Acusan a la Xunta de falsear a la baja las muertes por covid en las residencias durante la gestión de Feijóo

La Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Maiores e Dependentes (REDE) acusa a la Xunta de Galicia de falsear a la baja los datos de personas fallecidas en esos centros durante los nueve primeros meses de la pandemia de covid bajo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

La Consellería de Política Social, que hasta ahora se había negado a proporcionar información alguna sobre la mortalidad en cada uno de los centros de mayores de Galicia durante la pandemia, asegura que entre marzo y noviembre de 2020 murieron en las residencias 509 personas. REDE asegura que a través de fuentes oficiales y de testigos directos tiene confirmados un mínimo de 567 fallecimientos, que podrían ser muchos más dado que, en opinión de sus portavoces, la Xunta sigue falseando y ocultando  información. 

El pasado martes, el diario digital Praza Pública publicó un documento con la distribución de muertes en cada residencia, firmado por el director xeral de Maiores e Atención Socio sanitaria, Antonio Acevedo Prado. La Xunta lo envió casi dos años después de que el diario pidiera esos datos, obligada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó varios recursos de la empresa Domusvi. Es decir, la que acumula más de la mitad de los fallecimientos en residencias de Galicia y cuya consejera delegada en Galicia, Josefa Isabel Fernández Miguélez, fue cesada en XX de XX.

REDE cree que la Xunta "cercena y manipula de forma interesada los datos" porque sólo evalúa las muertes certificadas por covid, sin tomar en consideración aquellos casos que se presumían causados por el virus por los síntomas de los afectados aunque no se les había hecho la preceptiva prueba diagnóstica. "Esta manipulación restrictiva o limitadora de los datos va contra lo establecido por la Organización Mundial de la Salud", que en junio del 2020 solicitó a todos los gobiernos que reconocieran como muertes por covid "tanto los casos confirmados como los sospechosos".

REDE asegura disponer de documentos de la propia Xunta y de testimonios directos de trabajadores, usuarios y familiares de que las muertes por covid fueron más de los que reconoce la Xunta en al menos cinco centros: en Domusvi Barreiro, en Vigo, habrían sido 47, y no 32; en Domusvi San Lázaro, en Santiago, 53 y no 41; en Domusvi Aldán-Cangas, también en la provincia de Pontevedra, 38 y no 30; en la residencia de San Carlos, propiedad de la fundación católica San Rosendo, en Celanova (Ourense) propiedad del Obispado de esa ciudad, serían 11, y no nueve, y en la residencia de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, 35 muertos y no 24 como asegura la Xunta.

Precisamente, REDE recuerda que la cifra de 35 decesos por covid en la residencia de Salvaterra figura en una información oficial de la Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia de la Consellería de Política Social elaborado en 2021 en respuesta a la familia de una de las víctimas. Público ha tenido acceso a ese documento, que certifica la veracidad de la versión de la asociación.

Los familiares y usuarios de las residencias cusan al director xeral de Maiores, Antonio Acevedo, de restringir la información sobre fallecidos por covid, tanto entre los residentes como entre las plantillas de los centros, y de haber puesto a Galicia "en la cola de transparencia informativa en el Estado español".

La Consellería de Política Social está dirigida por Fabiola García, licenciada en Derecho de 37 años y casada con Lucas Martinón, una de las personas más relevantes del círculo más cercano a Feijóo y quien fue director adjunto de la campaña electoral que le dio su primera mayoría absoluta; jefe de prensa del presidente y posteriormente director xeral de Comunicación de la Xunta. Desde finales de 2020 es consultor independiente de estrategia y comunicación.

Público se ha dirigido a la Consellería de Política Social para interesarse sobre la valoración que hace el departamento de Fabiola García sobre la acusación de las familias de las víctimas fallecidas en las residencias gallegas. Fuentes de Política Social se comprometieron a ofrecer una respuesta que al cierre de este artículo todavía no había llegado.