Casi tres millones de mujeres han sufrido violencia económica por parte de su pareja
La prevalencia de la violencia económica sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años alcanzaría el 13,5%, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024.
La violencia económica de género consiste en una serie de "comportamientos que controlan la capacidad" de manejar recursos de una víctima, amenazando su "autosuficiencia".
Por primera vez, la macroencuesta incluye datos sobre impago de pensiones alimenticias y su impacto.

Madrid--Actualizado a
El 11,7% de las mujeres ha sufrido violencia económica en el ámbito de la pareja en algún momento de su vida. Así lo recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles y presentada por el Ministerio de Igualdad. Es la séptima encuesta de este tipo que se ha realizado hasta la fecha. En esta ocasión, se ha elaborado a partir 11.894 entrevistas, un 24,3% más que en la macroencuesta anterior, fechada en 2019.
Entre las múltiples formas que adopta la violencia de género, "la violencia física, la psicológica y la sexual han sido ampliamente estudiadas; pero la violencia económica es una de las menos investigadas", reconoce un estudio coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por RED 2 RED en 2021. Se trata de una serie de "comportamientos que controlan la capacidad de adquirir, usar y mantener recursos de una víctima, amenazando su seguridad económica y su potencial de autosuficiencia". Es decir, tiene lugar cuando el abusador obtiene control total de este ámbito.
La macroencuesta estima que, si se calcula el porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja, "la prevalencia de la violencia económica a lo largo de la vida" se elevaría al 12,8%. Mientras que el 5% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad (rondan las 679.881) afirma haber sufrido violencia económica de esta pareja y, entre las mujeres que han tenido parejas en el pasado, el 15,6% (1.926.247) la han padecido por parte de alguna de estas.
La monitorización y fiscalización de las mujeres que sufren violencia económica se extiende a todos los ámbitos de sus vidas, si bien "la situación que se ha dado más frecuentemente (mencionada por el 7,5% de las mujeres que han tenido pareja alguna vez) es el control excesivo de los gastos de la mujer". Le siguen "el impedimento para tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las compras de forma independiente" (con el 6,8%) y el hecho de que la pareja se haya negado "a darles dinero para los gastos del hogar cuando la pareja tenía dinero para otras cosas" (mencionado el 5,1% de las veces.
El 3,8% "mencionan que la pareja ha usado el dinero o la tarjeta de crédito de la mujer o ha pedido préstamos a su nombre sin su consentimiento, y el 2,9% comentan que la pareja les ha impedido tener acceso a una cuenta bancaria". Llama la atención, a su vez, que el 3,8% alega que "la pareja no las ha dejado trabajar o estudiar fuera del hogar". Para variar, "el 98,6% de las mujeres que han sufrido violencia económica de parejas pasadas, la han sufrido de un agresor hombre, mientras que el 0,8% la han sufrido de una agresora mujer". Una diferencia por razón de sexo, de nuevo, abismal, donde "las mujeres en situación de desempleo (19,5%) son las que mayor prevalencia muestran".
Las diferencias en la violencia económica según los ingresos de las mujeres no siguen un patrón uniforme. Cuando se trata de exparejas, la prevalencia disminuye a medida que aumentan los ingresos propios, pero en las relaciones actuales apenas existen variaciones: tanto las mujeres que perciben menos de 900 euros al mes como las que superan los 3.000 euros sufren este tipo de violencia en porcentajes muy similares. Donde sí se observa una tendencia más marcada es en los ingresos familiares: el 24,5% de las mujeres que viven en hogares con menos de 900 euros al mes han padecido violencia económica, frente al 14% de quienes se sitúan entre los 900 y los 3.000 euros, y al 9,4% de quienes superan ese umbral.
La edad a la que se contrae el primer matrimonio también influye. Las mujeres que se casaron antes de los 18 años presentan el mayor porcentaje de violencia económica (25,9%), cifra que se reduce prácticamente a la mitad entre quienes se casaron a partir de los 18 años. Además, convivir con menores en el hogar supone un mayor riesgo: un 16,6% de las mujeres en esta situación afirma haber sufrido violencia económica de alguna pareja, frente al 11,1% de quienes no tienen menores a su cargo. Esto se explica porque se trata de una violencia que, como no puede ser de otro modo, también se extiende a ellos y ellas.
El impago de la pensión a los hijos también es violencia
Por primera vez, además, la macroencuesta incluye datos sobre impago de pensiones alimenticias como una forma de violencia económica. El 11% de las mujeres con hijos e hijas que han tenido parejas anteriores reconoce haber sufrido al menos un impago, lo que supone más de 850.000 mujeres en España.
Si se incorpora esta variable al cómputo oficial, la prevalencia de violencia económica por parte de exparejas subiría del 15,6% al 18,7%, lo que afectaría a más de 2,3 millones de mujeres en el país. En el mismo sentido, "la prevalencia de la violencia económica sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años alcanzaría el 13,5% (2.874.809 mujeres) frente al 11,7% (2.488.962 mujeres)" estimado sin considerar esta cuestión.
A pesar de su alcance, la violencia económica no está reconocida como un delito independiente en el Código Penal español, lo que dificulta su detección e intervención. Sí lo está, sin embargo, el impago de pensiones alimenticias, tipificado en el artículo 227.
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género amplía esta perspectiva y subraya especialmente que la violencia económica no se reduce al impago de pensiones, sino que incluye otros delitos como el alzamiento de bienes, las estafas o la apropiación indebida. La definición se centra en restringir o suprimir el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia o propios, y en limitar su capacidad de mantenerse a sí mismas y a sus hijos e hijas. Para blindar esto, sería necesaria la reforma del artículo 227 del Código Penal, a fin de incorporar agravantes cuando el impago comprometa necesidades básicas o incluso provoque la pérdida de la vivienda, situación que puede derivar en desahucios.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.
En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer. Así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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