Hostigamiento, rechazo, respeto y libertad de expresión. Cuatro palabras. Resumen el sentir de más de un centenar asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Gritan "basta". Basta por la "censura". También por la "represión". Este jueves se unieron para firmar una denuncia pública. Son más de 100, pero el listado crece por minutos. Señalan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a la Consejería de Educación.

Según ha revelado a Público Carlos Díez, profesor de plataforma Marea Palestina. Educación contra el genocidio, al menos una decena de centros en Madrid han recibido órdenes para retirar símbolos en solidaridad con Gaza. También para cancelar actividades relacionadas con el genocidio. Les han comunicado las prohibiciones por teléfono y con visitas presenciales. Nunca por escrito. 

La Consejería lo negó, pero Ayuso mostró abiertamente su rechazo al "adoctrinamiento en las aulas" y aseguró que "al final se va a conseguir que la bandera palestina se vea como algo negativo, si se politiza todo". Cabe recordar que en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, impulsó un "fin de curso solidario" en colegios públicos y concertados.

Ahora también en defensa de la libertad de expresión

Daniel Méndez es presidente de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio público Nuestra Señora de la Paloma. En noviembre de 2023 formaron una comisión por Gaza. Desde entonces, no han dejado de impulsar gestos simbólicos y acciones reivindicativas en apoyo al pueblo palestino. A lo largo de estos meses, han organizado meriendas con sandía —convertida en un símbolo de resistencia—, barcos de papel con banderas y mensajes de solidaridad. Incluso, en el primer día de clase, animaron a las familias a acudir vestidas con los colores de la bandera palestina.

Daniel Méndez, presidente de la AFA de un colegio de Madrid: "Las familias nos estamos organizando para denunciar este intento de manipulación"

"Nos mueve la certeza de que educar en valores democráticos y en derechos humanos también significa alzar la voz frente a la injusticia. La educación, claro que es política", sostiene Méndez. Cuenta que en el grupo de WhatsApp de las familias del colegio la imagen de perfil es un cartel que recuerda a los 4.000 niños y niñas asesinados en Gaza. "Las familias no nos vamos a quedar calladas", insiste. "Desde nuestro centro y desde muchos otros de Madrid nos estamos organizando para denunciar este nuevo intento de manipulación y censura por parte de quienes se niegan a reconocer que lo que está ocurriendo es un genocidio".

Patricia Campelo es miembro del AFA del CEIP Perú. En su centro la movilización arrancó hace dos años. "La comunidad educativa no puede permanecer indiferente ante un genocidio que deja tras de sí una cifra insoportable de víctimas", recalca en una conversación con Público. Para ella, el compromiso es irrenunciable: "Educar en valores, en derechos humanos y en solidaridad no es opcional. Es nuestra responsabilidad, y la vamos a seguir ejerciendo". "Muchos colegios de Madrid estamos alzando la voz contra el genocidio en Gaza y, ahora también, en defensa de la libertad de expresión".

Isabel Galvín, profesora en la Complutense: "No me cabe duda de que se sumarán a la denuncia muchas más familias"

Por su parte, Isabel Galvín, profesora de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad Complutense, opina que "es lógico y coherente que las familias salgan en defensa del proyecto educativo que han elegido para sus hijos e hijas, un proyecto que en muchos casos ha supuesto un enorme esfuerzo conseguir por la falta de plazas". Recuerda que "un centro educativo es una comunidad que comparte un mismo objetivo": "Sacar adelante un proyecto pedagógico que forme a la ciudadanía del futuro". Por eso, insiste, resulta inaceptable cualquier injerencia externa: "Se rechaza la intromisión del Gobierno regional, se rechaza que se vulnere la autonomía de los centros y también que se ponga en riesgo una educación integral". "Las familias están dando un paso al frente, y no me cabe duda de que pronto serán muchas más las que se sumen".

Al margen de la ley 

"Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es un principio básico de nuestro sistema democrático", recriminan las organizaciones. Por eso, reivindican que "respaldarán e impulsarán todas aquellas iniciativas —dentro y fuera de los centros— que sirvan para alzar la voz contra el genocidio". Desde Marea recuerdan que su postura no solo es ética, sino también legal. "La Constitución Española, en su artículo 20, garantiza la libertad de expresión", y que su limitación "solo puede hacerse por ley, con motivos legítimos y medidas proporcionadas". Añaden que "el artículo 27 consagra el derecho a la educación y la transmisión de valores democráticos, de paz y respeto a los derechos humanos". Y van más allá: "La LOMLOE, en su artículo 2, fija como fines de la educación la formación para la paz, la cohesión social y la solidaridad entre los pueblos".

Los profesores de Marea Palestina se volverán a encerrar en un centro público de Madrid para exigir al Gobierno el embargo de armas a Israel

Pese a las presiones del Gobierno de Ayuso, no piensan dar un paso atrás. Este miércoles anunciaron que volverán a encerrarse en un centro público de la región, igual que hicieron hace unas semanas. ¿La razón? Su principal demanda sigue sin respuesta: el Decreto para frenar el embargo de armas a Israel no fue incluido en el orden del día del último Consejo de Ministros.