Ha pasado un año. Para Carmen López y María Jesús Valero el tiempo sigue sin curar la herida. El 10 de octubre de 2024 interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la primera macrodenuncia contra los exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negar atención sanitaria a miles de mayores durante los meses más trágicos de la pandemia. Hoy, un año después, el balance que hacen las familias de las víctimas refleja "agotamiento" y "esperanza".

"Esperanza" porque este viernes el equipo jurídico que les representa ha confirmado que los exresponsables del Ejecutivo madrileño están ya imputados en ocho procedimientos judiciales distintos. "Está siendo un camino durísimo", resume Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, en una rueda de prensa a la que ha asistido Público. Recuerda la "resiliencia y determinación" con la que las familias han sostenido esta batalla judicial y moral. 

"Tenemos muy claro que no vamos a dejar de perseguir justicia, por muy difícil que nos lo pongan. Aquellas 7.291 víctimas —sabemos que fueron muchas más— merecen una respuesta". Recrimina que la impunidad ha dejado las residencias igual de desprotegidas que entonces. "Al no haber responsables, nadie se preocupa. Si volviera una pandemia, volvería a pasar lo mismo, quizás peor", lamenta. La indignación se mezcla con el cansancio. "Seguimos sin entender cómo las instituciones pueden mirar hacia otro lado. Es la mayor vulneración de derechos que ha ocurrido en democracia, y parece que no pasa nada. Esa cifra esconde el dolor de miles de familias y la vergüenza de una sociedad que no quiso reaccionar ante una barbarie que nos perseguirá en la historia", sentencia. 

Carmen López, Marea de Residencias: "7.291 esconde la vergüenza de una sociedad que no reaccionó ante una barbarie que nos perseguirá"

Para María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, la imputación de los exaltos cargos es "un paso crucial", aunque insuficiente. "Parece que se quiere pasar página sin resolver nada. La imputación abre un camino, pero seguimos con la desesperanza a cuestas", afirma. E insiste en el "gran desprecio institucional" que sienten las familias: "Después de seis años y siete meses, ver esto impune demuestra el abandono de la Comunidad de Madrid. Las víctimas fueron discriminadas, y ahora lo somos también los familiares". Valero confiesa el riesgo que más temen: "La prescripción pende como una espada sobre nuestras cabezas, y la desidia de algunos jueces no ayuda. Pero no vamos a parar".

Por el momento, ninguno de los exaltos cargos ha prestado aún declaración en los procedimientos abiertos. Las vistas se han ido posponiendo por diversos motivos: desde la falta de acceso previo a la causa alegada por sus defensas hasta los conflictos de competencia entre juzgados. Más de una decena de tribunales se han inhibido en favor del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, el primero que abrió diligencias, pero este ha rechazado asumir la acumulación de todas las causas. 

María Jesús Valero, 7.291: Verdad y Justicia: "En Madrid las víctimas fueron discriminadas, y ahora lo somos también los familiares"

La decisión final está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar si los distintos procedimientos deben unificarse —como reclaman las familias denunciantes, la Fiscalía y uno de los dos firmantes del protocolo de la vergüenza, Francisco Javier Martínez Peromingo— o si deben continuar tramitándose por separado, tal y como sostiene la jueza del Juzgado nº 3 y la defensa del otro ideólogo de las directrices, Carlos Mur de Víu.