La política educativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha traspasado todas las líneas rojas: la Comunidad de Madrid está ejecutando, con precisión y sin complejos, un proceso sistemático de desmantelamiento de la educación pública. Y lo hace con una mezcla explosiva de propaganda, datos manipulados y decisiones que favorecen de manera directa a los intereses privados. No es una exageración: es un diagnóstico respaldado por cifras, hechos y consecuencias visibles en las aulas.

Primera bajada de alumnado… y recortes públicos

Por primera vez en 25 años, el número de alumnos desciende en Madrid. Podría ser la gran oportunidad para mejorar la calidad educativa: bajar ratios, modernizar infraestructuras, reducir la sobrecarga docente. Pero la respuesta ha sido cerrar más de 300 aulas públicas desde 2018, mientras se abren unidades privadas incluso en etapas donde cae la demanda.

Lejos de planificar, el Gobierno regional debilita lo público para reforzar lo privado, como parte de una estrategia de transferencia encubierta de recursos públicos hacia intereses empresariales del sector educativo.

Ratios insostenibles, promesas infladas

Madrid lidera las peores cifras del país en ratios alumnado/aula en etapas clave como Infantil, Primaria o FP Básica. A pesar de ello, la comunidad es también la que menos profesorado asigna por grupo en la escuela pública. ¿Y la solución de la Consejería? Anunciar la incorporación de 2.725 nuevos docentes. Falso.

Los propios presupuestos regionales y los datos del Ministerio demuestran que la mayor parte de esas plazas están financiadas por el Estado. Además, las cifras reales revelan que sólo 1.394 docentes se incorporarán a Secundaria, cuando se necesitan 1.637 solo para cubrir los nuevos grupos creados. ¿La diferencia? Manipulación y puro marketing institucional.

El pacto con el profesorado: papel mojado

En un contexto de sobrecarga laboral y precariedad crónica, la Consejería firmó un acuerdo con los sindicatos para reducir el horario lectivo. El resultado ha sido una burla: más del 50 % del profesorado no notará ningún cambio, y en muchos casos, la hora “reducida” se sigue impartiendo. La trampa está servida.

La interinidad alcanza el 41 % del profesorado. En las oposiciones más recientes, el 36 % de las plazas de Secundaria quedaron sin cubrir (hasta el 69 % en Informática). Mientras tanto, los nuevos CEIPSO se sostienen con contratos parciales, itinerantes y sin continuidad. La desestabilización de las plantillas no es accidental: es estructural.

Formación Profesional: un negocio en manos privadas

Madrid es la única región europea donde la FP privada ha superado en alumnado a la pública. Lo ha hecho gracias a cheques-copago que financian centros privados, mientras se imponen tasas de 400 € a los estudiantes de FP pública. El 50,6 % del alumnado ya está en centros privados, frente al 49,4 % en públicos. ¿El objetivo? Garantizar el negocio de unos pocos, no la formación de calidad para todos.

Además, la explosión de la FP a distancia, en centros sin control ni supervisión de prácticas, pone en entredicho la validez formativa de muchas titulaciones y la empleabilidad del alumnado.

El alumnado vulnerable: invisibilizado y abandonado

El 8,3% del alumnado madrileño vive en situación de pobreza severa, según el INE. Por encima de la media estatal. Sin embargo, la Consejería sólo reconoce a una quinta parte. 84.000 niños y niñas desaparecen de las estadísticas oficiales. El 75 % de ellos están en centros públicos sin recursos ni apoyos específicos.

Esta ocultación deliberada niega el derecho a la equidad, consolida la segregación y expulsa al alumnado más vulnerable del sistema.

Alumnado extranjero: base del sistema, pero sin apoyo

Entre 2018 y 2024, el alumnado extranjero ha crecido en 59.000 estudiantes. Sin su presencia, se habrían cerrado decenas de unidades. Pero Madrid les da la espalda: tasas de abandono escolar temprano tres veces superiores a la media, peores resultados y menor acceso a la postobligatoria.

No hay suficientes Aulas de Enlace, ni orientación académica adecuada, ni refuerzo lingüístico. Y no es casualidad: es desinterés institucional por quienes no entran en la “fotografía electoral” de Ayuso.

Supresión del árabe: xenofobia disfrazada de gestión

En 2025, el Gobierno madrileño eliminó el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PCLAM), vigente desde hace tres décadas. Lo hizo sin datos, sin evaluación y en contra de familias y centros. ¿La razón? Satisfacer la agenda ideológica de Vox.

Este programa no costaba ni un euro a Madrid. Permitía mejorar el rendimiento, reducir el abandono y fomentar la inclusión. Su supresión sólo puede leerse como un gesto de desprecio institucional hacia la diversidad y la convivencia.

Madrid, a la cola en inversión

Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno: 5.146 € frente a los 6.392 € de media estatal. En centros públicos, la cifra cae a 6.039 € frente a los 7.384 € nacionales. Dedicamos un 1,68 % del PIB regional a la educación no universitaria. La media nacional es del 3,05 %.

No se trata solo de dinero: es una decisión política. La red pública acoge cada año a más alumnado con menos recursos, pero la inversión está por debajo de la de 2009 en euros corrientes, a pesar de haber más de 100.000 alumnos adicionales.

Digitalización: retroceso sin precedentes

Madrid ha prohibido el uso individual de dispositivos digitales en Infantil y Primaria en la red pública. Los concertados tienen dos años de moratoria. Y los privados, libertad total.

La Consejería confunde móviles con alfabetización digital. Mientras países como China, Estonia o Estados Unidos integran la IA en la enseñanza desde los seis años, Madrid retrocede a la pizarra de tiza.

La decisión es ideológica, no pedagógica. Se ignora la evidencia internacional y se condena al alumnado madrileño a una brecha digital aún mayor.

¿Qué está en juego?

Madrid no necesita propaganda ni medidas arbitrarias. Necesita una planificación rigurosa, una apuesta real por la equidad, y un respeto institucional al profesorado y al alumnado. Hoy, la educación pública no es prioridad para Ayuso: es un estorbo para su modelo de negocio.

Pero no todo está perdido. Hay propuestas claras, posibles y urgentes:

Invertir en infraestructuras y reducir ratios.

Estabilizar plantillas y respetar los acuerdos con los docentes.

Ampliar la red de FP pública y eliminar tasas.

Reforzar la atención al alumnado vulnerable y extranjero.

Apostar por una digitalización inclusiva y pedagógica.

Restituir programas de inclusión cultural.

Elevar la inversión educativa al nivel de la media nacional.

La educación pública madrileña no es de Ayuso ni del PP. Es de toda la ciudadanía. Es la base de la igualdad, del progreso y de la democracia. Y merece ser defendida con hechos, no con promesas vacías ni cifras manipuladas.