El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha descartado acumular en una sola causa las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, cuando 7.291 personas murieron sin ser derivadas a un hospital. En un auto adelantado por Europa Press y al que ha tenido acceso Público, el tribunal ha rechazado unificar siete procedimientos remitidos por otros tantos juzgados de la Comunidad de Madrid. Es muy probable que sea la Audiencia Provincial quien finalmente tenga que decidir quién es el órgano competente para realizar la investigación.

La jueza ha respondido así a la petición de inhibición planteada por Francisco Javier Martínez Peromingo, ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Peromingo reclamó que las causas abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Leganés, el nº 2 de Navalcarnero y el nº 2 de Collado-Villalba se acumularan en el Juzgado 3 de Madrid. Después, otros cuatro juzgados de la región se sumaron a esa solicitud.

Peromingo estaba citado a declarar como imputado en Leganés junto a otros dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileño, el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y el exdirector gerente del SUMMA 112 Pablo Busca. Sin embargo, Mur defendió la postura opuesta: que los procedimientos se mantuvieran en sus respectivos juzgados y no se acumularan en el Juzgado 3 de Madrid. Las familias de las víctimas, por su parte, coincidieron con Peromingo y solicitaron que todas las causas se centralizaran en ese juzgado.

En su auto, la magistrada fundamenta la negativa a la acumulación destacando que los procedimientos no comparten un mismo objeto procesal. Aunque en tres de ellos figuran las mismas personas como investigadas, precisa que cada causa está vinculada a "una víctima distinta, con contextos asistenciales no coincidentes". Además, subraya que los posibles responsables varían en cada caso: "Geriatras, facultativos, directores, personal sanitario, etc., no serán los mismos".

La magistrada fundamenta su negativa destacando que los procedimientos no comparten un mismo objeto procesal

Por este motivo, la jueza sostiene que, para valorar si pudo existir la infracción contemplada en el artículo 511 del Código Penal —que sanciona la denegación discriminatoria de una prestación—, es necesario analizar cada caso de forma individual. En concreto, "habrá que comprobar si cada víctima recibió, o no, en la residencia en la que vivía, la atención sanitaria adecuada a sus necesidades específicas —edad, enfermedades, diagnósticos y demás circunstancias particulares—".

"Todo lo relativo a ese contexto es lo que ha de constituir el objeto de investigación en cada caso, lo que servirá para determinar si cada afectado fue discriminado por denegación de asistencia sanitaria, y lo que habrá de tenerse en cuenta para valorar si la decisión adoptada en el caso concreto fue justa o injusta. De ahí que se considere procedente la instrucción diferenciada, y que no se acceda a la acumulación de procedimientos pretendida", incide.

Contra la decisión de la jueza cabe presentar recurso de reforma, que resolvería ella misma, o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya sea de forma directa o subsidiaria.

"Una patata caliente que nadie quiere que le estalle en las manos"

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas de los llamados protocolos de la vergüenza, ha manifestado a Público su decepción tras conocer la decisión judicial. "Esto es como una patata caliente que nadie quiere que le estalle en las manos y que prefieren repartir", afirma. 

Carmen López, Marea de Residencias: "No se ha hecho una investigación prospectiva, solo se ha cubierto un expediente con ganas de cerrarlo"

López adelanta que deberán reunirse con los abogados para valorar la resolución, pero subraya que lo esencial es que haya justicia: "Se concentren en un juzgado o se repartan en varios, lo que realmente importa es que finalmente se haga justicia. Que no se acumulen es una lástima, porque podría ser beneficioso para todos, pero lo fundamental es que la justicia actúe. Los protocolos de la vergüenza marcaron un antes y un después en la historia de la democracia y no se puede pasar página sin haberla leído". También cuestiona la investigación realizada hasta ahora: "No se ha hecho una investigación prospectiva, solo se ha cubierto un expediente muy básico con ganas de cerrarlo". Sobre los próximos pasos, señala: "Ni siquiera sabemos si esto llegará a la Audiencia Provincial, si se va a recurrir o no. Entendemos que Peromingo lo hará".

María Jesús Valero, Asociación 7.291 Verdad y Justicia: "Quizá esto suponga un retraso, pero lo esencial es que se siga investigando"

Por su parte, María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, transmite un mensaje de serenidad tras la resolución. En declaraciones a Público explica: "Respetamos la decisión de la jueza, es un trámite meramente procesal que no debería influir en nuestras denuncias. Lo que queremos es que todo siga adelante". Insiste en la importancia de no dejar en el olvido lo ocurrido: "Es fundamental que se tomen cartas de una vez y que el proceso continúe. Esta resolución es solo un paso más dentro del procedimiento, ahora serán varios juzgados los que lo aborden". Advierte, sin embargo, del riesgo de que el proceso se ralentice: "Me lo esperaba porque son muchas denuncias abiertas. Quizá esto suponga un retraso, pero lo esencial es que no se pierda la esencia, que se siga investigando y que el foco no se desvíe".