación de que mejora el rendimiento académico del alumnado y por qué la Consejería decidió modificar el modelo de jornada sin haber negociado previamente con los representantes del personal docente.
También este periódico cuestionó qué recursos económicos y humanos específicos prevé aportar la administración para implementar la jornada partida, especialmente en servicios como comedor, actividades de mediodía, refuerzos educativos y personal docente; cómo se garantizará que la implantación de la jornada partida no suponga una sobrecarga para los centros ni para el profesorado. Y también, en un contexto en el que la mayoría de comunidades autónomas permite que cada centro decida su jornada escolar mediante procedimientos regulados y donde en Madrid ya convivían colegios con jornada continua y partida, por qué ahora la administración ha optado por limitar esa capacidad de decisión y alinearse con un único modelo. La administración, por su parte, no ha ofrecido respuestas concretas a las preguntas planteadas y se ha limitado a remitir tres notas de prensa ya publicadas.

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